Luego de 21 días de paro, los sindicatos aceiteros levantaron la protesta en los puertos
Fue a partir de un acuerdo salarial arribado con las agroexportadoras.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y los sindicatos vinculados a la actividad aceitera llegaron este martes a un acuerdo salarial –tras 21 días de paro–, en una reunión realizada en el Ministerio de Trabajo de la Nación. De esta manera se logró el levantamiento de las medidas de fuerza que paralizó terminales portuarias y el complejo agroindustrial. La medida tenía a más de 170 barcos a la espera de poder cargar granos y subproductos oleaginosos por un volumen de 4,6 millones de toneladas.
El paro portuario, peor que la sequía
“Se privilegió la paz social como objetivo empresarial, en virtud de las consecuencias económicas para la industria, la comunidad, los mismos trabajadores y la Nación, además de que la Argentina pasó a ser un proveedor poco confiable a nivel internacional. Adicionalmente, la metodología aplicada de la toma de plantas en algunas zonas portuarias resultó una acción ilegal y peligrosa”, se quejó la cámara que agrupa a las principales compañías del complejo oleaginoso nacional. Por los gremios acordaron la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA). Nuevos salarios Según informó Ciara, el acuerdo alcanzado consiste en un 35 por ciento de aumento salarial en 2020, un bono anual igual al salario del 2020 que incluye el aumento del 35 por ciento sobre 2019, un bono pandemia excepcional de 90.000 pesos en 9 cuotas para los que trabajaron durante la Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (aspo), un ajuste salarial para 2021 de 25 por ciento en dos tramos y revisión salarial en agosto con aplicación del índice de precios al consumidor para culminar 2021. La cámara instó a que el esfuerzo económico conduzca al trabajo mancomunado y sin conflictos que desemboquen en una merma importante de competitividad con penalizaciones por incumplimientos y pérdida de mercados, así como exportaciones con menor agregado nacional. “Cada punto de participación cedido a los países competidores exportadores, significa un impacto negativo en toda la economía argentina, con mayores restricciones para los sectores más necesitados en un contexto de recesión”, concluyó.
