Acusado de corrupción, seguirá preso Patricio Serjal, ex fiscal regional
En una audiencia virtual, el fiscal Luis Schiappa Pietra informó que en los últimos tres años se identificó un incremento en el patrimonio de Serjal de 2 millones de pesos.
En la tarde de este lunes se realizó virtualmente la audiencia de revisión de medida cautelar al exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal -quien está acusado por hechos de corrupción- donde se dispuso la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de 90 días, con lo que el imputado continuará privado de su libertad hasta febrero de 2021.
En audiencia la Fiscalía solicitó la prórroga de la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, mientras que la defensa del imputado solicitó la libertad y subsidiariamente la morigeración a la modalidad domiciliaria. En tanto, la Jueza de Primera Instancia, Eleonora Verón tuvo por formalizada la audiencia y dictó la prórroga de prisión preventiva efectiva hasta el 2 de febrero del año próximo.
Uno de los fiscales del caso, Luis Schiappa Pietra, indicó: “En la audiencia evaluamos lo que se hizo en estos 90 días y cómo seguimos. A partir de la investigación que estamos llevando a cabo hubo avances, se analizó la situación patrimonial de Serjal e identificamos un incremento patrimonial desde el 2017 hasta ahora de 2 millones de pesos y además un desfasaje financiero”.
En este sentido, destacó que como Serjal está acusado de delitos relacionados a la corrupción, estos son números que “importan a la investigación, no para cerrar el tema sino para avanzar”.
Finalmente, el fiscal indicó que la imputación de Serjal dio cuenta de un “fenómeno criminal más grande” relacionado al juego ilegal, donde se habla de una presunta recaudación de 1.100 millones de pesos mensuales.
El pasado 11 de agosto se realizó la audiencia imputativa al exfiscal regional, donde se lo acusó de haber incurrido en diversos delitos contra la administración pública y se le dictó la prisión preventiva.
En este sentido, se lo acusó por haber diseñado y ejecutado –junto al fiscal Gustavo Ponce Asahad – un plan para recibir dinero de Leonardo Peiti y a cambio brindarle información reservada y no investigar hechos que podrían ser delictivos o interferir en las investigaciones en curso, para que no prosperen imputaciones contra él.
De esta forma, tanto Serjal como Ponce Asahad incumplieron con sus funciones y realizaron acciones que no se correspondían con los deberes a su cargo y la función que ostentaban.
Ambos funcionarios del Ministerio Público de la Acusación obstaculizaron la investigación por juego clandestino que llevaba adelante el fiscal de Melincué, Matías Merlo, y por la cual Peiti y otras personas estaban imputados. Para esto, Serjal y Ponce Asahad informaron al imputado la existencia de dicha investigación y la solicitud de allanamientos, lo que motivó que Merlo desista de su realización a consecuencia de esa filtración de información.
Además, un empleado de Serjal creó un legajo sobre juegos de azar y asignó por fuera de la reglamentación vigente a Ponce Asahad como fiscal a cargo, con el fin de interferir en los allanamientos que estaba por realizar Merlo. Esto les permitió justificar el acceso a información vinculada a las investigaciones.
A sabiendas que Peiti era víctima de hechos violentos contra su persona, Serjal y Ponce Asahad omitieron promover la persecución penal contra los posibles autores. Para ello, se reunieron con una fiscal que se encontraba a cargo de la tramitación de una causa por haber recibido la consulta en el turno de Flagrancia, y le dieron indicaciones precisas de no realizar medidas de investigación, y que no cite a la víctima afirmando que se había comunicado con el abogado de la misma y éste le había informado que estaba fuera de la ciudad.
Finalmente, se le adjudicó a Serjal un viaje a Buenos Aires en noviembre del 2019, donde se estima que se encontró con Peiti. Este viaje tuvo fines exclusivamente recreativos y se realizó en días laborables, en ese momento se trasladó en el vehículo oficial Toyota Corolla conducido por el chofer oficial asignado para el cumplimiento de sus funciones, habiendo solicitado a la Dirección de Administración de Economía y Finanzas de la Fiscalía General el reintegro de gastos de dos tickets de carga de combustible por la suma de $2.780 y $2.923.
Por todo esto, a Patricio Serjal se lo acusa por los delitos de Cohecho pasivo agravado en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados en carácter de coautor y en grado consumado; Cohecho pasivo agravado en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con y falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público en carácter de coautor y en grado consumado; Omisión de persecución en carácter de coautor y en grado consumado; y Peculado de servicios en carácter de autor y consumado.
