«Las imputaciones a los fiscales muestran a la corrupción invadiendo las instituciones»: El comunicado de dirigentes históricos del peronismo
Un grupo de referentes históricos del justicialismo santafesino encabezados por el periodista, Daniel Aleart, emitió un contundente documento sobre la situación que vive la Justicia provincial en el marco de fuertes acusaciones que vinculan a funcionarios de la misma con el delito.
A continuación, Cuna de la Noticia reproducirá el comunicado en cuestión.
En los últimos días la opinión pública se ha visto sacudida por la imputación de graves hechos de corrupción de la que serían responsables un fiscal de grado y el Fiscal Regional de Rosario, del Ministerio Público de la Acusación.
La gravedad de las imputaciones que, en principio parecen probadas, merecen nuestro más enérgico repudio dado que, nos muestran la corrupción invadiendo el ámbito institucional desde el cual la misma debería ser perseguida y sancionada.
Si bien es cierto que merece destacarse la actuación de las fiscales que, con valentía y sin detenerse por compromisos corporativos, están llevando el procedimiento contra quienes fueron sus colegas, sería un grave error pensar que el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, desde su más alto nivel, está libre de responsabilidades en este y otros hechos anteriores. Como declaró el Ministro de Gobierno de la Provincia, las “alarmas tempranas” no
funcionaron.
No atacamos al sistema acusatorio y de juicio oral y público. Es más, el actual Código Procesal Penal que estableció el nuevo sistema, fue sancionado por ley 12.734, por iniciativa del Gobernador Jorge Obeid, en los últimos meses de su gestión y luego de muchos meses de trabajo de la “Comisión Reformadora” .
Sin embargo la implementación del nuevo sistema fue realizada por entero por el Poder Ejecutivo en la gestión de los Gobiernos socialistas, a partir de 2007. Lejos de ser realizada dicha implementación como “política de estado” y con participación de los otros poderes, se conformó con sectarismo y omnipotencia, donde no faltaron los “concursos amañados” y las contrataciones directas.
El resultado no es el que todos habríamos esperado del nuevo sistema. Si bien la publicidad de las audiencias constituye un indudable paso adelante, las deficiencias de funcionamiento se han hecho más que ostensibles. El número de denuncias que se desestiman sin ningún intento de investigación es abrumador, lo que lleva a la impunidad de muchos delitos que desde el más alto nivel se ha consentido en considerar de menor importancia. Entre otros los robos, arrebatos, usurpaciones, etc. que constituyen un tormento cotidiano para la población en general.
La dedicación a tan neurálgica función es, en el caso de algunos fiscales, escasa y similar a cualquier tarea burocrática y que no guarda relación con la relevancia estratégica del área ni con la importante retribución que perciben, equivalente a la de los Jueces.
El nuevo sistema no puede ser una “torre de marfil” al margen de cualquier auditoría o control, restando incluso atribuciones hasta de la propia Corte Suprema de Justicia de la Provincia.
En consecuencia apoyamos la decisión del Señor Gobernador de la Provincia, a partir de los recientes hechos de corrupción detectados e imputados, y cuya sanción ejemplar propiciamos, de observar el funcionamiento todo del MPA ejerciendo en plenitud las potestades que le corresponden, al igual que a la Legislatura, como poderes elegidos por el pueblo.
