Imputaron al fiscal Gustavo Ponce Asahad y pasará 90 días en la cárcel

En una audiencia realizada este martes, se formalizó la acusación contra el fiscal y su empleado, Nelson Ugolini, al ser sospechosos de recibir dinero del empresario Leonardo Peiti a cambio de brindarle información sobre cuestiones judiciales que lo investigaban.

En una audiencia imputativa que se llevó a cabo durante la tarde de este martes, la justicia rosarina dispuso la prisión preventiva para el fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien además fue imputado junto a su secretario, Nelson Ugolini, acusados de exacciones ilegales, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los fiscales que llevan adelante la investigación -Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y Gisela Paolicelli- pidieron prisión preventiva para Ponce Asahad, la cual fue aceptada por la jueza Eleonora Verón por un plazo de 90 días, ya que consideró que «existe posibilidad de entorpecimiento probatorio» y  «no fue posible encontrar fácilmente el domicilio del fiscal».

La magistrada, además, entendió que Ponce Asahad «puede contar con vínculos para evitar continuar con la investigación», con lo que están dados los supuestos de peligrosidad procesal. 

Por su parte, la defensa del fiscal había pedido -en su defecto- prisión domiciliaria por una grave enfermedad de su pareja.

En tanto, Verón impuso una medida de caución para Ugolini, quien deberá fijar domicilio y número de teléfono y firmar semanalmente en la Oficina de Gestión Judicial, como así también para el dinero secuestrado en el allanamiento, que consiste en un monto de 4.982 dólares. Ambas medidas cautelares son por un plazo de 90 días.

Además, se prevé que las penas serán de cumplimiento efectivo, ya que el mínimo es de cuatro años para ambos imputados.

Según detalló la jueza, está acreditado que ambos funcionarios pasaban información que no debía salir de Fiscalía, por lo que el cohecho estaría demostrado. Además, Verón aseguró que a su entender «el relato de Peiti no es inventado». 

Pedirán prisión preventiva para Serjal

Al término de la audiencia el fiscal Luis Schiappa Pietra detalló: “El delito tiene una pena mínimo de 4 años de prisión y por la gravedad del caso era nuestro deber pedir la prisión preventiva”.

Sobre las acusaciones, el fiscal remarcó que “hay muchas pruebas, como cámaras, llamados y testigos. Creemos que había una recepción de dinero y por la evidencia que llevamos a audiencia, entendemos que hubo un reparto. De hecho Peiti habló sobre los pagos”. El fiscal indicó también que “seguiremos investigando”.

En cuanto al porqué del pedido de prisión preventiva a Ponce Asahad y no a Ugolini, Schiappa Pietra estableció que Ugolini “es un empleado, tenía un rol de transmisión de información. Pero nosotros vimos que hubo un negocio entre varias personas para sacarle dinero a una persona, Peiti. Y en función de eso jerarquizamos el rol de cada uno, también en cuanto a quienes tenían los contactos, relaciones y disponían de la información”.

Con respecto al ex fiscal regional Patricio Serjal, Schiappa Pietra comentó que «no podíamos avanzar con la imputación porque hasta ese momento contaba con las garantías que otorgan el cargo que ocupaba”.

Para el ex fiscal regional, la acusación va a ser similar a la de Ponce Asahad. Es decir, también se pedirá la prisión preventiva.

Por último, Schiappa Pietra se refirió a las implicancias que tiene el caso para el sistema de justicia en la ciudad y la provincia: “Hace días que venimos afectados. Es un caso que sale de lo habitual y tratamos de estar a la altura de lo que significaba”.

En este sentido, el fiscal Matías Edery destacó: “Indudablemente se quebró la credibilidad en la institución. Es una cuestión que hay que reconstruir entre todos. Internamente a través de reuniones entre fiscales. Pero actos como estos, en los cuales estamos imputados a un colega fortalecen ese sentimiento de confianza porque lo descubrimos nosotros y en diez días lo trajimos a audiencia”.

¿En qué consiste la causa por la que se imputó a los funcionarios?

Meses atrás, en medio de la creación de la Unidad Fiscal Covid-19, cuya titularidad quedó en manos de Ponce Asahad, el escenario que se vivió esta tarde en el Centro de Justicia Penal de Rosario hubiera parecido imposible. Sin embargo, todo cambia rápidamente y este martes el fiscal dejó de ocupar el lugar de acusador para pasar a ocupar el banquillo de los acusados. Y, junto a él, su empleado: Nelson Ugolini.

Ambos están sospechados de filtrar información y brindar cobertura judicial a una banda que se dedica al juego clandestino y las extorsiones ilegales y enfrentan cargos por exacciones ilegales, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En la audiencia imputativa realizada en la tarde de este martes, se le atribuyó a Ponce Asahad y a Ugolini la participación en delitos contra la administración pública y se los acusó de haber diseñado, junto al fiscal regional Patricio Serjal, un plan delictivo cuyo objetivo era recibir dinero del empresario Leonardo Peiti a cambio de brindarle información reservada sobre cuestiones judiciales.

Para lograr este fin, Serjal acordó con Peiti que quien se encargaría de mantener el vínculo con él seria el fiscal Ponce Asahad.

El 14 de noviembre de 2019, el exfiscal regional se alojó en el hotel Etoile -en la Ciudad de Buenos Aires- donde se reunió con Peiti para indicarle el cumplimiento periódico de la cuota a abonar y el aumento de la misma.

Para sostener el trato, Ponce Asahad se encontró en distintas oportunidades con el empresario, a los fines de recibir el dinero acordado y transmitir información relevante para cumplir el pacto entre las partes.

Uno de estos encuentros ocurrió el 9 de julio del 2020, cerca de las 12.35, cuando Peiti concurrió al pasaje Rosales de la ciudad de Rosario y acordaron con Ponce Asahad la entrega de 10 mil dólares. El pago se concretó cuando los dos hombres volvieron a reunirse a las 18, pero esta vez en la sede del Círculo Argentino Árabe de Rosario, en calle Dorrego al 1251.

Durante el año pasado, el fiscal y el empresario se reunieron en la esquina de Bv. Oroño y Mendoza y el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó dinero extra para viajar a Italia, obteniendo por parte de Peiti un desembolso en euros y dólares equivalente a dos de las cuotas que entregaba mensualmente.

Asimismo, el 16 de junio de este año, Serjal concurrió a un organismo de investigaciones y observó un diagrama de estructura criminal, el cual seguía los pasos de una asociación ilícita integrada por distintas personas, entre ellas Peiti. Días más tarde, repetiría la visita acompañado de Ponce Asahad y sugeriría que el empresario era una víctima en este delito.

Según la investigación, Serjal y Ponce Asahad le habrían advertido a Peiti sobre esta investigación y le avisaron que posiblemente su teléfono sea intervenido, por lo que le recomendaron dejar de utilizarlo y le pidieron $100.000 para evitar que prospere esa causa en su contra y, por el contrario, presentarlo como una víctima.

Por su parte, la investigación sostiene Nelson Ugolini habría transmitido información a Peiti sobre las causas que lo tenían como sospechoso, lo cual era parte del acuerdo entre las partes. Es así que el pasado 18 de febrero, el empleado del MPA envió al empresario un mensaje con las causas en las que era sospechoso, en las cuales se lo investigaba por formar parte de una red de juego clandestino.

Sin embargo, la defensa de Ugolini argumentó en la audiencia que «no se corrobora ningún contacto» entre el funcionario del MPA y Peiti, ya que no hay imágenes, ni mensajes que den cuenta de que el secretario recibía dinero a cambio de información.

La causa se inició como una derivación de la investigación del crimen del Casino City Center, el pasado mes de enero, en el que perdió la vida el contador Enrique Encino, crimen por el que fue detenido e imputado Maximiliano Cachete Díaz y otras dos personas. La sorpresa apareció cuando se peritó el teléfono de Díaz, y allí aparece un intercambio de mensajes con alguien del Ministerio Público de la Acusación que le revelaba información sobre la investigación. Con ese rastro, los fiscales Edery, Schiappa Pietra y Paolicelli lograron identificar a los supuestos responsables de las filtraciones: la evidencia apuntaba a Ponce Asahad y Ugolini.

Pero esto no fue todo, el jueves pasado, Leonardo Peiti, un empresario que tiene varios casinos y es investigado en la causa, se presentó a declarar y allí involucró a Gustavo Ponce Asahad y al propio fiscal regional, Patricio Serjal, en maniobras de pedidos de dinero a cambio de información y venta de protección judicial. A partir de allí, el fiscal regional de Rosario debió presentar su renuncia y el titular de la Unida Covid-19 fue imputado y deberá permanecer en prisión preventiva.