Secretos desclasificados

Los seres humanos poseemos la característica única entre las especies del orbe: la utilización del secreto, tanto en la vida privada como pública, casi siempre vinculados a las transgresiones.

Los antropólogos sostienen que el secretismo forma parte de la esencia humana que lucha con su ser interior por inclinarse hacia la fidelidad o dejarla de lado.

Al momento de generarse esta columna han pasado unas pocas horas desde que la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de Organismos de Inteligencia recibió –según trascendió-, el testimonio de una agente de carrera de la Agencia Federal de Inteligencia.
La espía profesional detalló, luego de que se descubriera lavigilancia de ese organismo sobre el Instituto Patria, como se armaron documentos, memos y oficios para de apariencia de legalidad a lo que es en realidad un clásico episodio de espionaje ilegal, según fuentes que accedieron a la declaración.
La espía precisó que todos esos documentos respaldatorios «fueron armados después de la operación de espionaje al instituto Patria, por orden de la subdirectora» del organismo en la gestión de Cambiemos, Silvia Majdalani.

Añadió que la “señora 8”, como se la conoce en el mundo del espionaje argentino comunicó lo enunciado en reuniones de las que participaron el jefe de Operaciones Alan Ruiz; el director de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián Destéfano y el encargado del área de Contrainteligencia, Martín Coste.

La coordinación de la elaboración de los documentos estuvo a cargo de una persona que fuera personal judicial del exmagistrado Claudio Bonadío.

Al decir de la agente que declaró “las tareas de espionaje político
«siempre las hacían los agentes que ingresaron después de 2016», pero que cuando se presentaban eventuales problemas «buscaban que los firmaran los directores de carrera», bajo la amenaza de «dejarlos sin trabajo si no se prestaban a hacerlo».

La agente contó también que la oficina de Asuntos Jurídicos tenía sus propias áreas operativas y de desgravación de escuchas telefónicas, tareas que en realidad correspondían en el organigrama oficial al sector de Contrainteligencia.

En sus declaraciones, la funcionaria declarante, con 16 años de antigüedad en el cargo, hizo referencia al caso D´Alessio, apuntando que la AFI dispuso investigar a los abogados que promovían la denuncia, como Natalia Salvo, patrocinante de Pedro Echebest.

La agente que expuso ante la comisión es abogada y cubrió funciones en áreas tales como contrainteligencia, terrorismo y en el área de acciones jurídicas.

Tras el testimonio, La bicameral comenzó a rastrear información de causas en las que intervino la AFI en todo el país, a través del envío de oficios a las cámaras federales de todas las jurisdicciones, para que den cuenta de los trabajos realizados por el organismo como auxiliar de justicia y que llevan la firma del diputado nacional Leopoldo Moreau (Frente de Todos), titular de la comisión bicameral.

En el texto se le solicitó que se requiera a los jueces «el envío de la totalidad de las actuaciones de las causas referidas, exponiendo objeto procesal, estado procesal, captaciones de comunicación realizadas -detallando abonados y tiempo de captación y/o intervención- e imputados», según dijeron a Télam fuentes judiciales.

El objetivo de la comisión bicameral es cruzar esa información con la obrante en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial de la Nación (Dajudeco) -encargada de las escuchas telefónicas- para constatar que las intervenciones hayan estado debidamente justificadas e incluso detectar si los resultados fueron destruidos en caso de que los jueces lo hubieran dispuesto, según pudo saberse.

Renuncia

Previamente, a la declaración de la funcionaria de la AFI, cuyo nombre se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad, propias de su labor específica, se había producido la renuncia del secretario de Producción de Inteligencia Nacional, Roberto López, considerado un funcionario clave en la estructura de las operaciones de inteligencia y sobre este episodio se hicieron diversas consideraciones políticas en los medios capitalinos, fundamentalmente referidos “a la pérdida de poder de La Cámpora en esa área”, la que quedó acéfala.

Junto a López habrían dejado la AFI los empleados a su cargo, ingresados en el 2015 bajo la gestión Oscar Parrilli y del exdirector de Asuntos Interiores Fernando Pocino.

Las versiones que llovieron, hablñan del hallazgo de un disco rígido con episodios de “inteligencia ilegal” contra 500 personas y aunque el disco había sido borrado, se pudo recuperar “con falencias”.

No escapa a nadie que el jefe y subjefa de la AFI – Arribas y Majdalani- están imputados en varios expedientes judiciales. La actual vicepresidenta,Cristina Kirchner terminó su mandato enfrentado con la cúpula de la ex-SIDE que había elegido Néstor Kirchner. El vínculo entre el poder político y los servicios de inteligencia quedó expuesto y su eliminación fue una promesa reiterada pero incumplida por los distintos gobiernos.

Ya en anteriores columnas advertimos algunos episodios que podrían llegar a producirse y señalamos que el presupuesto de la AFI rondaba los $ 2.600 millones, de los cuales varios fueron reasignados a otras políticas públicas. Incluso hubo una reformulación estructural del organismo que quedó dividido en tres secretarías: Producción de Inteligencia Nacional, Planificación de Inteligencia Nacional y la de Administración y Apoyo.

La figura de subdirector general quedó sin efecto de forma provisoria. Y la Secretaría de Producción de Inteligencia Nacional -la más importante por tener a su cargo toda el área operativa del organismo- hoy está acéfala.