El Gobierno aplicará medidas para contener a los sectores informales
Alberto Fernández definió una bateria urgente de medidas, ante el pedido de organizaciones sociales. Se busca que no haya escenas de desborde en el sector de menores ingresos.
El Gobierno prepara medidas para atender a monotributistas y trabajadores informales, uno de los sectores más afectados por la imposibilidad de generar ingresos en el marco de la cuarentena.
El Ministerio de Trabajo prepara una resolución para garantizar un subsidio para 1,5 millones de personas, una parte de los 7 millones que viven en la informalidad. El bono sería de $5.000 mensuales por hasta tres meses, dependiendo de la duración del aislamiento obligatorio.
También habrá una ayuda para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los pequeños comercios,y se analiza la suspensión del pago de servicios públicos y la prohibición de desalojos.
Alberto Fernández definió las medidas en las últimas horas con su gabinete económico y social. «A partir de mañana (por este lunes) vamos a cómo resolvemos el problema de taxistas y montributistas, que no los estamos dejando desamparados», dijo el Presidente en declaraciones a la televisión en las que precisó que también se atenderá a los perceptores de la AUH y el pequeño comerciante. «Todos esos casos van a tener respuesta y vamos a gastar lo que sea necesario para que la gente este tranquila», aseguró el jefe de Estado.
La cartera laboral de Claudio Moroni recibió pedidos en los últimos días de parte del colectivo de monotributistas organizados. La agrupación surgida a partir del rechazo al aumento del 51% en ese impuesto en enero pasado reunió más de 96.000 firmas en cuatro días para exigir medidas urgentes, comenzando por la suspensión de las obligaciones fiscales durente el período de emergencia y un seguro de desempleo inmediato que garantice la vivienda y el alimento. Asimimo, solicitaron una cobertura de las obras sociales, un tema que incomoda a la CGT.
La Casa Rosada también se anotició del malestar en los movimientos sociales, algunos de los cuales iniciaron en estos días un empadronamiento por redes sociales para exigir un subsidio de $5.000. En un intento por llevar calma, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se comunicó anoche con el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete.
«Quedate tranquilo, (el subsidio) va a llegar a todos», le dijo el funcionario, según pudo recontruir iProfesional a través de varias fuentes. El llamado fue pocos minutos después de leer la carta publicada anoche por Alderete en las redes sociales.
En la misiva dirigida a Alberto Fernández y Axel Kicillof, el dirigente social les pidió que contemplen la situación de las personas que «viven del trabajo informal» en las medidas del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretadas el viernes. Si bien destacó la distribución de comida y elementos de higiene por parte de Desarrollo Social junto con otras áreas, alertó que que en La Matanza «crece la incertidumbre y cierto malestar por la situación».
«Si el aislamiento social obligatorio es de por sí dificil en los grandes conglomerados, con la escaez de plata y comida el panorama se agravará de una manera mucho más dura, y podrá sembrar condiciones para que algunos sectores peligrosos empujen los saqueos y enfrentamientos en el pueblo», advirtió el líder piquetero.
La carta tocó una fibra sensible del gobierno: el temor a posibles desmanes. Una inquietud compartida por los gobernadores que desde el viernes exigen que se declare el Estado de sitio. La ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, dijo este fin de semana que «no se descarta».
El pedido, que implica la suspensión de las garantías constitucionales y refleja una tendencia autoritaria dentro de la dirigencia política, no responde tanto a una razón sanitaria sino a la preocupación por la seguridad. Si bien desde el inicio de la cuarentena 3.200 personas fueron detenidas por violar el aislamiento, los intendentes y mandatarios provinciales están más atentos a otra situación: el impacto económico del aislamiento agravó la recesión. Por ello, los movimientos sociales esperan que la pobreza supere el 55% entre septiembre y octubre, una cifra similar al escenario del 2002 posterior al estallido social.
Suspensión de tarifas, en estudio
El Gobierno evaluaba este fin de semana un decreto para suspender el pago de servicios, una situación que afecta sobre todo a quienes viven de changas y tienen que pagar el alquiler, junto con el agua y la luz. La idea es proteger a propietarios, inquilinos, cooperativas y pequeños comercios. Otra de las ideas que se baraja es la suspensión de desalojos y evitar la ejecución de las hipotecas sobre créditos para la vivienda UVA.
Este paquete de medidas se inspiraría en el proyecto presentado por la senadora nacional por el Frente de Todos, María de los Angeles Sacún, que solicita la continuidad de los servicios públicos esenciales y la protección de la vivienda familiar durante la pandemia de coronavirus.
La inicativa de la senadora contempla:
1) Prohibir a las empresas prestadoras de los servicios de luz, gas y agua suspender o cortar los servicios por falta de pago a propietarios e inquilinos residenciales de vivienda única urbana o rural.
2) La Secretaria de Energía no podrá aumentar los precios máximos de referencia para la comercialización de garrafas de GLP con destino a consumo domiciliario y deberá controlar la satisfacción de la demanda eistente.
3) Suspender durante el plazo de emergencia los desalojos de viviendas destinadas a única vivienda residencial urabana y/o rural.
4) Los contratos de locaciones urbanas y/o rurales destinados a vivienda única no podrán mientras dure la emergencia ser aumentados en cuanto a la cuota a pagar por parte de los locatarios.
5) Instar a las entidades bancarias a no ejecutar hipotecas sobre créditos UBA y otras modalidades, sobre o con la finalidad de adquirir viviendas únicas mientras dure la emergencia.
6) Protección tarifaria a pumes y cooperativas, instituciones de salud y entidades de bien público.
La prohibición de los despidos, en cambio, no estaría en la agenda oficial. Las autoridades sostienen que está vigente la doble indemnización, una medida que fue implementada en diciembre pasado con la sanción de la Ley de Emergencia. El Gobierno anunció a su vez una ampliación de los subsidios a los salarios (Repro) para preservar las plantillas de las empresas en dificultades. La situación es delicada: el sector petrolero avanzó en suspensiones masivas y hay temor en varios sectores por eventuales recortes de personal.
Comedores desbordados
El decreto de la cuarentena abrió una válvula de escape para las organizaciones barriales. En su artículo 6, inciso 8, exceptúa del aislamiento obigatorio a los responsables de comedores escolares, comunitarios y merenderos. Pero desde los movimientos advierten que las medidas son insuficientes y que hace falta una respuesta rápida.
«No damos abasto, en el comedor de la CTEP en Constituciónel lunes vinieron 450 personas y el miércoles 850», dijo Gildo Onorato, del Movimiento Evita. Y pidió que el aislamiento decretado no fue pensado para los barrios: «El que sale a busar morfi diaramente se suicida o sale a buscar comida a la calle».
El Polo Obrero, en tanto, señaló que la contención de la crisis sanitaria «no se puede limitar a una obligación de cortar con los trabajos» y reclamó la «movilización de recursos».
El movimiento reconoce que Desarrollo Social retomó con demora la entrega de alimentos para los comedores, pero advierten que no entregó elementos de limpieza e higiene. El municipio de Moreno, por caso, les dijo que no tiene presupuesto para esos insumos. El partido alberga importantes zonas carenciadas con gente que vive del cartoneo, como el barrio La Ribera, sobre el Río Reconquista. Allí se cumple la cuarentena, pero los más chicos juegan en la basura que debería recoger el municipio. La situación preocupa porque ya se confirmó un caso de coronavirus.
En la Matanza, la secretaría de Desarrollo Social recibió camiones con artículos de limpieza, pero aún no los habrían distribuido y tampoco reciben a los dirigentes del Polo Obrero. Y en muchos casos, se vuelven inaccesibles. En la Ferrere, comprar alchol en gel puede llegar a costar hasta $400. La Ciudad, en tanto, repartió mercadería en comedores, pero sin contemplar a dicha organización. La villa 20 de Lugano es otro foco de reclamos ya que se acumula mucha agua estancada y en los últimos años se registraron decenas de casos de dengue. Y en Chaco, Resistencia, los centros de salud carecen de insumos, mientras que en Toba o don Santiago, dos barrios Qom, el hacimiento es grave.
En las últimas horas, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) volvió a pedir que se expanda el alcance de las medidas y apuntó contra la dirigencia política a la que le pidieron que «no especule».
«La crisis que desató el coronavirus nos convoca a dejar de lado las internas y avivadas», señaló el sindicato piquetero. En el petitorio reclaman «duplicar la cantidad de alimentos en los comedores» y «avanzar con claridad en un desembolso especial de $5.000 para todos aquellos y aquellas que no perciben ningún tipo de ingreso y no van a tener gorma de garantizarlos en los próximos meses».
La demanda de ayuda sucial inmediata generó un debate interno en la UTEP. El Evita lanzó un empadronamiento por redes sociales en las últimas horas, pero otros grupos se desentendieron de la convocatoria y señalaron que aguardarán los anuncios oficiales previstos para mañana. La organización liderada por Estaban «Gringo» Castro está conformada además por Emilio Pérsico (Movimiento Evita), Juan Carlos Grabois (MTE), Daniel Menéndez (Barrios de Pie) y Alderete (CCC), Rafel Klejzer (MP La Dignidad) y Dina Sánchez (Frente Popular Darios Santillán).
