Rosario será «capital alterna» para la realización de reuniones federales

El gobierno envió ayer al Congreso el proyecto para crear el Gabinete Federal. Autoridades locales y nacionales se reunirán cada 30 días.

Rosario será una de las 24 “capitales alternas”, ciudades en las que se reunirán funcionarios locales y nacionales con el objetivo de federalizar la administración pública y optimizar la gestión estatal.

    El gobierno nacional envió ayer al Congreso un proyecto de ley que propone la creación del Programa Gabinete Federal, “destinado a realizar reuniones entre funcionarios nacionales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales con el fin de identificar las demandas de la comunidad y articular las medidas necesarias para su satisfacción”.

    Además de Rosario, las ciudades propuestas son La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Río Cuarto (Córdoba), Bariloche (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut), Concordia (Entre Ríos), Orán (Salta), Río Grande (Tierra del Fuego), Pico (La Pampa), Guaymallén (Mendoza) y las capitales de Formosa y San Luis, entre otras.

    Alberto Fernández presentó originalmente esta propuesta el 7 de agosto pasado en Rosario, cuando cerró la campaña para las Paso. Horas antes del acto en el Monumento a la Bandera el entonces precandidato a presidente, junto a gobernadores, mandatarios provinciales electos y postulantes del Frente de Todos (FdT) de 19 provincias firmaron en la Facultad de Derecho un acta de compromiso federal, en la que se proponía como primer punto “crear la Mesa Provincias en Red”, de similares características a la iniciativa ingresada ayer.

    En septiembre, ya oficializado como candidato presidencial, Fernández reforzó su convocatoria: propuso constituir “en cada provincia una capital alterna de la Argentina y obligar al gobierno nacional a trasladarse una vez por mes ahí y escuchar in situ los problemas”.

    “Una cosa es ver estadísticas y otra ver y escuchar a la gente, porque se puede entender verdaderamente la dimensión del conflicto”, dijo Fernández en esa oportunidad.

    Omar Perotti, por entonces gobernador electo, calificó como “altamente favorable” el proyecto. Evaluó como “muy positivo” para las provincias “tener un contacto pleno y directo con los miembros del gabinete nacional y ser parte activa de la recuperación y desarrollo de la Argentina”.

    La iniciativa que llegó al Congreso está inspirada en un proyecto impulsado en 1999 por el entonces gobernador cordobés José Manuel de la Sota, por el que se declaró a Río Cuarto como “capital alterna”.

    El proyecto establece que el Jefe de Gabinete convocará las reuniones de trabajo del programa Gabinete Federal con una periodicidad no mayor a los treinta días y que el Ministerio del Interior deberá coordinar con las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades provinciales la elaboración del plan de trabajo de las reuniones.

   En tanto, el texto agrega que “los funcionarios del Poder Ejecutivo que asistan deberán llevar registro y elevar un informe mensual de seguimiento a la Jefatura de Gabinete, que será puesto en conocimiento del Ministerio del Interior sobre los consensos alcanzados, las medidas adoptadas y las propuestas que se consideren de necesaria implementación”.

    Además, la iniciativa abre la posibilidad a la relocalización de sedes centrales o delegaciones de organismos y entidades del sector público nacional.

    Las demás jurisdicciones que figuran en el proyecto oficial son Oberá (Misiones), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Goya (Corrientes), San Pedro (Jujuy), Chilecito (La Rioja), Cutral Có (Neuquén), Caucete (San Juan), Caleta Olivia (Santa Cruz), La Banda (Santiago del Estero) y Monteros (Tucumán).

    El programa con el que el gobierno busca atacar las desigualdades regionales y canalizar las demandas específicas de cada provincia —además de reforzar el vínculo con los gobernadores, una pieza clave en el esquema de poder de Fernández— plantea al Ejecutivo un serio desafío: cómo atenuar desequilibrios estructurales de la Argentina y atender reclamos diversos en un contexto de recursos escasos.