Agencia Federal de Inteligencia: Una olla a destapar en el 2020
En medios de comunicación, a nivel nacional, trascendieron detalles de acciones que quiere tomar el presidente de la nación, Alberto Fernández en torno a modificaciones del Sistema de Inteligencia Argentino.
La primera decisión concreta tuvo que ver con la decisión de que la ex fiscal Cristina Caamaño intervenga por el lapso de 180 días la Agencia Federal de Inteligencia.
Su función primaria tendría que ver con conocer en detalle el manejo de los fondos reservados que se utilizan para el área de Operaciones, a la que debe agregarse la palabra “políticas”.
También Caamaño deberá esclarecer en ese período cuáles son las relaciones con la Justicia –fundamentalmente federal-, a las que analistas políticos califican de promiscuas.
Y un tercer eslabón a unir estaría relacionado con la reestructuración total del sistema aludido. La información que se conoció públicamente habla de la creación de una unidad, dentro de la AFI, que auditaría los gastos.
A contramano de los deseos de cualquier director de inteligencia del orbe, Caamaño –según las mismas insistentes versiones publicadas-, deberá achicar el número de agentes de campo (1.400) y no poseer más de 65 directores.
Vale recordar que el anterior funcionario a cargo de área -Gustavo Arribas- nombró 500 nuevos agentes antes de irse, por lo que torna como muy difícil la tarea de reducción de personal.
Caamaño, que en teoría debería tener una exposición mínima en los medios de comunicación se reunió con dirigentes de Memoria Activa, -que agrupa a familiares de víctimas de atentados a la AMIA-, esto es Diana Wassner y Adriana Reisfed.
Objetivo
El objetivo no era otro que mostrar las refacciones de un inmueble de la AFI donde se encuentran acumulada documentación y escuchas sobre los atentados a la sede de dicha organización y a la Embajada de Israel. Sin duda quería Cristina Caamaño diferenciarse de Arribas, ex titular de la AFI, quien nunca recibió a Memoria Activa.
Wassner y Reisfed, junto a abogados recordaron a la interventora de los espías argentinos compromisos internacionales pendientes del Estado por el decreto 812 respecto a la investigar el atentado a la AMIA, allá por el 2005.
Las dirigentes también hicieron hincapié en la necesidad de desclasificar nuevos archivos del caso.
Cambios imprescindibles
Vale apuntar que recientemente el doctor en derecho y profesor de la Universidad de Buenos Aires José Manuel Ugarte, expuso lo que considera imprescindibles cambios en el sistema de Inteligencia Nacional. [1]
En su ponencia “Sistema de Inteligencia Nacional Argentino”, presentada en Miami, Estados Unidos, contrapuso lo enunciado por Fernández con el actual funcionamiento de la AFI que “hoy concentra facultades relativas a inteligencia exterior, interior y contrainteligencia, dependiendo directamente del presidente”.
Vale recordar que el sistema que nos ocupa tuvo reformas mediante las leyes 25.520 y 27.126 y, precisamente, en esta última se agregó “la facultad relativa a la producción de inteligencia criminal sobre delitos federales complejos de narcotráfico, terrorismo, trata de personas, tráfico de armas, ciberdelitos, delitos contra el orden económico y constitucionales con medios propios de obtención y reunión de información.
Recuerda en su escrito el doctor en Derecho que en países desarrollados los organismos de inteligencia criminal están integrados por policías y analistas de inteligencia, no dependientes del Sistema de Inteligencia y, en nuestro país, se asignaron funciones de inteligencia criminal a la AFI, dedicado a la inteligencia política.[2]
Los restantes organismos de inteligencia del país, sin perjuicio de sus dependencias orgánicas de la los Ministerios de Seguridad y de Defensa, dependen funcionalmente de la AFI.
Ugarte, en su trabajo hace mención a que “en Argentina, el Ejecutivo no ejerce control alguno y se pretende que una comisión parlamentaria habitualmente controlada por el partido del gobierno, constituya el único control, con pobres facultades para obtener acceso a información clasificada con la autorización del director de la AFI.
Nuevo sistema
El presupuesto de la AFI en el 2019 alcanzó la suma de 2.600 millones de pesos[3], valor con el que se debían sostener los gastos de gestión y mantenimiento de estructura administrativa.
Otros datos que valen ser considerados son el parque automotor de la AFI, conformado por 209 vehículos, de los cuales 25 pertenecen al área de intervención, siendo blindados 4 de ellos, a un costo de 60.000 dólares por unidad.
Cinco autos decomisados al “Pata Medina” terminaron en “La Casa” y ya fueron devueltos al juzgado interviniente.
La funcionaria interventora se reunió con el síndico general de la nación, Carlos Antonio Montero para delinear la auditoría de los fondos reservados a través de la Sigen.
Gastos en “fuentes”
Las “fuentes” de “La Casa” (AFI), cobran como “inorgánicos” del sistema a través de fondos ocultos.[4], los que en algunos casos aportaría la CIA.
Luego hay que ver si la info da los resultados esperados. “La Casa” estaría investigando el destino del dinero cobrado por la venta de inmuebles de la AFI que no habrían ingresado a la Gerencia Financiera, dependencia que está buscando la orden de compra de material hallado en un armario, el que por suerte no desapareció[5].
La AFI comenzó la gestión de Arribas con 1400 espías –antes el número era de 538-, por lo que el ex funcionario le hizo espacio a 862 agentes nuevos, entre ellos una vendedora de cosméticos y un vendedor de seguros.
El mapa del delito
La Dirección Nacional de Política Criminal es la encargada de generar la estadística oficial y coordinar la recolección de datos. Recibe información del Sistema Nacional de Información Criminal que recoge de delitos registrados por la policía, Gendarmería Nacional y la Prefectura.
Hay que tener en cuenta que es la “cifra blanca “o sea los delitos denunciados. Pero está también la cifra “negra” que son los no denunciados. Las cifras más ciertas tienen que ver con homicidios, dolosos y culposos. El resto, a nivel de datos, es dudoso y de ello surge la falta de confiabilidad y la percepción de inseguridad en la población.
La AFI recibe toda esa información y, si se la requiere, puede aportar la suya siempre y cuando no implique espionaje interno.
[1] Diario Clarin. 9 de enero 2020. Pág. 27
[2] Íbiem,
- M. Federico. el ciudadanoweb.com
[4] Íbidem
[5] Íbidem
