Oficialismo y oposición al borde de una peligrosa escalada de violencia política

Alguien tendrá que parar la guerra antes de que comience. Cuando relatamos en exclusiva en estas páginas como fue la pre cuela del presupuesto 2020, decíamos que Antonio Bonfatti, Rubén Galassi y el peronista Luis Rubeo fueron los que evitaron que la situación llegase a un peligroso punto de no retorno.

Hoy estamos ante el mismo escenario de conflicto, y no se advierten negociadores a la vista ante el oscuro panorama que se presenta. En primer lugar, ambas partes – oficialismo y oposición – deberían dejar de extremar sus relatos: quizás ni la Provincia fue recibida en estado de quebranto, pero tampoco “vigorosamente en marcha”. Sería un buen punto de arranque.
Cuando Maximiliano Pullaro, Fabián Bastía, Fabián Palo Oliver, Joaquín Blanco del FPCyS, a los cuales se sumaron Betina Florito del bloque Somos Vida de Amalia Granata y Julián Galdeano de Juntos por el Cambio, le pidieron al oficialismo la semana pasada gestos de buena voluntad para avenirse a estudiar la emergencia en seguridad, recibieron a cambio un amenazador documento del Foro de Intendentes Justicialistas, mediante el cual les advierten – a los legisladores del FPCyS- que si no aprueban la emergencia económica (que el Gobernador enviará nuevamente a las Cámaras) “es dejar sin atención la urgente situación y las necesidades de la provincia, los municipios y las comunas”, imputándoles estar “muy lejos de la realidad y las simples necesidades de la gente”.

¿Cuál será la previsible respuesta opositora que, naturalmente en nada contribuirá a aplacar los ánimos?: “las herramientas que el Poder Ejecutivo necesita para paliar la situación financiera propia, de empresas contratistas del Estado y de los municipios y comunas, ya se las dimos en el presupuesto 2020; el resto son delegaciones de facultades extraordinarias que no estamos dispuestos a concederle al Gobernador para que gobierne por decreto”, asestan.

Con las precauciones técnicas de acuerdo con el escrito que reciban, y un necesario e imprescindible piso de condiciones políticas a negociar -entre ellas que “se valore lo bueno realizado en materia de seguridad”-, el FPCyS estaría dispuesto a estudiar (cuando se reanuden las sesiones en febrero, y no como solicita Rubén Giustiniani este jueves “para la tribuna” al decir de Amalia Granata) la nueva ley de emergencia en seguridad. que esta semana enviará a la legislatura el Poder Ejecutivo.

Juntos por el Cambio, que también está predispuesto a reconsiderar su posición con respecto de esta temática, – la inseguridad – ahora a través de su líder natural Federico Angelini (en el recinto la voz cantante la lleva el radical Julián Galdeano) hizo saber públicamente su desagrado por la verbosidad desmedida del Ministro de Seguridad Marcelo Saín que en nada contribuye, dice Angelini, a facilitar las cosas.

Radicales en alerta

El comité radical, atento al sombrío semblante que muestran los acontecimientos, y a los fines de iniciar un movimiento preventivo de piezas en el tablero, convocó para este martes a líderes comunales y municipales junto a legisladores, para advertirles que no se dejen presionar por el Poder Ejecutivo, vía los jefes municipales de Santa Fe y Rosario, quienes también los invitaron a una reunión el mismo día por la emergencias en seguridad, pero básicamente económica.

Perotti insiste: “sin emergencia no se puede encarar nada”

A Perotti por lo visto nadie lo va a convencer de lo contrario: sin ley de emergencia no se puede encarar nada. Su Ministra de Infraestructura Silvina Frana dejó estupefactos a los directivos de la Cámara de la Construcción con el mismo e inflexible planteo, cuando fueron a conversar sobre los más de 3.000 millones de pesos que la gestión anterior les quedó debiendo.

Los empresarios advirtieron inmediatamente un clima de beligerancia política en el cual, dicen, no quieren entrar. Solo querían saber cómo se les pagará lo adeudado, y de qué manera seguirán adelante con la obra pública. Frana les dijo que la ley de emergencia económica les daría cobertura legal a todos. Y que sin esa norma el panorama sería incierto.

El Gobernador quiere que los medios reflejen que el gobierno anterior por lo menos reconoce la deuda dejada; pero aquí hay otro problema: mientras el FPCyS admite que – la deuda- es de 8 mil millones de pesos, en el gobierno aseveran que es de más de 22 mil millones de pesos. Otra contrapunto de nunca acabar.

El vencimiento de la deuda en dólares arranca en marzo del 2022, con 125 millones de dólares de bonos PROVSF 2023 y PROVSF 2027, autorizados por la legislatura en el año 2016 para obras públicas, que se negociaron con la oposición, básicamente senadores peronistas que tenían – y tienen – la llave en ese sentido.

¿Habrá algún Cardenal Samoré que evite conflictos mayores?. ¿Podría llegar a ser el “amigable componedor” el mismísimo Presidente Alberto Fernández, quien cuando asistió a la jura del actual Gobernador pronunció un discurso de tono conciliador que los hechos en estos treinta y pico días se encargaron de hacer añicos?.