El Gobierno negocia con las petroleras medidas para impedir despidos en Vaca Muerta

Les ofrece un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos, el descongelamiento de los precios y la eliminación del cepo para enviar divisas al exterior.

ras el anuncio oficial sobre el envío al Congreso de un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos para crear un marco legislativo que le brinde seguridad a esta industria, el Gobierno envió nuevas señales a las empresas petroleras con el objetivo de terminar con la crisis financiera y laboral que afecta principalmente a la zona de Vaca Muerta.

En la mayor zona de producción de hidrocarburos no convencionales sobrevuela el fantasma de masivos despidos y suspensiones que las compañías quieren llevar a cabo y que se encuentran en suspenso hasta el próximo 28 de enero, luego de haberse dictado la conciliación obligatoria.

Para volver a atraer a las petroleras y, a la vez, lograr la paz social en una industria hoy convulsionada pero que supo ser ejemplo de acuerdos entre gremios y empresarios, el presidente Alberto Fernández trabaja sobre varios ejes.

El primero es cambiar el marco legal vigente por uno nuevo que, según las autoridades, restablezca la confianza entre los inversores. El segundo es calmar a los sindicatos evitando los despidos. Y el tercero es ofrecer a las petroleras medidas concretas.

Por eso es que luego de su reunión del jueves en Casa Rosada con los máximos ejecutivos de las mayores petroleras del país, el Jefe de Estado le instruyó a los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, avanzar en negociar estrategias de estabilización con todos los actores de este sector.

Como parte de ese plan, ambos funcionarios mantuvieron este viernes 17 de enero un encuentro con el senador nacional y principal líder sindical de los trabajadores petroleros, Guillermo Pereyra.

La cita fue en la sede de Desarrollo Productivo y allí se acordó que el próximo lunes 20 de enero se sume a las petroleras a otra ronda de encuentros, esta vez en la sede de Trabajo y bajo el liderazgo del ministro Moroni.

La mirada oficial pasa por evitar que las petroleras concreten el despido de casi 2.000 trabajadores en Vaca Muerta mientras en el Congreso se discute el proyecto que se acaba de enviar para establecer nuevas reglas de juego en el sector de los combustibles.

Se trata de una estrategia doble que encabezan al mismo tiempo Moroni y Kulfas por expreso pedido del presidente Alberto Fernández. Por un lado, el ministro de Desarrollo Productivo explicando a las empresas las ventajas que la futura ley mediante la generación de mayores inversiones que permitan incrementar la producción de gas y petróleo y desarrollar una cadena productiva e impulsar las exportaciones.

Por el otro, el Ministro de Trabajo convenciendo a las mismas compañías que todos estos beneficios que surgirán a partir de la aplicación de la nueva norma potenciarán la creación de miles de puestos laborales.

Y de manera adicional se usó al Banco Central para anunciar que se levanta el cepo a la remisión de utilidades que pesaba sobre las operaciones en Vaca Muerta que era uno de los tres reclamos que las provincias donde se ubica la zona le habían hecho llegar a las nuevas autoridades nacionales.

Es otra de las señales que al mismo tiempo envió el Gobierno para dar señales de certeza y seguridad jurídica a las inversiones en Vaca Muerta. Así surge una comunicación del Central en la que se informa que los bancos podrán dar acceso al mercado de cambios para girar divisas al exterior en concepto de utilidades y dividendos a accionistas no residentes sin la conformidad previa de la entidad oficial.

La medida rige desde hoy viernes 17 de enero y tiene como condición que la transferencia no supere el 30% del valor de los nuevos aportes de inversión extranjera directa en empresas residentes ingresados y liquidados a través del mercado de cambios.

Este anuncio y el proyecto de ley forman parte de la agenda que el ministro Moroni está delineando sobre los temas a tratar con el sector empresario el próximo lunes 20 de enero para tratar de llegar a un acuerdo antes de que finalice la conciliación obligatoria, el 28 de enero.

Como dato adicional, Moroni necesita acordar una paz social con los gremios para poder encarar las negociaciones con la cadena productiva en mejores condiciones que las actuales.

En especial, con el sindicato que encabeza el senador nacional Guillermo Pereyra, que prometía marchas, movilizaciones y hasta un paro total si se mantenía el fantasma de los despidos en Vaca Muerta.

Con esa premisa, el dirigente sindical mantuvo hace unas horas un encuentro en las oficinas del ministro Kulfas donde se logró, por el momento, enfriar el conflicto que prometía paralizar toda la producción a nivel nacional si el fantasma de unos 2.000 despidos seguía rondando las operaciones de Vaca Muerta.

De hecho, el propio Pereyra había anticipado que lideraría una masiva movilización de 20.000 trabajadores petroleros prevista para el próximo jueves 23 de enero en Neuquén. Y le había pedido a dirigentes políticos y legisladores nacionales de diversos sectores que se sumen al reclamo y a la mega asamblea de la semana próxima.

Esa protesta ahora quedó en suspenso para permitir que el encuentro del lunes próximo con las petroleras se lleve a cabo con un marco de tranquilidad y buscando potenciar el diálogo a partir del análisis del nuevo proyecto de ley de hidrocarburos que promueve el Gobierno y que será tratado por el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero.

La iniciativa establece un nuevo marco normativo para el sector de hidrocarburos, convencionales y no convencionales y, según fuentes oficiales, se elaboró a partir del diálogo con todos los actores del sector.

La idea es abarcar a los distintos segmentos de la actividad como son la producción no convencional y la convencional, el off shore y la recuperación secundaria y terciaria.

Fue anunciado un día después del encuentro que el propio Alberto Fernández mantuvo ayer por la tarde en la Casa Rosada con los máximos ejecutivos de las petroleras con inversiones en el país.

En la lista de directivos que concurrieron a la Casa de Gobierno se encuentran el presidente de YPF, Guillermo Nielsen; Daniel De Negris y Matías Szapiro de ExxonMobil; Marcos Bulgheroni y Rafael Machin, de Pan American Energy; Gastón Remy de Vista; Germán Machi y Adrián Vilaplana de Plus Petrol Argentina, y Carlos Ormachea de Tecpetrol.

También concurrieron Sean Rooney y Verónica Staniscia de Shell; Eric Dunning y Dante Ramos de Chevron; Carlos Seijo de Total; Mandred Böckmann y Mariano Cancelo de Wintershall Dea, y Hugo Eurnekian de la Compañía General de Combustibles.

En el caso del precio de los combustibles, Fernández no insistió con el congelamiento, como dicen algunas versiones incluso oficiales. Esto se debe a que si bien el Presidente les pidió que mantengan por ahora los valores sin cambio pero también les solicitó que elaboren una propuesta que incluya la necesidad de los productores y de los refinadores para salir de este cepo parcial.

Es decir, que se pongan a trabajar en una fórmula como las que ya se usaron en los gobiernos de Cristina Fernández y Mauricio Macri para encontrar cierta previsibilidad en la evolución de los precios en los surtidores y en el valor final del barril.

Para las petroleras y para el propio Fernández el tema es clave a la hora de poder avanzar para resolver el resto de los problemas del sector, que se evidencian más que nada en las amenazas de despidos masivos y en una fuerte baja de las inversiones proyectadas para este año.

Por eso, tras la cumbre con las petroleras, el propio Jefe de Estado anunció el envío del nuevo proyecto de ley al Congreso, aunque con la salvedad de que no se usó la palabra blindaje para evitar que se lo circunscriba solamente a Vaca Muerta y no tener que debatir con el resto de las cuencas petroleras del país.

Se busca además terminar con una crisis que se inició el año pasado, con varias medidas adoptadas por el anterior gobierno de Cambiemos, pero que se fue profundizando en estos primeros meses del 2020 debido a la falta de políticas para la zona que muestra la gestión del Frente de Todos.

Está claro que al Gobierno le interesa desactivar este conflicto gremial debido a las consecuencias que se podrían derivar de posibles medidas que adopten los trabajadores afectados. (IProfesional)