Con el apoyo de Lavagna y Schiaretti, el Gobierno logró el dictamen para la Emergencia Económica

Lo aprobarán en general este jueves, aunque pedirían más cambios en las retenciones y las actualizaciones previsionales. El Senado tiene sesión el viernes para convertirlo en ley.

El Gobierno logró dictamen favorable de la ley de emergencia económica con respaldo del interbloque federal referenciado en Roberto Lavagna y Juan Schiaretti, que tiene 10 miembros y este jueves garantizarán su aprobación pero podrían imponer cambios en el articulado en temas como la suba de retenciones o la suspensión de la fórmula actualización jubilatoria.

Las negociaciones habían empezado el martes, como anticipó LPO, y continuaron durante las 12 horas de plenario de comisiones con la visita de los ministros involucrados en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, como le llaman en el Gobierno, que contempla la emergencia en 9 áreas para que se puedan remover partidas sin aval legislativo, un impuesto del 30% a la compra de divisas, la vuelta del tributo a los bienes personales y una amplia moratoria fiscal a las pymes, entre otras medidas.

El plenario fue coordinado por Cecilia Moreau y Darío Martínez, a cargo de las comisiones de Legislación General y Presupuesto. Martínez abrió con una novedad: la decisión de eliminar el artículo 85 del proyecto, que habilitaba a Alberto a reorganizar organismos descentralizados, como la Unidad de Información Financiera (UIF).

Había sido uno de los pedidos de los federales, presididos por Eduardo «Bali» Bucca, ex candidato a gobernador bonaerense de Roberto Lavagna. Y como en la Casa Rosada no tenían planes relevantes con ese instrumento accedieron antes de empezar el debate, para garantizarse el dictamen y la aprobación en general de las proyecto.

También firmó con el frente de Todos el misionero Diego Sartori y el jefe de su interbloque Unidad Federal para del Desarrollo, José Luis Ramón, que con 8 diputados es otra de las cartas del oficialismo para ganar la votación. Con sus firmas, el dictamen del oficialismo reunió 44 firmas, contra 35 de Juntos por el Cambio.

Con las complicaciones de las juras podría sesionar con 117 o 118 diputados, 11 menos que el quórum, por lo que con estas bancadas y la neuquina Alma Sapag no tendrá problemas en aprobar la emergencia en general, pero los necesita para votar cada artículo y deberá ceder. Sergio Massa pasó buena parte de la tarde repasando posibles modificaciones con los ministros que visitaron el Congreso y otros que aún no hablan como el de Agricultura, Luis Basterra.

Una de las principales peticiones de los aliados es la falta de certezas sobre incrementos a los jubilados que cobran por encima de la mínima, que no tendrán los dos bonos de 5000 pesos y con la fórmula de actualización suspendida por 6 meses no saben cuánto subirán sus haberes, que en muchos casos no superan los 20 mil pesos.

«No es válido dejar de lado a los que cobran un poco más y beneficiar sólo a los que cobran la mínima. Hay que buscar una solución», reclamó temprano el salteño Andrés Zottos, uno de los 10 del bloque de Bucca.

Una salida que evaluaban esta noche en la Casa Rosada era una urgente resolución de la Anses para garantizar actualizaciones mientras no se defina una nueva fórmula. El proyecto, en realidad, faculta al Gobierno a hacerlo en cualquier momento pero los diputados piden garantías.

«Nadie va a congelar jubilaciones, habrá aumentos para todos. Lo único que variará son los criterios con el que se van a fijar esos aumentos», prometió Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, durante el larguísimo plenario de comisiones.

«En 2017 reemplazamos una fórmula que tomaba en cuenta la recaudación por otra que medía la variación salarial y la inflación. Hubieran cobrado más con la nuestra, porque se recaudó menos y la inflación se disparó», se defendió el macrista Luciano Laspina.

«Me parece poco serio que el sector que fue oficialista hasta hace poco quiera hacernos creer que hoy viene con una preocupación de los jubilados, pero pudieron resolver eso y no lo resolvieron. Hoy los jubilados tienen un 25% de su capacidad adquisitiva. ¡Congelaron el país!», le gritó Leopoldo Moreau.

Otro conflicto que vuelve al Congreso es el de las retenciones a las exportaciones, que el proyecto eleva en 3 puntos pese a que ya las subió el sábado con la actualización de un decreto de Macri.

Los 4 diputados de Schiaretti acompañarán en general el proyecto pero votarán en contra de un nuevo retoque a los derechos de exportación y de la vuelta a la órbita nacional de Edenor y Edesur, una decisión que sorprendió a muchos peronistas porque va en contra de la idea de pasarle facultades a la Ciudad de Buenos Aires.

El cordobés Paulo Cassinerio firmó el dictamen en disidencia pero su jefe, Carlos Gutiérrez, aclaró por tuit que acompañarán el proyecto en general pero que no cuenten con ellos para sumar impuestos al campo.

En el oficialismo también hay voces que reclaman retenciones diferenciadas a los pequeños chacareros con el puerto lejos de sus fincas, otro planteó del salteño Zottos, y el ministro Matías Kulfas anticipó que evalúan considerarlos pero que no es de fácil instrumentación.

«No se puede segmentar el pago del derecho de exportación, puesto que es un impuesto que pagan las empresas exportadoras», aclaró, pero prometió «conversar» sobre «mecanismos compensadores para pequeños productores».

Otra inquietud de Lavagna, que se comunica a través del diputado Alejandro «Topo» Rodríguez, es sobre la perdurabilidad del impuesto a la compra del dólares, que el proyecto fija en 5 años pero la historia demuestra que puede ser interno. Para evitarlo, le proponen que sea deducible de Ganancias, como en época de Cristina Kirchner, pero Alberto quiere recaudar para salir de déficit.

El bloque de Ramón tendrá ese planteo en la voz de la tucumana Beatriz Ávila, pero hasta esta noche no se habían comunicado con ellos. aunque resultan necesarios para sesionar sin riesgos.

El plenario de comisiones duró 12 horas y lo abrió Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social y diputado hasta hace pocos días, quien defendió la tarjeta alimentaria que empezará a repartirse en Concordia, por ser la ciudad más pobre del país. «Las proyecciones marcan que a fin de año vamos a tener casi 60% de pobreza en los niños y 40% en general. Y mes a mes baja el consumo de leche; hay un problema serio de hambre y de mal nutrición».

Ginés González García aseguró que el sistema de salud está «en riesgo crítico y funcionando a menos de lo que debe funcionar por falta de insumos. Bien cerca de entrar en un colapso más generalizado» y se cruzó con su colega Carmen Polledo, del PRO, quien le recriminó haber cerrado el ingreso de nuevas coberturas al Plan Médico Obligatorio y le acercó el informe de sarampión del 6 de diciembre, sin resultados tan magros como los comunicados.

«Rubinstein incorporó un montón de coberturas antes de irse. Hay que entender que la prevención es necesaria, aunque no das votos ni negocios», respondió. No fue el ministro de Hacienda Martín Guzmán y su secretario de Hacienda Raúl Rigo se hizo cargo de la decisión de no enviar el presupuesto de 2020, prorrogar el actual y volver a discutirlo en marzo. Un dato: la emergencia eleva la facultad de reasignar partidas a los niveles de 2017.

Kulfas sostuvo que la emergencia otorgará «un marco conceptual general para encender la economía con este criterio de solidaridad» y será «un punto de partida para volver a crecer sobre bases sólidas y priorizando la producción y el trabajo nacional».

Volvió al Congreso Mercedes Marcó del Pont, como presidenta de la AFIP, y le pidió a las Pymes inscribirse en el registro para acceder a la amplia moratoria fiscal del proyecto. El debate entre los diputados se extendió varias horas porque todos querían hablar, en una Cámara con otra composición y otro Gobierno esperando respuestas.

En el Senado no hay síntoma s de conflicto: Cristina Kirchner convocó a sesión especial para el viernes a las 14 con la certeza de una ayuda de la UCR para llegar a dos tercios y aprobar la emergencia ese día. (La Política On Line)