Jubilados: Buscarán blindar la movilidad en el Congreso para evitar aumentos por decreto

Las organizaciones de jubilados consideran que los ajustes de marzo y junio son un «derecho adquirido» y advierten sobre una nueva ola de litigiosidad.

Los cambios impulsados por el Gobierno en materia jubilatoria generaron inquietud entre los representantes de la tercera edad. El mayor temor por estas horas es que la suspensión de la Ley de Movilidad contenida en el proyecto de ley enviado al Congreso genere un escenario similar al de 2017, cuando la gestión de Mauricio Macri aplicó el «empalme» entre la fórmula de movilidad anterior y la nueva, que implicó una pérdida de casi 9 puntos en los haberes.

El Ejecutivo anunció este martes un bono de $5.000 en enero y diciembre para los haberes mínimos y un aumento proporcional en las escalas siguientes hasta los $19.068, junto con el congelamiento de la movilidad por seis meses. De ser aprobada la iniciativa, durante ese período las autoridades aplicarán aumentos trimestrales por decreto, pero el texto no define los criterios de actualización ni tampoco que ocurrirá con el resto de las escalas.

Frente a este escenario, los especialistas y organizaciones vinculadas a los jubilados empezaron a activar contactos con el Congreso para «blindar» la movilidad de los haberes garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución. La idea es que se garantice un incremento que no pueda ser inferior al previsto por la normativa actual (Ley 27.426) para el primer semestre de entre el 27 y 28%, en lugar dejar las subas sujetas a discreción del Ejecutivo.

«Esperamos que se revean los cambios y se establezca una pauta de movilidad por que no sabemos por qué va a ser reemplazada la actual ley, pero lo que es exigible es que sabiendo hoy el jubilado que su reajuste de marzo es del 11,5% y de junio del 15,7% tiene un derecho adquirido», explicó a iProfesional el defensor porteño de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien comparó las modificaciones con el polémico «empalme» que llegó a la Justicia.

La Corte Suprema tiene pendiente de resolución un reclamo de inconstitucionalidad impulsado por Miguel Angel Fernándes Pastor. Allí, el exdirector de ANSES y asesor del Frente de Todos planteó que, por el nuevo cálculo en marzo de 2018, las jubilaciones se ajustaron en forma retroactiva un 5,71% en lugar de un 14,6% que le hubiera correspondido con la ley anterior, ya que en dicho período seguía vigente la normativa.

Ahora, la suspensión de la movilidad podría iniciar una nueva ola de juicios, como anticipó este medio el lunes. Las críticas apuntan al congelamiento de la movilidad y al achatamiento de las escalas por la disposición de aumentos de suma fija que excluyen a los haberes medios y alto. Esto último fue lo que ocurrió entre 2002 y 2007, un conflicto que derivó en fallos de la Corte y más de 800.000 demandas judiciales.

«Los parches terminan perjudicando a los jubilados, hace 30 años que le están robando a los jubilados una garantía constitucional que es la movilidad», advirtió a este medio el titular de la mesa nacional de jubilados y pensionados, Rubén Gioannini. El representante de los adultos mayores comparó incluso los cambios con el decreto 525 de 1995 por el que se congelaron los haberes en $150 hasta el 2002 y se eliminó la movilidad en el marco de la emergencia previsional.

Se estima que, de un total de 5,7 millones de jubilados y pensionados, más de la mitad cobra hoy el haber mínimo de 14.068; mientras que unos 300.000 personas perciben prestaciones superiores a los $20.000. Ese sector de los pasivos es el que podría acudir a los tribunales. Para presentar amparos, sin embargo, deberán esperar a que se apruebe la ley y el Gobierno aplique el primer aumento trimestral previsto en marzo.

Alberto Fernández había anunciado en campaña una suba del 20% para la jubilación mínima, pero en las últimas horas su equipo decidió sumar un bono fijo proporcional a las categorías de hasta $19.068 «atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos». Así, el jubilado que cobra $18.000 recibirá un bono por la diferencia de $1.068, de modo de no ser sobrepasado por la escalas anteriores.

Como reveló medio nacional, la medida fue tomada ante el alerta que encendieron allegados al Gobierno por un achatamiento de las escalas y una eventual ola de juicios. Pero la suspensión de la movilidad generó desconcierto en las propias filas. Allí, algunos sostenían anoche que el congelamiento de la movilidad contradice el espíritu de lo que se debatió en campaña en la comisión de Seguridad Social del Frente de Todos.

El otro punto del proyecto que despertó críticas es la unificación de los distintos regímenes previsionales junto con la suspensión de la movilidad de aquellos con carácter especial, como los docentes, científicos y el servicio penitenciario. Los haberes de los maestros tienen una tasa de sustitución del 82% del salario activo y los científicos, del 85%; muy por encima del promedio general que está entre el 46 y 50%.

«Los que se jubilan en el futuro no solo van a cobrar menos, sino que no van a tener sus reajustes por su ley particular», aseguró Semino. La oposición salió a rechazar el proyecto por considerarlo un intento de ejercer mayores poderes y denunció que los jubilados son «los más perjudicados», mientras que la cúpula de la CGT mantenía anoche un cauteloso silencio. El oficialismo informó que terminó anoche de definir sus voceros en el Congreso. (IProfesional)