Cristina vuelve a Comodoro Py como Vicepresidenta electa a declarar por presuntas irregularidades en la obra pública
Tras el triunfo en las urnas, Cristina Kirchner se presenta a indagatoria por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
Por estas horas, Cristina Kirchner enfrenta una realidad que parece transcurrir en dos dimensiones enfrentadas.
Por un lado, está a pocos días de ver realizado el fruto de su intuición política, que pudo abrir el camino para desplazar a Mauricio Macri del poder y lograr la elección de un hábil Alberto Fernández.
Por otro, su quehacer y su imagen se ve lastrados por complicaciones judiciales que, pese al cambio inminente de gobierno, están lejos de disiparse. Y es esta faceta la que dará más que hablar durante la semana.
El lunes a las 9.30 de la mañana la vicepresidenta electa comparecerá ante los tribunales de Comodoro Py, donde dará declaración indagatoria en el marco de la causa «Vialidad», que investiga presuntas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz.
Así, dejará de lados las discusiones por el armado del gabinete nacional y las movidas a fin de consolidar posiciones en el Senado para trasladarse a un terreno que le es más extraño y hostil.
En concreto, Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que direccionó la obra pública a manos del empresario Lázaro Báez.
En el juicio se investigan presuntas irregularidades en 52 obras públicas en Santa Cruz.
Además de la ex presidenta, están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad nacional y de Santa Cruz.
Ante estas acusaciones, es esperable que Cristina busque despegarse del barro de la minucia judicial. Al contrario, su apuesta será por un discurso que se volcará hacia donde ella es más hábil: la oratoria y la disputa política.
Una «cadena» que no pudo ser
Cristina había pedido que su declaración de este lunes se transmitiera en vivo, posibilidad que el Tribunal Oral rechazó el viernes.
El pedido de difusión abierta y en tiempo real de la indagatoria deja en evidencia la intención de la expresidenta: convertir a los tribunales en el sitio para dar un fuerte alegato político dirigido a toda la sociedad, más que ensayar una defensa puntual de los cargos que se le imputan.
Aunque la vocación de reeditar una suerte de «cadena nacional» este lunes a la mañana se vio contrariada por la decisión del TOF2 ante el que debe presentarse, los contenidos de su declaración se conocerán igual (la defensa tendrá acceso al video al día siguiente) y tendrán impacto.
Ya en julio, antes del inesperado resultado de las PASO, Cristina Kirchner había expresado que esta causa por la obra pública en Santa Cruz se basa en «acusaciones políticas que son parte de una persecución hasta límites absurdos».
En el mismo tono, ahora volverá a subrayar una supuesta parcialidad de jueces y fiscales, que habrían concentrado esfuerzos acusatorios alrededor de su figura con fines políticos.
En esta línea, su abogado, Carlos Beraldi, afirmó que el juicio estaba viciado porque se trata de una sola imputación «que se ha multiplicado en pléyade de causas» abiertas a la actual vicepresidenta electa.
Según la actual senadora, la causa por la que declarará este lunes es un armado del macrismo.
«Se trata de una denuncia efectuada por el gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales llevadas a cabo enteramente en la provincia de Santa Cruz», afirmó en mayo pasado, cuando esgrimió una defensa en línea con el argumento de persecución política.
«No se trata de una denuncia original sino de un refrito de denuncias desde el año 2008 armadas por diputados de la Coalición Cívica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito», puntualizó.
Y sumó: «Para que se entienda: se trata de licitaciones de obras públicas viales realizadas por un órgano provincial que depende del ministerio de economía y de la gobernación de la provincia».
La ex presidenta añadió: «Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras. Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial».
Remarcó que «las «pruebas» por las que fue acusada «son las leyes nacionales de presupuesto aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación, los DNU de ajustes presupuestarios de toda la Administración Pública Nacional y las Decisiones Administrativas dictadas por los Jefes de Gabinete».
«Como frutilla del postre, también utilizan la «declaración» del «arrepentido» coucheado Fariña, quien se encuentra sujeto a una investigación criminal en el escandaloso caso D’Alessio por armado de causas truchas que se lleva adelante en el Juzgado Federal de Dolores», agregó la ex presidenta.
Y concluyó con que «los juicios deben buscar la verdad. Pero aquí no parece que esto vaya a ocurrir. Mientras a mi defensa le impiden contar con las pruebas más elementales, se incorpora la declaración de la Dip. Oliveto -alias Pau- y un libro de Daniel Santoro, ambos imputados en la causa D’Alessio».
«Claramente no se trata de hacer justicia. Sólo armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas -cada vez con menos éxito- de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo», finalizó la ex presidenta.
Por qué no se transmitirá
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 rechazó este viernes autorizar la transmisión en vivo de la declaración indagatoria de la vicepresidenta electa. La decisión fue tomada por una mayoría compuesta por los jueces Jorge Gorini y Andrés Basso, que sostuvieron que la defensa de la ex mandataria no había presentado argumentos «novedosos» como para revertir la decisión adoptada por el tribunal antes del inicio del juicio que excluía la posibilidad de transmitir en vivo las indagatorias.
Por su parte, el juez Rodrigo Giménez Uriburu se pronunció, en minoría, por aceptar la petición de la defensa de la ex presidenta, dado que las limitaciones a la difusión establecidas antes del inicio del debate oral habrían sido superadas por la cobertura periodística que se hizo del mismo.
Es por esto mismo que el discuso de Cristina este lunes, aunque no se transmita en vivo, concitará gran atención.
«Entendemos que no existen ni se invocan razones novedosas que permitan conmover nuestra primigenia decisión, debiendo estarse en un todo a lo resuelto el pasado 9 de mayo, sin perjuicio de asegurarle a la parte una copia del registro audiovisual de lo acontecido en la jornada próxima, a los fines que estime pertinentes», sostuvieron los jueces Basso y Gorini.
Los magistrados que conformaron la mayoría recordaron que antes del inicio del juicio se había establecido que solo se permitiría la transmisión en vivo del inicio del juicio, la discusión final y la lectura de la sentencia en su parte dispositiva y fundamentos.
Ante el pedido del abogado Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta electa, los jueces remarcaron que «el principio procesal de publicidad de determinadas etapas del debate no es equivalente a transmisión en vivo del mismo, sino que se satisface mediante el aseguramiento de la debida y correcta difusión de cuanto ocurra en el juicio preservando el buen orden en el desarrollo de la audiencia».
Por su parte, el juez Giménez Uriburu remarcó que la disposición adoptada antes del inicio del debate tenía «como objetivo preservar la autenticidad de los dichos de los testigos» y evitar que pudiera ser contaminada por la difusión del debate que, de todas formas, tuvo una amplia cobertura en los medios escritos y audiovisuales de comunicación.
«Si en el caso que nos ocupa tenemos en cuenta que se trata además de la declaración de quien revistiera el cargo de ex Presidenta de la Nación –actualmente vicepresidenta electa a poco de asumir su cargo– resulta sencillo pronosticar que todo lo concerniente a su acto de defensa tendrá una aún más amplia propagación que aquellos que involucrara a sus consortes de causa, lo que demuestra palpablemente que la protección que ha pretendido este tribunal respecto a la autenticidad de los futuros testigos, en este caso ha quedado inoperante y que debe prevalecer entonces el principio de publicidad del proceso como condición fundamental de legitimidad de la administración de justicia», sostuvo el juez que votó en minoría. (IProfesional)
