Cuadernos K: Quiénes son los empresarios que más «coimas» habrían pagado

La causa involucra a hombres de negocios de la «era K», pero también alcanza a nombres cercanos al actual presidente Mauricio Macri. Los detalles.

Los dueños del grupo cordobés Electroingenería y de la constructora Iecsa lideran el supuesto pago sobornos y coimas a ex funcionarios del anterior gobierno kirchnerista que habría detectado el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno.

Al cerrar la investigación y decidir elevar el caso a juicio oral, el magistrado hace un minucioso detalle del dinero que cada grupo empresario involucrado les entregó a integrantes de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner entre el 2003 y el 2015 para ser favorecidos en diferentes licitaciones y operaciones vinculadas a la obra pública.

Por ese motivo y junto a varios ex funcionarios K, acusa a los empresarios identificados en la causa de también «haber integrado una asociación ilícita que durante esos años tuvo la finalidad de organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos».

En este marco es que el juez señala a Néstor y Cristina Kirchner como los máximos responsables de esta «asociación ilícita», como así también al ex ministro Julio De Vido, y su colaborador Roberto Baratta; el exsecretario de Obras Públicas, José López, y también a varios empresarios como Aldo Roggio; Gerardo Ferreyra; Enrique Pescarmona; Carlos Wagner y Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, por nombrar a algunos de los 53 acusados.

Para Bonadio, los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de estos hombres de negocios que pagaron sumas de dinero por un monto aproximado a los u$s100 millones, «en un sinnúmero de oportunidades entre 2003 y 2015, lo que permite acreditar la permanencia en el tiempo de la organización ilícita».

Antes de detallar todas las operaciones involucradas en la causa, el juez identifica a los ex funcionarios que recibieron los «fondos ilegales», tal como lo describe en su escrito.

Además de Néstor y Cristina Kirchner, nombra a Julio De Vido; Roberto Baratta; Ernesto Clarens; Oscar Parrilli; Héctor Daniel Muñoz; Hugo Larraburu; Juan Manuel Abal Medina; José María Olazagasti; Hernán Del Río; Jorge Mayoral; Germán Nivello y José López.

Asegura que, en mayor o menor medida, todos fueron parte del esquema de recaudación ilegal desarrollado por orden del ex matrimonio presidencial en esos 12 años.

Para Bonadio, muchos de estos empresarios participaron en las maniobras mediante las cuales sus compañías fueron beneficiadas «de modo espurio con contratos para realizar obra pública aproximadamente entre los años 2003 y 2015».

En su fallo, agrega que los responsables de dichas empresas «acordaban a cuál le correspondía cada obra y debían entregar aproximadamente entre el 10 y el 20% del valor de la contratación a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, entre los que se encontraban Ernesto Clarens, Nelson Lazarte, Roberto Baratta y José López, quienes luego entregaban los fondos a Julio De Vido, Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Entre los empresarios y hasta el momento, Bonadio determinó que en el caso de Electroingenería, Gerardo Ferreyra y Oscar Acosta, y uno de sus principales ejecutivos, Jorge Neyra, formaron parte de ese entramado de corrupción y entregaron fondos por u$s31,5 millones a los «recaudadores» K en varias oportunidades.

En el extenso fallo que el magistrado dio a publicidad la semana pasada para elevar la causa a juicio oral, detalla los montos, los lugares y las fechas en las cuales los ejecutivos del Grupo Eling y de la empresa Electroingeniería pagaron las coimas haciendo referencia a las anotaciones que Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro Julio De Vido, hizo en sus cuadernos.

De esta forma, asegura que el 30 de septiembre del 2008, Neira realizó un pago en la esquina porteña de Reconquista y Florida a Baratta, «quien luego lo lleva a Muñoz al domicilio de Uruguay 1306».

Agrega que el 9 y 22 de octubre del 2008, Baratta retiró dividendos del domicilio de la calle Lavalle 462 5° y que el último día «se lleva la recaudación a Muñoz a Uruguay 1306; que el 2 de diciembre del 2008 Baratta recibe dinero de Ferreyra en el domicilio de la calle Lavalle 462 5° piso y luego se lo entrega a Muñoz en Uruguay 1306».

También que el 15 de diciembre del mismo año, Baratta y Llorens se reunieron con el empresario, quien les entregó un paquete con dinero, mientras que el 14 de enero del 2009 ambos ex funcionarios retiran el pago mensual, y el 21 de julio del 2010 Neira la entregó a otro ex funcionario una valija con u$s4,5 millones en el subsuelo de Alem 454, dinero que luego Baratta le lleva a Néstor Kirchner a la Quinta Residencial de Olivos. Añade que el 23 de julio del mismo año Neira le entregó a Baratta otra valija con u$s2,5 millones que también terminaron en manos del ex presidente.

Otra fecha que figura en la causa es la del 30 de julio del 2010 cuando Neira le entregó Baratta una valija con u$s4,5 millones que se suman a dos entregas más por la misma cifra el 4 de agosto siguiente y el 30 de septiembre.

En tanto, el 7 de octubre, Neira suma otros u$s4 millones que le entrega en mano a Lazarte, además de otros u$s3 millones que el 13 de octubre dejó en un departamento de Puerto Madero a manos de Baratta.

Dos semanas después, el pago lo hizo otra persona en reemplazo de Neira por u$s3,5 millones que luego son recibidos por Muñoz. Y luego contabiliza otras fechas en las cuales alguno de los ejecutivos de Electroingenería siguieron entregando dinero a los recaudadores K como las del 12 de noviembre y 26 de noviembre del 2010; 18 de septiembre del 2013; 18 de junio, el 3 de agosto y el 14 del mismo año, y el 18 de junio y 14 de agosto del 2015.

Sumando cada fecha y cada monto entregado, en su fallo Bonadio entiende que Electroingenería aportó un total de u$s31,5 millones de los u$s100 millones en coimas que detectó el magistrado en la, basado en las anotaciones de Centeno y en las investigaciones del fiscal Carlos Stornelli.

Desde Electrongeniería rechazan las acusaciones, tal como ya lo hicieron los tres empresarios implicados en sus declaraciones ante el rpopio Bonadío. En el caso de Ferreyra negó el pago de sobornos y sostuvo que el dinero fue aportado en calidad de ayuda partidaria, como aporte político y de manera personal. Por lo tanto, rechaza la comisión de los delitos que le endilgan en la causa.

Del mismo modo, Osvaldo Acosta hizo lo propio. El co fundador del grupo cordobés negó haber cometido algún ilícito, mientras que Neyra admitió haber llevado bolsos pero desconociendo su contenido y avalando las declaraciones de Ferreyra de que se trató de dinero personal y como aportes de campaña.

La acusación contra Calcaterra
Más allá de los dichos de estos tres empresarios, en su fallo Bonadio detecta pagos de sobornos de otros grupos. Por eso, en el ranking de los que más habrían pagado figura en segundo lugar Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, junto a otros ex ejecutivos de las sociedades ODS y IECSA, con un pago total de coimas por u$s13,55 millones.

En este caso, identifica a Héctor Javier Sánchez Caballero como quien realizó varios pagos por ODS y IECSA, «por orden de Ángel Jorge Antonio Calcaterra, accionista de las firmas mencionadas», las cuales se concretaron en el garaje del hotel Hilton de Puerto Madero.

Las fechas detalladas en la causa van del 1 de octubre del 2013, cuando Lazarte retiró u$s1 millón a el 14 de septiembre del 2015, cuando el mismo ex funcionario K se llevó otros u$s350.000.

En el medio, figuran un gran cantidad de pagos por u$s1,5 millones el 30 de junio y el 13 de julio del 2015, por ejemplo. También cuatro cobros más en la misma cochera del Hotel Hilton los días 11, 17, 18 y 24 de septiembre del 2013 cada una por u$s 1.5 millones. También hubo retiro de dinero en el edificio de Manuela Sáenz 323/351, donde funciona ODS S.A. el 16 de julio y el 1 de agosto del 2013 que retiraron Baratta y Lazarte, apellidos que se repiten en varias fechas más que agrega Bonadio.

Si se suma lo aportado por Electroingeniería y las empresas del primo del presidente Macri se llega a los u$s45 millones, lo cual representa casi el 50% del total del monto señalado por Bonadío en su fallo como recaudación por coimas y sobornos y que asciende a los u$s100 millones.

Los otros u$s55 millones los aportaron las firmas Albanesi; Esuco; IMPSA; Techint; Roggio; Isolux; Emepa y empresarios como Juan Carlos Lascurain; Carlos Wagner; Hugo Eurnekian; Marcelo Mindlin; Néstor Otero y los hermanos Tasselli, entre otros.

De hecho, en el tercer lugar entre las empresas que el magistrado identifica como mayores aportantes a la asociación ilícita que lideraron Néstor y Cristina Kirchner aparece Armando Roberto Loson, dueño del grupo Albanesi, con u$s4,25 millones.

Los pagos, según la causa, se concretaron siempre en el edificio ubicado en Leandro N. Alem 855, donde tenía sede la empresa: los días 18 de julio, 25 de julio, 29 y 30 de agosto, 10 y 16 de septiembre del 2013 por u$s1,5 millones.

Luego, entre el 2 de junio y el 6 de octubre del 2015, la firma aportó otros u$s3,75 millones que en todos los casos fueron recibidos por Baratta y Lazarte, siempre según las anotaciones de Centeno.

En el caso del empresario sanjuanino Hugo Alberto Dragonetti, dueño de la constructora Panedille, aparece en el cuarto puesto del ranking con aportes por u$s3,5 millones.

Según Bonadio «participó de la asociación ilícita ordenando que se realizaran entregas de dinero entre el 3 de febrero del 2010 y el 21 de julio del 2015. Junto a su hijo, este empresario siempre se contactó con Baratta y Muñoz, quienes luego transportaban los fondos en el auto de Centeno y con dirección al Ministerio de Planificación Federal, en esos años a cargo de Julio De Vido.

Otra constructora, Supercemento, aparece en el cuarto puesto. Sus dueños aportaron u$3,2 millones en sobornos para quedarse con varias obras públicas que eran licitadas por el gobierno kirchnerista y con el quinto puesto del ranking.

Según Bonadio, el dinero fue entregado por Raúl Alejandro Ibarra; Santiago Nicolás Moresco y Miguel Ángel Marconi, quienes «participaron de la asociación ilícita ordenando varias entregas de dinero a nombre de la firma Supercemento».

Las transacciones ocurrieron entre el 7 de septiembre y 22 de octubre del 2015, siempre en el domicilio de la calle Tres de Febrero 2750 de esta ciudad. «Dicho dinero fue entregado por Lazarte a Baratta, en el primer caso en el Ministerio de Planificación», agrega el fallo de Bonadio.

El caso Techint
En los casos de Techint, Roggio e Ivanissevich, el juez hace mención y detalla todas las operaciones de pago de sobornos confirmadas aunque sin dar a conocer las cifras que habrían aportado cada uno de estas empresas y hombres de negocios.

Por ejemplo, en lo que respecta a la participación del holding de Paolo Rocca, asegura que el pagador fue Héctor Alberto Zabaleta por indicación de Luis Bentazza y con la anuencia del propio Rocca.

De este modo, Zabaleta llevó a cabo entregas entre el 29 de mayo y el 3 de octubre del 2008, en el edificio del Grupo Techint, ubicado en la calle Della Paolera 299 de esta ciudad, y los recaudadores fueron Baratta y Muñoz, que en varias ocasiones recibieron bolsos con importantes sumas de dinero.

En la causa se relatan las negociaciones y encuentros mantenidos entre los ejecutivos de Techint y varios ex funcionarios K para «ayudar» al holding a abandonar sus operaciones en Venezuela en el 2008, luego de que el ex presidente de ese país, Hugo Chávez, decretara la expropiación de Sidor, filial local del grupo argentino.

«Así durante el año 2005 el director Corporativo del grupo mencionado, Luís María Cayetano Betnaza, se reunió en Mar del Plata, durante la Cumbre Iberoamericana, con el Presidente Chávez, Néstor Carlos Kirchner, y Cristina Elisabet Fernández para que SIDOR no sea nacionalizada», dice el fallo de Bonadio.

Agrega que en dicha reunión, Chávez indicó que la firma no iba a ser nacionalizada porque estaban contentos con su desempeño. Pero, luego a comienzos del 2008, Betnaza mantuvo un encuentro con Rafael Ramírez, presidente de ‘PDVSA’ y del Ministerio de Energía de Venezuela, quien le indicó que no estaban contentos con el desempeño de Sidor y que pensaban nacionalizarla.

«Fue así que al poco tiempo salió por decreto presidencial su nacionalización y entre abril y julio del 2008 se indicó que debían entregar la sociedad, ante lo cual los directivos de la firma acudieron, al gobierno argentino a pedir que intercediera para lograr el cobro de la empresa, pues valía mucho», añade Bonadio en sus fundamentos.

En este marco, se producen las reuniones con Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales; Julio De Vido; José María Olazagasti y Roberto Baratta, quienes le pidieron a Techint dinero para poder gestionar con el gobierno de Venezuela una salida ordenada.

También se asegura que en un acto en la planta de Sidor y luego de diferentes reuniones con funcionarios del gobierno argentino y venezolano, Claudio Uberti le señaló a Betnaza que Kirchner estaba «enojadísimo» con Techint pues no colaboraban económicamente con él ante lo cual el ejecutivo del grupo señaló que no lo iban a hacer. Esto, siempre según el dictamen de Bonadio, desembocó en que Uberti le dijera algo a Kirchner al oído y se fueran del lugar en helicóptero sin saludar a nadie.

«Esto lo tomó el gobierno de Chávez como una falta de apoyo por parte del gobierno argentino a la empresa por lo que comenzaron a realizar diferentes planteos legales contra la firma, y todos con consecuencias penales», se argumenta en el informe. Se agrega que eso se sumaba a que Venezuela amenazaba con no dejar salir del país a todos los directivos de Sidor.

Algo parecido ocurre en los pagos de Aldo Roggio a quien Bonadio acusa de participar de la asociación ilícita ordenando varias entregas de dinero, mediante personas no individualizadas y a nombre de la firma Benito Roggio e hijos S.A.

Se asegura en la causa que los pagos se efectuaron entre el 26 de junio y el 4 de septiembre del 2013 y que los recaudadores siempre fueron Baratta y Lazarte. También se identifican los sitios donde se llevaron a cabo estos aportes pero no se hace referencia a la suma recaudada.

Más allá de estos detalles, el juez Bonadío agrega varios pagos menores entre las empresas involucradas como los que hicieron Carlos Wagner por Esuco, por u$s1 millón; Enrique Pescarmona por u$s1,45 millones; Néstor Otero por u$250.000; Claudio Glazman, por Isolux, con otros u$s1,5 millones.

También Rodolfo Poblete y Gabriel Romero, del grupo Emepa, y de la empresa Hidrovía S.A, por u$s600.000; Alberto Tasselli por u$s1,45 millones; Manuel Santos Uribelarrea, que entregó otros u$s1 millón; Raú Vertúa, por u$s850.000.

El magistrado agrega al listado a Eurnekian con u$s750.000; Alberto Padoan, del grupo Vicentín, con u$s1,5 millones; Marcelo Mindlin, con u$s2,6 millones. Se hace referencia además a que entre el 2003 y el 2007, Claudio Uberti, como titular del OCCOVI, se encargó de solicitar dinero a distintas empresas que participaron de las concesiones de los «corredores viales», según le encomendó el propio De Vido. Por orden de Néstor Kirchner.

Entre las empresas mencionadas se destacan Coarco (Patricio Gerbi); Equima (Marcela Edith Sztenberg); Grupo Techint (Luís María Cayetano Betnaza); Vialco (Luís Mezza); Decavial (Miguel Marcelino Aznar) entre otras.

En el caso del holding de los Rocca, fue Uberti el encargado de solicitarle dinero a Betnaza para prorrogarle a la firma la concesión de Caminos del Oeste, de acuerdo a las investigaciones del fiscal Stornelli avaladas por Bonadio en su fallo.