La Corte Suprema frenó el inicio del juicio oral a CFK

Lorenzetti, Rosatti, Maqueda y Highton exigieron al Tribunal Oral que le gire toda la investigación por direccionamiento de obra pública. Así frena chance de comienzo de debate la semana próxima. De fondo, pretende anticiparse a nulidades y deja a la intemperie a jueces que intervinieron.

Por Gabriel Morini/ Ámbito.com

A una semana exacta de que comenzara el juicio oral por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz que iba a sentar por primera vez en el banquillo a Cristina de Kirchner junto con un puñado de exfuncionarios y a Lázaro Báez, la Corte Suprema decidió pedir el expediente principal de la denominada causa “Vialidad” al Tribunal Oral Federal N° 2 para revisar planteos pendientes que presentaron las defensas. Esa resolución, ordenada por todos los ministros -a excepción de Carlos Rosenkrantz- implica en los hechos la suspensión del inicio del debate, y que se postergue con fecha indefinida su realización. Pero la jugada del máximo Tribunal implica también enviar un mensaje “político” puertas adentro del Poder Judicial, al admitir, con ánimo precautorio, una serie de recursos que incluían quejas de los imputados por medidas de prueba que habían sido rechazadas en instancias anteriores bajo el argumento de denegación de justicia.

Sin tiempos establecidos para analizar los planteos, no existe posibilidad alguna de que el juicio comience, luego de que ayer fuese notificado el Tribunal del carácter de “urgente” del pedido de la secretaría penal de la Corte. Fueron dos líneas que también habilitaron una lectura electoral, y un cachetazo para la Casa Rosada que ha visto deshilacharse la agenda judicial que auspiciaba. La “puntillosidad” judicial con la que la Corte revistió su decisión chocó con la visión de los operadores del oficialismo que vieron un enorme semáforo en verde del máximo Tribunal para que Cristina juegue electoralmente sin estar atada a la simultaneidad de un juicio oral.

La cronología de la decisión se remonta al lunes de la semana pasada, cuando de manera simultánea circularon por todas las vocalías al menos 4 recursos presentados por las defensas de los imputados en la causa Vialidad centrados algunos en una cuestión de competencia y otros bajo la queja por “denegación de justicia”. Los ministros iniciaron conversaciones informales para mensurar la relevancia de los planteos y concluyeron en que aproximadamente un 80% de los pedidos de prueba solicitados por las defensas habían sido rechazados durante la instrucción y por el trámite que el caso tuvo ante la Cámara y ante Casación. Algunos de los escritos de los abogados de los imputados sostenían fundamentos atendibles. Con distintos argumentos por parte de cada uno de los jueces, la decisión se trasladó a sobre si debían actuar antes o después, como era costumbre de la Corte cuando los casos escalaban luego de un juicio. Sobrevolaron antecedentes históricos de dos expresidentes sentados en el banquillo y del resultado final de las causas: Carlos Menem (Armas) y Fernando de la Rúa (Sobornos del Senado). Ambos, por distintas vías, terminaron en resultados absolutorios. Los cuatro ministros -Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y también (sorpresa) Elena Highton de Nolasco llegaron ayer a la reunión de Acuerdos con una decisión tomada: amortiguarían el “costo” de “pisar” el expediente y frenar el inicio del juicio ante la chance de que hubiese habido irregularidades en el trámite de la causa. Rosenkrantz se inclinó por desestimar recursos que no fuesen contra una sentencia firme mediante la fórmula del artículo 280.

Las eventuales irregularidades fueron el principal mensaje que cruzó como una bala trazadora desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales rumbo a Comodoro Py: la Corte, esta vez, se anticiparía a verificar que no haya habido apresuramientos y desprolijidades que pudiesen derivar en futuras nulidades una vez que el juicio comenzara. En el fondo, es el talón de Aquiles de las causas que involucran a los máximos estamentos políticos en Argentina, algo bien sabido dentro del Poder Judicial que suele reincidir en los mismos yerros. Sin embargo, el kirchnerismo podrá celebrar la suspensión de las audiencias, pero no deberá esperar definiciones sobre el fondo de la cuestión acerca de las eventuales imputaciones penales que se han investigado: una vez que la Corte “depure” los planteos y afine el lápiz sobre el contenido del expediente, lo devolverá. ¿Qué pasaría si se ordenase una pericia integral y comparativa? Los tiempos podrían volverse infinitos. Lo mismo si se cuestionaran decisiones que implicaron a toda la cadena de jueces que intervinieron en la causa, lo que los dejaría a la intemperie.

La decisión de la Corte implica mucho más que el retraso de un juicio: podría dejar en un tembladeral el resto de las causas judiciales de alto voltaje político cuyos desaguisados en instrucción intentaban ser ahora corregidos y emparchados por los tribunales orales antes de ponerles fecha a los juicios. El mensaje “ordenador” de la Corte -tal como había informado este diario el 15 de abril que serían disparados- tendrá repercusiones en múltiples “mesas de entrada”. (Ámbito.com)