Reclamo millonario de la AFIP a Uber por evadir impuestos y aportes patronales

La AFIP le reclama una deuda millonaria por evadir impuestos y aportes patronales, al considerar que los choferes deberían estar en relación de dependencia.

La justicia porteña dictó que es ilegal e intentó, sin éxito, bloquearla. Hasta el gobierno porteño desarrolló una aplicación propia, BA Taxi, para evitar su uso. Pero Uber se las arregló para seguir funcionando.

Pero ahora el horizonte se ennegreció para la plataforma de viajes con chofer, luego de que la AFIP la denunciara por una evasión millonaria. No sólo de impuestos, sino también de obligaciones patronales, ya que considera a sus más de 60.000 conductores como empleados en relación de dependencia.

En efecto, el organismo le reclama una deuda de más de $358 millones, compuesta por:

• $81 millones de IVA
• $67 millones de Impuesto a las Ganancias
• $43 millones de multas
• $31 millones de contribuciones patronales
• $25 millones de aportes
• $112 millones de intereses a la Seguridad Social

Fue un baldazo de agua fría para la compañía, que en un intento desesperado salió a responderle al ente recaudador. Asegura que sus choferes «no son empleados» y que «paga todos los impuestos» correspondientes a su actividad.

En este sentido, indica que «los Juzgados Nº 7 y Nº 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires ratificaron con tres sentencias firmes, en noviembre de 2018, que los socios conductores no son empleados de la plataforma».

«Al momento, Uber no ha recibido notificación formal de AFIP de proceso alguno. En atención a la información difundida, aclara que paga todos los impuestos y está a disposición de cualquier consulta de la AFIP», apuntan desde la compañía, que no para de tener dolores de cabeza en su corta estadía en el país.

No obstante, la justicia porteña le dio otra estocada en las últimas horas. El titular del juzgado número 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Víctor Trionfetti, resolvió la ampliación de la medida cautelar dictada el 13 de abril de 2016, en el marco del proceso iniciado por el Sindicato de Peones de Taxi.

Todo indica que la puja entre el ente recaudador y la empresa estadounidense sumará varios capítulos en los tribunales.

Según fuentes consultadas por iProUP, si Uber finalmente pierde la pulseada contra el fisco, debe abonar la millonaria multa y se ve obligada a pagar aportes y contribuciones por sus conductores -como si todos ellos estuviesen en relación de dependencia-, abandonará la Argentina.

El frente tributario

¿Existe relación de dependencia entre proveedores de servicios (choferes en el caso de Uber o ciclistas si se trata de Rappi, Glovo o Pedidos Ya) y las plataformas en las cuales se desempeñan? En el plano legal, la respuesta a esta pregunta divide las aguas entre los propios abogados laboralistas.

Sin embargo, en el plano impositivo sí hay consenso entre los especialistas de que una empresa que opera en el país debe tributarle al fisco.

Para Iván Sasovsky, a la hora de calcular la deuda primero debe definirse bajo qué tipo de vínculo se encuadra la relación entre las app y las miles de personas que trabajan para ellas.

«Es mucho más amplio de lo que parece, no es sólo una cuestión fiscal ni de Seguridad Social, tiene que ver con la legitimidad de las operaciones que realizan y la naturaleza jurídica que tienen este tipo de servicios en el país», explica en diálogo con iProUP.

«Los impuestos deben reconocer la realidad económica, hay un sesgo en el dictamen del fisco, tiene que ver con forzar el negocio en una interpretación fiscalista que nada tiene que ver con la realidad», completa el experto en materia tributaria.

En caso de que no se confirme una relación laboral, el tributarista Marcelo Rodríguez asegura: «El dueño del auto sólo pagaría IVA cuando supere viajes de 100 km, como ocurre con los taxis y remises», mientras que la empresa estadounidense «debería abonar Ganancias e IVA por la comisión».

Su colega Sebastián Domínguez, coincide en que Uber debería estar alcanzado «por la comisión, ya que no es un beneficio del exterior sino que se trata de una empresa que actúa en la Argentina».

El conflicto entre la AFIP y Uber irá subiendo de tono. Según Sasovsky, este fallo «será apelado ante el tribunal fiscal por temas impositivos y ante la cámara en temas de la Seguridad Social».

«En cuestiones relacionadas con la determinación de impuestos, el fisco podría ejecutar bienes en caso de prosperar esta determinación en el futuro. Es decir, activos que tenga en el país, es muy raro que se traben embargos en el exterior», completa.

En este punto, la economía de las app presenta otro escenario no contemplado por la legislación argentina. «Al momento de ejecutar la deuda, no se sabrá contra quién, porque no hay bienes», sostiene Rodríguez, ya que los autos son de los «socios conductores» y no de Uber.

Además, como los viajes se pagan en efectivo, ya que la Justicia bloqueó las tarjetas emitidas en la Argentina para las operaciones de la aplicación, tampoco hay cuentas para trabar embargos.

El experto remarca en este punto que «el fisco podría pedir que se bloquee la aplicación en todo el país». Cabe recordar que la justicia porteña intentó hacerlo pero fue muy difícil de aplicar la restricción sólo dentro de los límites de la Capital Federal. En cambio, impedir su uso en todo el país sería más sencillo.

Domínguez es categórico al afirmar: «Si Uber tuviera que pagar los impuestos que le está reclamando la AFIP, no le cerrarían los números. No alcanza el precio que cobra para absorber semejantes gastos. El modelo de negocio que tiene se basa justamente en no tener empleados», asegura el tributarista, quien agrega que además la firma enfrentaría altos costos laborales, juicios, etcétera.

Sasovsky coincide en que, de confirmarse la relación de dependencia, los choferes recibirán los aportes correspondientes, pero «el negocio de Uber dejaría de ser viable».

«El fisco puede suspenderle la CUIT, por ejemplo. Pero primero hay medidas preventivas que sus representantes van a pedirle al juez. Lo fiscal no está relacionado con el funcionamiento de la aplicación», completa.

En última instancia, ya sea por el bloqueo de la app o las trabas para desempeñar su actividad comercial, a Uber no le quedará más opción que abandonar la Argentina. Por ahora, desde la empresa prefieren esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

Tal como diera cuenta iProUP, desde hace tiempo Uber se ve imposibilitada de percibir las comisiones que deben rendirle sus choferes (25%) por viajes en efectivo. Es decir, el 100% de lo abonado por los clientes quedan en mano de los conductores. En tanto, el pago con tarjeta de crédito sigue restringido (salvo plásticos internacionales).

«No lo consideramos como ir a pérdida, sino como parte de las distintas etapas del desarrollo en el país», aseguró a iProUP Juan Labaqui, gerente de Comunicaciones para Uber Cono Sur.

La idea inicial de la compañía era ir recuperando esos fondos cuando les desbloquearan las tarjetas, quizás en algún momento de este año. Por eso, el reclamo de la AFIP retumbó fuerte dentro de la compañía y puso puntos suspensivos al futuro de la app en la Argentina.

Actualmente, una persona que maneja ocho horas, los seis días de la semana, percibe alrededor de 36.000 pesos por mes, según cálculos de la empresa. Esto significa que ese conductor genera en el mismo lapso casi 9.000 pesos por comisiones que hoy la firma no está recaudando. Se estima que Uber tiene cerca de 60.000 choferes activos y más de 1 millón de usuarios que utilizan regularmente la app en la Argentina.

El frente laboral

La economía de las apps divide las aguas entre los principales abogados laboralistas. Juan Carlos Cerutti sostiene a iProUP que el «caso Uber» es exactamente igual al de trabajadores de aplicaciones como Rappi y Glovo.

En ese sentido, subraya: «Es una clara relación de dependencia. De hecho, la resolución de AFIP especifica multas por falta de aportes y contribuciones. Es decir, son todos empleados que hasta ahora se mantuvieron ‘en negro’, bajo la óptica de la ley argentina».

Según el especialista, es un sistema de evasión finamente calculado en el que «estas empresas tienen ‘no-trabajadores’ trabajando para ellos de forma autónoma».

Otro frente de acción al que se expone Uber es la relación con los sindicatos. Para Cerutti, «el gremio al que le corresponda representar a los trabajadores de la empresa podría exigirle obra social o aportes sindicales, entre otros».

Además, añade que «existe un entramado de sociedades con el que se lleva la plata al exterior, la divide entre varias firmas y la vuelve a traer al país para pagarle a los choferes. De eso se valen las apps para subsistir durante años evadiendo impuestos».

Pablo Mastromarino, socio de Tanoira Cassagne Abogados, tiene una opinión contrapuesta a la de su colega: «El caso de los conductores de Uber no es igual al de los repartidores, aunque en todos estos casos hay un denominador común: son servicios prestados a través de plataformas digitales».

Agrega que el problema es que la Ley de Contrato de Trabajo data de 1974. «No existe ninguna legislación laboral que contemple estas nuevas figuras. Por eso, resulta fundamental y urgente que se sancione una nueva ley que contemple la situación especial y particular de estos servicios».

«Hasta que esto no ocurra, las empresas están a merced de embates judiciales y es alto riesgo de que a los conductores se los encuadre en relación de dependencia», completa.

El abogado considera que la tecnología «ha creado una nueva figura. Un nuevo tipo de prestación que rompe la dicotomía entre trabajo dependiente y trabajo autónomo».

Solana de Diego, del estudio Julián de Diego y Asociados, hace una comparativa con la plataforma de eCommerce más grande de América Latina. «Es como si los que venden productos en Mercado Libre pidieran que se les reconozca un vínculo laboral por vender por intermedio de la empresa», aclara.

Asimismo, considera que empresas como Uber operan «dentro de lo que se llama ‘trabajo colaborativo’, en el que las app son una mera intermediaria entre los conductores, que son personal autónomo, y los pasajeros».

«No estamos hablando de trabajadores en relación de dependencia sino de autónomos que fijan su propio horario, eligen cuándo conectarse, qué pedido tomar o rechazar y no reciben ningún tipo de sanción disciplinaria», concluye. (IProfesional)