Avanza la regulación a Facebook y Google para la campaña de las presidenciales

Los emisarios de Mark Zuckerberg se ofrecieron a colaborar con sus redes sociales pero no por su servicio estrella de chat, la herramienta clave en las elecciones. Polémica por la evasión impositiva.

La ley de financiamiento político aprobada en el Senado que sería sancionada en las próximas semanas incorporó rígidos controles al uso de las redes sociales en la campaña electoral, para supervisar la inversión de los candidatos y combatir la propagación de noticias falsas mediante los afamados trolls.

No todos los gigantes de internet reaccionaron igual: mientras que los emisarios de Facebook y Google se mostraron dispuestos a colaborar, los de Twitter fueron más cautelosos y en Whatsapp resistieron cualquier auditoría.

En diálogos informales con jueces electorales emisarios de la empresa de chat alegaron no poder leer los mensajes porque están encriptados y sólo están dispuestos a controlar los flujos. Sin embargo, admitieron vender un servicio de mensajería empresarial, aunque «muy restringido» a empresas y, aseguraron, sin chances de ser ofrecido en campañas políticas.

Whatsapp fue la herramienta estrella utilizada por Jair Bolsonaro para ser presidente de Brasil cuando estaba muy por debajo en todas las encuestas. Tanto fue así, que tras su consagración voceros de la compañía reconocen haber tomado medidas contra las noticias falsas, como restringir los grupos a 2000 personas y limitar la cantidad de reenvíos posibles.

En Argentina podía repetirse la misma historia: Marcos Peña instruye a los candidatos de Cambiemos a hacer campaña por Whatsapp, con reenviados masivos a los grupos de madres.

La autonomía que exhibe la compañía en el mundo es cuanto menos curiosa: en 2014 Marck Zuckerberg anunció que la compró por 14 mil millones de euros pero sus emisarios sólo responden por Facebook y la ascendente Instagram. Las consultas sobre el servicio de mensajería las derivan a un directivo que atiende por skipe desde un lugar desconocido del planeta y se desentiende por los diálogos de los usuarios.

Los senadores del peronismo incluyeron en la ley financiamiento dos artículos para darle carácter legal a la acordada de la Cámara Nacional Electoral del año pasado, que persiguió dos fines: concientizar a la ciudadanía de que muchas noticias publicadas en las redes sociales son inventadas y blanquear el dinero que mueve este mercado durante las campañas políticas.

Para lograrlo, el artículo 19 de la ley, que será dictaminada este jueves en Diputados y sancionada el 8 de mayo, crea un registro de cuentas oficiales de los candidatos. O sea, al día siguiente de presentarse las listas los apoderados de los partidos políticos deberán confirmar los sitios web y los perfiles de redes sociales que son auténticos.

En el artículo siguiente se regula «la rendición de gastos de campaña en plataformas digitales» y se exige conocer el material audiovisual producido para promocionar por redes sociales.

En la discusión en particular del proyecto, los senadores facultaron a la Cámara Electoral a reglamentar esa rendición, suficiente para que atendieran el teléfono Facebook y Google, que otros años sólo respondían consultas oficiales por correspondencia.

Ante la inminencia de una ley se interesaron por saber qué información se les solicitará, aclararon que no analizan contenidos y por lo tanto será necesario identificar los spot a revisar.

Los reyes de Silicon Valley tienen de qué preocuparse: en el debate, los senadores advirtieron varias veces que el control de los gastos no será sencillo porque las empresas no facturan en Argentina y no pagar impuestos.

Muchos admitieron haber tercerizado las campañas digitales en agencias de publicidad y como no les causó gracia difundir esa intermediación, en la ley de financiamiento exigieron a los camaristas regular los balances locales de las plataformas antes de pedirles explicaciones incómodas.

«El problema vendrá después, porque si los motores de búsqueda se atan a la legislación argentina y se hacen públicas sus ganancias, no podrán justificar tan fácil que no paguen impuestos por prestar servicios en una campaña electoral», advirtió un legislador.

Los directivos de Twitter son más rebeldes y ante las primeras consultas de la justicia local advirtieron que no podrán presentar información financiera y que si los controles se endurecen podría estar en riesgo la libertad de expresión.

Fue la bandera que los motores de búsqueda levantaron para presionar al Congreso por una ley que les quite responsabilidad penal sobre los contenido que distribuye.

La promovió el Gobierno, se aprobó en el Senado en 2016 y la desechó en noviembre la Comisión de Comunicación de Diputados, presidida por Juan Brügge, de la democracia cristiana y miembro del peronismo federal.

En marzo, el Parlamento Europeo fue en sentido contrario y le exigió a Facebook, Google y su estrella de videos Youtube a pagar por los contenidos que seleccionan para distribuir en los feed de los usuarios mediante rigurosos algoritmos, fabricados con su información personal y con el único fin de captar su atención. Entre medio de esas tiras de noticias se intercalan las publicidades de empresas y candidatos políticos, sumas millonarias que giran por el mundo con escasos controles.

La ley de financiamiento electoral, cuyo eje principal era blanquear los gastos electorales y habilitar el aporte privado, avanzó en sentido de la legislación europea al derivar un 60% de los fondos públicos destinados a publicidad a los medios de comunicación con producción propia El Gobierno se resistió a esta medida. Pero tuvo que ceder. (La Política Online)