Diputados impulsa la sanción de la «ley de góndolas»
Debatirán tres proyectos que generan grietas no solo entre empresarios, sino también en el propio oficialismo. Similitudes y diferencias entre los textos.
Por Sebastian Albornos/ IProfesional
El «pacto de caballeros» entre el Gobierno y los supermercados no logran despejar del todo los intentos del Congreso por regular la actividad comercial a través de una «ley de góndolas».
De hecho, el debate parlamentario sobre este tema arranca en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside la massista Marcela Passo, un día después del debut de las medidas implementadas con el fin de «congelar» los precios de unos 60 productos básicos por seis meses y el dictado del DNU sobre Lealtad Comercial.
La mencionada legisladora, que es autora de uno de los proyectos que se someterán a análisis, convocó a una reunión para este martes a las 16. También se pondrán a consideración el proyecto de Elisa Carrió, y otro impulsado por organizaciones sociales ligadas a la Central de Trabajadores de la Economia Popular (CTEP) de Juan Grabois, que cuenta con el apoyo del titular de Maxiconsumo, Víctor Fera.
En la reunión, la cual el seno que rodea al presidente Mauricio Macri pensó que se frenaba con el anuncio de Precios Esenciales, expondrán funcionarios del área de Defensa de la Competencia de la Secretaría de Comercio Interior, dueños de supermercados y representantes de asociaciones de defensa de los consumidores.
Precisamente Fera aseguró que el programa del Gobierno para bajar los precios «no es serio» y pronosticó que «será un fracaso» y aseguró que Macri impulsó este convenio para «voltear proyectos como la ley de góndolas». «No es serio» dijo.
Es que los empresarios de las cadenas de consumo más grandes,en el denominado «pacto de caballeros» por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se habrían comprometido a «congelar» el precio de algunos productos y de incluir otros en el programa de Precios Cuidados con el objetivo de bajar el intervencionismo estatal, como sucedería si se aprueba la «ley de góndolas».
Esta iniciativa, apoyada por empresarios pequeños y medianos que quieren ganar lugar en las góndolas de los supermercados más grandes, también deberá debatirse comisiones de Comercio -a cargo del justicialista Pedro Miranda y de Legislación General, presidida por el cambiemista Daniel Lipovetzky, que aún no fueron agendadas.
El debate por esta norma, que fue incrementándose desde la presentación del proyecto de Carrió a principios de este mes, motivó una reunión entre el jefe de la bancada del PRO, Nicolás Massot, Grabois y al diputado cívico Juan Manuel López, hombre de confianza de Carrió en la Cámara.
Algunos asesores de la cámara de Diputados ven a estas reuniones como un intento del oficialismo de frenar las embestidas de la oposición que busca debatir distintos proyectos económicos en sesiones especiales, aunque no tengan los votos necesarios para avalar esas iniciativas.
Ademàs, consideran que ayuda a consensuar algunos temas que se debatirían este miércoles en la primera reunión ordinaria convocada por el oficialismo, como el proyecto de ley economía del conocimiento y otro que regula el ejercicio profesional de la obstetricia.
En la primera sesión especial convocada por el antimacrismo, se discutieron proyectos sobre jubilaciones y aumento de tarifas Ahora buscaban tratar iniciativas sobre topes a las cuotas indexadas por UVA (hipotecarios y prendarios).
La propuesta de Carrió
La diputada oficialista, que descree del plan empresarial para mantener los precios «congelados», pretende evitar los casos de abuso de posición dominante en los que pudieran incurrir los supermercados y otros grandes proveedores.
La líder de la Coalición Cívica busca crear «un código de buenas prácticas comerciales obligatorio para las principales cadenas de supermercados del país, con el fin de atenuar las prácticas abusivas y evitar los costos asociados a las mermas, a las ventas promocionales, la generación de residuos, y costos logísticos, tanto de reposición como de logística inversa, o la misma distribución, dado que estos mecanismos resultan la principal barrera de entrada a los supermercados, lo que significan costos adicionales que limitan la concurrencia de otros proveedores».
Además, su proyecto estipula que «la participación en góndolas será equitativa para los oferentes, lo que garantizará la mayor concurrencia de marcas de diferentes proveedores, conforme las posibilidades económicas y las prácticas comerciales habituales».
En este sentido, Carrió propone la prohibición de «pautar la participación de un producto alimenticio de una marca determinada que supere al 20% del espacio disponible que el producto comparte con otros de similares características».
«Los exhibidores contiguos a las cajas y las islas de exhibición deben garantizar al menos un cincuenta 50% de productos de origen local y/o producido por Pequeñas y Medianas Empresas o por Cooperativas y/o Asociaciones Mutuales», establece.
También plantea que «la forma en que los productos sean exhibidos y distribuidos en góndolas por parte de los supermercados, no deben tener por efecto impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia dentro de cada categoría».
«Está prohibido pautar lugares de privilegio en góndola dificultando la exhibición equitativa de las diferentes marcas ordenándolas en forma vertical, y no horizontal, utilizando criterios objetivos», agrega.
En cuanto a los productos de menor precio, deberán «encontrarse a una altura no menor a los 90 centímetros y no superior a los 160 centímetros».
El proyecto massista
La iniciativa de la diputada Marcela Passo busca combatir «las distorsiones de precios minoristas originadas en la falta de competencia».
En una categoría de producto, ninguna marca individual o marcas de una misma empresa o grupo económico podrá disponer de más del 40% de la góndola en el primer año de vigencia de la ley, y 30% en el segundo. El proyecto de Carrió pone el límite en 20% del espacio.
Y crea en el ámbito de la Secretaría de Comercio, el «Programa de Medidas para el fomento de la competencia y reducción de distorsiones de precios en las ventas minoristas» en canales de venta de productos de consumo masivo a cargo de grandes empresas o grupos económicos.
El objetivo, es la reducción de distorsiones de precios minoristas originadas en la falta de competencia. Estos controles regirán sobre los «Supermercados y Supermercados Totales o Hipermercados» que cuenten con más de 50 bocas de expendio en todo el país.
Éstos comercios, «estarán obligados a que para cada categoría de productos, ninguna marca individual, o marcas de una misma empresa o grupo económico podrá disponer de más del 40% del espacio de góndola destinado a dicha categoría en el primer año de vigencia del programa, y 30% el segundo año y subsiguientes», aunque plantea la posibilidad de elevar estos topes, para los locales que tengan una menor cantidad de boca de expendio.
Además, para reducir costos por límites a los abusos de posición dominante, establece que a los fines de reducir los costos para los proveedores de los grandes supermercados e hipermercados, se aplicarán medidas como que el plazo máximo de pagos no podrá superar los 90 días. A su vez, los proveedores podrán aplicar los intereses que determine la autoridad de aplicación en caso de pagos realizados fuera de término, siempre y cuando no existan razones legales y fundamentadas por el incumplimiento.
La autoridad de aplicación podrá reducir este tope en función del tamaño o facturación de los proveedores. Además, las cadenas de supermercados e hipermercados no podrán exigirles a los proveedores aportes o adelantos financieros por ningún motivo, entre otras de las disposiciones.
El proyecto de Grabois
El líder de la CTEP, Juan Grabois, junto con el titular de la cadena Maxiconsumo se presentaron en la mesa de entradas de Diputados para presentar un proyecto de ley, que «tiene como objeto contribuir a que el precio de los productos alimenticios sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores; ampliar la oferta de productos alimenticios artesanales y/o regionales y fomentar la oferta de productos del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena».
En concreto, pretende que los supermercados estén obligados a ofrecer como mínimo cinco proveedores por rubro y que el mayor de ellos no pueda acaparar más del 30% del espacio de venta y establece la prohibición de la utilización de una góndola en más de un 30% de su capacidad para una sola marca o marcas de un mismo grupo económico. Asimismo, alienta a involucrar al menos cinco marcas diferentes.
También exige un 5% de la capacidad para ser utilizado con productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena y los sectores de la economía popular. Y plantea que el régimen comercial entre Grandes Superficies Comerciales y productores debe contemplar plazos de pago no superiores a los 60 días corridos y esquemas flexibles para la entrega de productos. (IProfesional)
