El Gobierno incluyó en su paquete congelar servicios hasta fin de año para «aliviar» el bolsillo

La decisión forma parte del paquete que el presidente Macri anunciará el miércoles para mejorar el humor social y fomentar el consumo pre electoral .

Dentro de los anuncios que el presidente Mauricio Macri hará el miércoles de la semana próxima, previo al inicio de Pascuas, habrá un párrafo dedicado a las tarifas de los servicios públicos.

Es decir, para la electricidad, el gas y el agua, cuyas facturas no sufrirán nuevos incrementos por lo menos hasta fines de diciembre de este año.
La medida fue reclamada por los principales referentes del radicalismo.

Los socios políticos del PRO en Cambiemos acercaron esta propuesta a los funcionarios de mayor peso en el Gobierno durante las reuniones que mantuvieron en la jornada de este miércoles.

El encuentro tuvo como escenario el despacho del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien estuvo acompañado por María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, además de los ministros Dante Sica y Rogelio Frigerio. Por la UCR participaron los gobernadores Alfredo Cornejo, Gerardo Morales y Gustavo Valdés.

Se buscaron consensuar fórmulas que permitan reactivar «lo más rápido posible» la economía pero sin abandonar ls reglas vigentes ni la política de reducción del déficit acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En este marco, y si bien el Gobierno había establecido un cronograma de subas de servicios que mayormente iban a impactar en los bolsillos de los clientes de estos servicios de Capital Federal y el Gran Buenos Aires (GBA), la necesidad de cambiar el mal humor social de cara a las elecciones nacionales de octubre hizo que también se decida congelar las facturas de luz, gas y agua.

«No van a haber más aumentos hasta fin de año», aseguraron de manera categórica desde el Ministerio del Interior que comanda Rogelio Frigerio, quien por estas horas se encuentra en Washington participando de las tradicionales reuniones anuales de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI), con buena parte del gabinete económico del Gobierno.

De hecho, el reacomodamiento de tarifas forma parte del programa de reformas que Argentina negoció a cambio del multimillonario préstamo otorgado por el organismo que preside la francesa Christine Lagarde, quien por estos días calificó como «una tontería» que un eventual nuevo gobierno rechace el acuerdo con el Fondo.

En la capital de Estados Unidos también se encuentran el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular del Banco Central, Guido Sandleris, quienes durante esta jornada expusieron ante 400 inversores sobre el futuro de la economía y las finanzas del país en el marco de un evento organizado por el JP Morgan. Ambos funcionarios hicieron referencia a los avances en los últimos tres años en la normalización de las variables económicas de la Argentina.

Pero seguramente también debieron responder algunas dudas de los inversores sobre el regreso de los controles de precios que tanto temor y recelo generaron a los capitales internacionales durante el anterior gobierno kirchnerista.

Es por eso que la palabra congelamiento no está en el vocabulario ideológico de Cambiemos, que para explicar las medidas que anunciará Macri la semana próxima para fomentar el consumo hacen referencia a otras fórmulas lingüísticas como «precios preferenciales» en el caso de la canasta de alimentos, o de «mantenimiento de las tarifas actuales» en lo que respecta a los servicios públicos.

La decisión de no cumplir con el cronograma de readecuación tarifaria fue tomada desde Jefatura de Gabinete mas allá de que Marcos Peña tampoco comulgue con fórmulas de congelamientos.

De todos modos, se trata de una medida con peso más bien mediático si se tiene en cuenta que los aumentos más fuertes de luz, gas y agua ya se llevaron a cabo durante el primer trimestre del año y que para adelante lo que resta es retoques vinculados a actualizaciones por inflación de las tarifas.

En el caso del servicio de Aysa en Capital Federal y el Gran Buenos Aires se aplicaron retoques en enero pasado de un 17% y quedará en suspenso otro 27% que debería ser anunciado para mayo próximo.

En lo que respecta a los servicios de Edenor y Edesur, los incrementos se habían planteado de manera escalonada durante seis meses para alcanzar una suba promedio del 55%. La primera readecuación ocurrió en febrero, con una suba del 26% en el precio mayorista de la electricidad y la segunda del 14% en marzo, vinculada a la readecuación por inflación del 2018.

Además, se habían establecidos otros incrementos para agosto, también vinculados a los costos de la energía y la inflación del año pasado. Pero también quedarán en suspenso.

Con respecto al gas, según la agenda de readecuación tarifaria negociada por las distribuidoras como Metrogas con el Gobierno, las subas se aplicarían de manera escalonada en tres meses hasta llegar a junio con un acumulado del 29%. Pero solamente quedaría vigente la del 10% que llegó con las boletas de abril, mientras que las de 9% en mayo y 8% en junio seguirán el mismo camino que las de luz y agua. Es decir, quedarán en suspenso.

De esta forma, el congelamiento de tarifas también será uno de los pilares del paquete de medidas que el Presidente Macri detallará la semana próxima durante un encuentro pactado por la mañana en Casa de Gobierno.

Será complementario al acuerdo de precios de una importante cantidad de productos de primera necesidad que por estas horas se está terminando de dar forma. En este caso, los encargados de negociar con las empresas proveedoras y las cadenas de supermercados son el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner.

Al mejor estilo de Guillermo Moreno, vienen convocando a los empresarios a encuentros maratónicos que arrancan muy temprano por la mañana y continúan durante casi todo el día.

Ya pasaron por las reuniones ejecutivos de grandes empresas como Mastellone, Arcor, Molinos, Nestlé, Pepsico, Ledesma, AGD y todavía quedan varias sesiones más. Lo mismo pasa con las cadenas de hipermercados como Coto, Carrefour y Walmart, cuyos máximos referentes ya intercambiaron opiniones con los dos funcionarios.

En este caso, el objetivo es armar una canasta de 30 productos de 12 categorías con valores que se mantendrán durante los próximos seis meses, entre los que se encontrarían marcas de harina, azúcar, yerba, aceite, higiene, pastas, por ejemplo.

La idea es que formen parte de los 560 artículos que componen Precios Cuidados, programa que vence el próximo seis de mayo y que también será renovado por lo menos por otros cuatro meses.

La diferencia es que parte de los productos de este esquema pueden ser retocados por las empresas cada dos meses, mediante acuerdos con el Gobierno, en un promedio de entre el 3% y el 4%.

Lo que se busca es que alrededor del 10% de esa canasta de Precios Cuidados pase a formar parte de otro programa que, para evitar la palabra congelamiento, en el Gobierno se refieren a que tendrán «precios preferenciales».

Con las empresas proveedoras se negocian fórmulas para mantener los valores inamovibles hasta fin de año y asegurar el abastecimiento. Las autoridades consideran que este último aspecto es crucial para el éxito del programa, ya que de nada sirve ofrecer artículos a valores congelados si no se consiguen en las góndolas de manera habitual.

Por eso, se buscan aceitar los instrumentos adecuados y necesarios para evitar el desabastecimiento o el faltante de alguno de estos 30 artículos en las cadenas de supermercados.

«La promesa de las empresas es garantizar el abastecimiento de manera adecuada, más teniendo en cuenta el calendario electoral y la necesidad de mejorar el humor de la gente en tiempos de comicios», explicaron desde una de las empresas que ya pasó por el despacho del ministro Sica.

«Se trata también de definir el producto y su costo para luego encontrar las maneras de que su oferta se sostenga durante el tiempo que nos piden desde el Gobierno», agregan en otra compañía alimenticia.

En cuanto a la función de las cadenas de supermercados, se negocia que los productos tengan una adecuada visibilidad en las góndolas, con una señalización que le permita a los consumidores identificarlos de manera fácil.

«Nos piden tener responsabilidad en garantizar y reforzar la señalización, con cartelería visible y con los precios correctos a los que se venderán los productos», admiten desde uno de los hipermercados de mayor peso. (Iprofesional)