Antes de la marcha de mañana, el Gobierno destrabó $3.500 para los sindicatos
En la previa de la marcha del jueves, crece la pelea entre los «duros» de Moyano y los «gordos» de Daer. El Gobierno envía señales a la facción dialoguista.
El Gobierno prepara los últimos trazos del decreto para saldar parte de la deuda que mantiene con las obras sociales. La medida para destrabar en forma inmediata fondos frescos por más de $3.500 millones es, por estas horas, uno de los principales canales de negociación abiertos con la cúpula de la CGT, que este jueves encabezará la primera protesta del año contra Mauricio Macri.
Lo hará en medio de una fuerte puja interna en la que el ala dialoguista intenta contener las presiones por parte de los sectores duros del sindicalismo encabezados por Hugo Moyano para avanzar en una quinta huelga general a fines de abril.
«Va a salir un decreto esta semana o la que viene con varios cambios para las obras sociales», confirmaron fuentes oficiales. La Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo del médico y exfutbolista Sebastián Neuspiller, elevó en las últimas horas a la jefatura de Gabinete buena parte del contenido de la normativa que incluye la reasignación de fondos para las obras sociales, la protocolización de tratamientos de alta complejidad y la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías (AGNET), una iniciativa que apunta a frenar los juicios de pacientes contra sus coberturas.
Con estos cambios, desde el Gobierno esperan ahora «aflojar» a los sindicalistas de la central obrera que ayer ratificaron la protesta de este jueves.
El acuerdo en concreto busca engrosar el presupuesto anual de la Superintendencia de Servicios de Salud con $3.500 millones que serán utilizados para la atención de los monotributistas y el sistema único de integración (SUR), que administra las prestaciones médicas de baja incidencia y alto impacto económico, según confirmaron fuentes oficiales a este medio.
La suma surge de los intereses del año pasado de los fondos invertidos en el Bonar 2020 y los intereses del fondo de asistencia y emergencia a las obras sociales, que se alimentará a su vez de los ingresos generados por la cancelación de la deuda de la prepaga OSDE con la SSS por $8.500 millones, de los cuales ya fueron abonados $1.700 millones.
El nuevo decreto será así una reformulación de aquel que firmó el Gobierno en 2016 para reintegrar $26.500 millones del Fondo de Redistribución Solidaria (FSR) a las obras sociales, que en los hechos se tradujo en una suma mucho menor.
De ese total, se destinaron $14.000 millones al Bonar 2020, $8.000 millones a la Cobertura Universal de Salud y $4.500 millones al fondo de asistencia y emergencia a las obras sociales. Ahora, las autoridades pretenden elevar este último a $10.100 millones con fondos adeudados por OSDE, pero que quedarán congelados hasta diciembre, una vez definidas las elecciones.
El trabajo técnico estuvo a cargo de Neuspiller junto a los directores de las obras sociales, quien de esa manera buscó diferenciarse del perfil cultivado por su antecesor, Sandro Taricco, de trato frecuente con los sindicalistas.
Las gestiones políticas, en cambio, fueron encabezadas por el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien luego de adelantar el aumento del salario mínimo a marzo en las últimas semanas se comprometió a trabajar con la dirigencia gremial «antes de la marcha, después de la marcha y durante todo nuestro mandato».
Los negociadores de la CGT reconocieron anoche la inminencia de los cambios previstos por el Gobierno, pero deslindaron las gestiones iniciadas en diciembre pasado con Sica y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley -tal como reveló este medio- de la protesta programada para este jueves, con eje en el empleo y la producción.
«Son reclamos viejísimos. De ninguna manera esto incide en la medida de fuerza, que es por la situación social y laboral», aseguró a iProfesional un hombre del entorno de Héctor Daer (Sanidad), el líder de la central obrera junto a Carlos Acuña (Estacioneros).
El trabajo técnico estuvo a cargo de Neuspiller junto a los directores de las obras sociales, quien de esa manera buscó diferenciarse del perfil cultivado por su antecesor, Sandro Taricco, de trato frecuente con los sindicalistas.
Las gestiones políticas, en cambio, fueron encabezadas por el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien luego de adelantar el aumento del salario mínimo a marzo en las últimas semanas se comprometió a trabajar con la dirigencia gremial «antes de la marcha, después de la marcha y durante todo nuestro mandato».
Los negociadores de la CGT reconocieron anoche la inminencia de los cambios previstos por el Gobierno, pero deslindaron las gestiones iniciadas en diciembre pasado con Sica y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley -tal como reveló este medio- de la protesta programada para este jueves, con eje en el empleo y la producción.
«Son reclamos viejísimos. De ninguna manera esto incide en la medida de fuerza, que es por la situación social y laboral», aseguró a iProfesional un hombre del entorno de Héctor Daer (Sanidad), el líder de la central obrera junto a Carlos Acuña (Estacioneros).
El líder de la alimentación, que ocupa el cargo de secretario de Industria en el consejo directivo de la central, sintetizó la estrategia de fondo el miércoles pasado durante un plenario de delegados en la sede del sindicato alimenticio de Buenos Aires, en donde llamó a «derrotar en el mes de octubre esta política reaccionaria de hambre, miseria y desocupación».
Daer es uno de los principales armadores de la movida sindical que, entre sus reclamos centrales, plantea la reactivación de la industria y la recuperación de los salarios y el empleo. Esas demandas, junto con el rechazo a la suba de tarifas, la alta inflación y la caída de la actividad que afecta a las Pyme, serán los principales ejes de la solicitada que será publicada este mismo jueves.
La decisión de prescindir de un palco de oradores se debe al temor en la CGT a que se repitan los incidentes de marzo de 2017, cuando grupos disidentes irrumpieron en un acto y se robaron el histórico atril de la organización, en medio de golpes y corridas.
Pero también apunta a bajarle el tono de mayor confrontación que busca propiciar el Frente Sindical por un Modelo Nacional (Fresimona), conformado por Moyano, el metalmecánico Ricardo Pignanelli, y la Corriente Federal de Trabajadores encabezada por el bancario Sergio Palazzo.
Todos ellos, junto a los movimientos sociales, presionan por un paro antes de mayo, mientras que los sindicatos de izquierda planean continuar la movilización hasta Plaza de Mayo. «Vamos a jugar fuerte este jueves», dijeron cerca de Palazzo.
Lo que todavía no está claro es la postura de los poderosos gremios del transporte, que mantienen diferencias internas respecto a intensificar la conflictividad y reparten sus respaldos electorales entre Cristina Kirchner, Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.
«La CGT quieren mantener la gobernabilidad, nadie dice abiertamente que está con Macri o Cristina, pero si dividís el electorado en cuatro, gana Macri», advirtió ayer el piloto Pablo Biró, integrante de la Confederación del Transporte.
Hasta el momento, la central obrera realizó cuatro paros generales durante la gestión de Macri: el primero fue el 6 de abril de 2017 contra la política económica; luego, el 18 de diciembre del mismo año, la entidad definió otra huelga contra el proyecto de ley de reforma previsional, que terminó con la sanción de la norma en medio de una batalla violenta frente al Congreso; el tercer paro fue el 25 de junio de 2018 en reclamo de la reapertura general de paritarias para hacer frente a la devaluación de mayo; y el último, el 25 de septiembre, en desacuerdo con el plan económico acordado con el FMI. (iProfesional)
