Paz electoral: El Gobierno le dará $32.000 millones de pesos a los sindicatos
El acuerdo se plasmará en un decreto y una resolución que destrabarán desembolsos prometidos desde 2016 y hasta ahora retenidos, y sumará otros recursos como los de un juicio que el Estado le ganó a la prepaga OSDE.
Por Mariano Martín/Ámbito Financiero
El Gobierno acordó con la CGT el pago de casi 14.000 millones de pesos para las obras sociales sindicales y comprometió otros 18 mil millones de pesos para la próxima década en compensación por una deuda arrastrada desde hace años y a cambio de una conflictividad administrada y de baja intensidad hasta las elecciones. El entendimiento se terminó de cerrar ayer por la mañana, horas antes de que la central anunciara una movilización conjunta con sectores opositores para el 4 de abril, y quedará plasmado en un decreto y una resolución que apuntalarán las finanzas de las entidades de salud de los gremios, golpeadas por la crisis económica y por una distribución discrecional de los recursos por parte del Ejecutivo.
El desembolso no será inmediato y tendrá tres fuentes centrales de financiamiento: por un lado destrabará $4.500 millones que permanecían inmovilizados desde la firma de un DNU en 2016 y que tenía como fin programas de asistencia y emergencia para las obras sociales; además incorporará $4.235 millones de un acuerdo extrajudicial que el Gobierno alcanzó en 2017 con la prepaga OSDE, y otros 3.100 millones de pesos correspondientes a los intereses de un bono que había suscripto la administración de Mauricio Macri a favor de las entidades de salud.
Entre esos tres ítems y los intereses del propio sistema el monto total del acuerdo alcanzará al menos 13.712 millones de pesos. A ese valor se le sumarán las 120 cuotas mensuales (de las que ya fueron pagadas 13) de 150 millones de pesos que OSDE comprometió para complementar su acuerdo extrajudicial con la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que para 2027 habrán totalizado 18 mil millones de pesos más intereses.
En la CGT alegaron que el convenio devuelve a los gremios parte de la deuda que el Gobierno mantiene con sus prestadoras de salud: “es un acuerdo importante en función de lo que se venía negociando, tanto desde el punto de vista político como para las obras sociales. Con esto se cerraría una parte de la deuda que mantiene el Estado con nosotros”, le dijo anoche a este diario José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la central obrera y gestor principal en el sistema de salud gremial.
Las gestiones estuvieron a cargo del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, junto a su jefe de Gabinete, Ignacio Pérez Riba. Además de Lingeri participó por la CGT uno de los cosecretarios generales, Héctor Daer, y exsuperintendente de Servicios de Salud Luis Scervino, técnico principal de las obras sociales antes y después de ese cargo. También fueron involucrados técnicos de la Jefatura de Gabinete nacional y tuvo un papel secundario el actual superintendente de Salud, Sebastián Neuspiller, médico y exfutbolista, quien como deportista se hizo amigo de Mauricio Macri.
El decreto, de inminente publicación en el Boletín Oficial, actualizará los postulados que contenía el DNU 908/16 y que en teoría había sido redactado para liquidar en su totalidad una deuda por 27 mil millones de pesos que los gobiernos de Néstor y Cristina de Kirchner habían acumulado con las obras sociales sindicales. Aquella normativa creó un Fondo de Emergencia y Asistencia a las entidades por $4.500 millones del que desde entonces sólo se distribuyeron intereses pero cuyo saldo permanece inalterado.
En la nueva norma ese fondo ascenderá a 10.112 millones con la incorporación de $4.235 millones del pago que OSDE le hizo a la SSS (por un total de $8.500 millones) y de 1.377 millones de pesos de intereses acumulados. El monto total irá al Fondo Solidario de Redistribución, que integra los recursos que el Estado recauda de las propias obras sociales y que les debería devolver a través de varios mecanismos, entre ellos el repago de los tratamientos médicos de alta complejidad y los medicamentos más costosos. Son los recursos de la ex Administración de Programas Especiales, en la actualidad renombrada como Sistema Único de Reintegros (SUR).
También el decreto fijará el destino de unos 480 millones de pesos mensuales (obtenidos de los intereses de los $10.112 millones): la mitad, $240 millones, se aplicará a un aumento de la cápita que perciben las obras sociales por la atención de salud de los monotributistas, y otro tanto a engrosar el sistema de reintegros SUR, que se hallaba virtualmente agotado por los incrementos en los valores de los tratamientos complejos en los últimos años, devaluación del peso mediante.
El mismo acuerdo prevé una suba de los pagos que el PAMI destina por la atención de los afiliados jubilados que optan por quedarse en sus obras sociales de origen. La mayor prestadora pasará de pagar un global de 67 millones de pesos mensuales con ese fin a un monto cercano a los $120 millones, en tanto que la propia SSS incrementará los recursos que utiliza para complementar la cápita de unos 350 mil jubilados que forman parte de este esquema.
El decreto reúne varios de los reclamos que sostuvo la CGT en los últimos años y que Macri en campaña electoral había prometido a atender apenas asumiera el poder, para diferenciarse de la política de los Kirchner de retener indefinidamente los pagos. Sin embargo, a pesar del DNU de agosto de 2016 los fondos jamás se ejecutaron en el modo comprometido y las obras sociales sólo recibieron los intereses de aquel acuerdo. (Ámbito)
