Cambiemos quiere prohibir que sus funcionarios sean dirigentes de fútbol
Será un artículo de la ley contra violencia en el fútbol que el 27 se trataría en Diputados. Carrió había pedido ampliar la restricción a gobiernos locales. Los otros cambios.
La Cámara de Diputados retornará este martes el debate de una ley para combatir la violencia en el fútbol que por pedido de Elisa Carrió incluirá la prohibición para que funcionarios y legisladores nacionales sean dirigentes de clubes de la AFA.
El reclamo de la chaqueña fue más amplio: en diciembre, propuso en el recinto vedar a funcionarios de cualquier rango de pisar un club o asociación de fútbol local e internacional.
Chocó con el peronismo federal, que salió el defensa de funcionarios con participación en clubes chicos de las provincias, pero también con compañeros del interbloque Cambiemos cercanos a directivos de instituciones de renombre.
La ley no llegó a aprobarse porque cuando se reescribía cada artículo en el debate en particular, Martín Lousteau propuso volver el debate a Comisión y logró el inmediato apoyo de la oposición y hasta del jefe del PRO Nicolás Massot, que ya empezaba a escuchar la molestia entre los suyos por la proscripción a funcionarios. Si obtiene dictamen, Emilio Monzó intentará aprobarla el 27 de marzo, en la primera sesión agendada del año.
Como quedó redactado el borrador, que comenzará a debatirse en las Comisiones de Legislación Penal y Deportes, sólo integrantes de los tres poderes del Estado quedarán vedados de participar con voz y voto en instituciones asociadas a la AFA.
Una de las primeras víctimas es el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco, vocal de River Plate y de tensa relación con Patricia Bullrich, que habilitó el texto para dejarlo afuera del club presidido por Rodolfo D’onofrio. Mientras que no se alteraría la Comisión Directiva de Boca Juniors, porque todos los funcionarios macristas que la integran son de Provincia o Ciudad.
Son los casos del vocal titular y ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari y de Christian Gribaudo, secretario general y el preferido de Daniel Angelici para sustituirlo en diciembre. También es presidente del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, la caja jubilatoria más voluminosa del país después de Anses.
El presidente de la asamblea de socios de Boca es Francisco Quintana, vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y con pretensiones de integrar el Poder Ejecutivo nacional si Mauricio Macri es reelecto. Llegado el caso, si la ley antibarras se sanciona con el borrador que circuló estos días, debería elegir entre la Casa Rosada o el club de la Rivera.
Otros cambios al frustrado proyecto de diciembre serían las penas por delitos contemplados en la ley, que para muchos legisladores eran considerados excesivos porque superaban figuras severas como homicidio simple, castigado con un mínimo de 8 años tras las rejas.
Sólo equipara esa pena y hasta la supera para los miembros de una asociación dedicada a delinquir en los espectáculos deportivos, para quienes cabría entre 3 y 10 años de prisión. Los dirigentes que financien a esos grupos recibirán desde 5 años, o sea, en ningún caso evitarán el calabozo.
«No todo es un tema de penas, sino también de política criminal», explicó en reuniones de Cambiemos la radical Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal y encargada de coordinar el debate. Un dato: en estos meses no recibió un solo llamado de un presidente de clubes de fútbol, al menos para brindar consejos sobre la mejor manera de erradicar la violencia de los estadios.
Los «cuidadores de autos» o «trapitos», como se conoce a quienes cobran por proteger los vehículos de los espectadores, serán penados con hasta 3 años de prisión, o sea, podrán ser excarcelados.
El proyecto pena con hasta 6 años de a los que porten «armas blancas y objetos cortantes, bengalas o artefactos químicos» y con sólo 3 a «los responsables de la emisión, venta o distribución de entradas a espectáculos futbolísticos, organizadores o protagonistas que las provean a quienes no paguen el precio correspondiente».
Pero alcanzará a 4 años, el mínimo para visitar una cárcel, si los proveedores de tickets falsos formen parte de una base de datos del ministerio de Seguridad creada en el mismo proyecto de ley. (La Política Online)
