En medio de la crisis económica, Macri impulsará la inseguridad como tema de campaña
La preocupación por los delitos sigue siendo alta entre los argentinos y una política de mano dura podría dar rédito electoral al oficialismo.
El reciente discurso presidencial en el Congreso mostró a un Mauricio Macri de tono aguerrido, decidido a dar el primer paso en la contienda electoral frente a una oposición que todavía busca articularse.
En esa ocasión, el Presidente dejó entrever que la cuestión de la inseguridad sería uno de sus caballitos de batalla este año.
«Se cambia en serio cuando el Estado reconoce que la inseguridad no es una sensación y trabaja de forma federal para bajar la violencia en los barrios, asociada en gran parte al narcotráfico y al crimen organizado», sostuvo ante los legisladores el 1º de marzo.
La cosa no quedó ahí. En los últimos días comenzó a desplegarse de una estrategia de seducción basada en el tema de la inseguridad, que -respaldada por la coyuntura-, muestra a Macri en el barro de lo cotidiano, reclamando a jueces a fiscales por casos delictivos de notoriedad mediática.
Por caso, la modalidad delictiva de los «motochorros» generó declaraciones resonantes del Presidente y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que exigen terminar con la «puerta giratoria» de las excarcelaciones.
Macri aseguró este jueves que «no se entiende cómo alguien que agredió y robó a las pocas horas puede recuperar la libertad».
En conferencia de prensa desde Jujuy, Macri señaló que la modalidad delictiva de «motochorros» ha «puesto en jaque a todos los centros urbanos» y reiteró su reclamo para que el Congreso una reforma del Código Penal para «clarificar aún más».
La apuesta por la inseguridad no es menor: la delincuencia común es el segundo problema más importante del país para los argentinos, según la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés (ESPOP), publicada esta semana.
De hecho, era la preocupación más mencionada hasta diciembre de 2018, cuando el agravamiento de la crisis económica llevó a que la inflación cobrase relevancia y en marzo ya ocupe el primer lugar.
De lograr que el dólar se estabilice y que la inflación se desacelere, el Gobierno ganaría por partida doble, porque el tema de la inseguridad volvería cobrar preponderancia.
Eso, claro está, si el reforzado enfriamiento de la economía impulsado por las nuevas medidas del Banco Central no hacen que los cuestionamientos por el desempleo -tercer lugar en el listado- y la pobreza solapen a otros temas.
Además de un Presidente con el puño cerrado, Cambiemos tiene a otra figura clave para mostrar acción contra el delito: la responsable de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, es hoy una de las ministras con mayor imagen. Un 41% de los consultados la ven bajo una luz positiva. De esta manera, equipara a Carolina Stanley (Desarrollo Social) y supera ampliamente al responsable de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien sólo recoge un 27% de visión favorable.
De hecho, también según la encuesta ESPOP, la aprobación de la gestión en cuestión de seguridad viene en alza desde diciembre, cuando se lanzó el nuevo protocolo de utilización de armas para las fuerzas federales.
Las propuestas
Más allá de los tuits que muestran a Macri como un ciudadano más «de a pie», indignado con las realidades de la Justicia penal argentina, Cambiemos impulsa reformas que tienden a un endurecimiento de los castigos.
- Protocolo de armas. Implementado en diciembre de 2018, flexibiliza y da mayor discrecionalidad a los agentes federales (policía, gendarmería, prefectura) en la utilización de fuerza letal.
En su momento, Bullrich dijo que las fuerzas «ahora van a poder proteger a la ciudadanía; no van a tener que esperar a ser atacados, no van a tener que tener una situación de inferioridad frente al delincuente».
- Baja de imputabilidad. El nuevo y polémico régimen penal juvenil baja la edad de imputabilidad a los 15 años. Debe ser tratado en el Congreso.
- Excarcelaciones. Macri instruyó a los fiscales, mediante la Procuración, que se apliquen criterios más restrictivos a la hora de facilitar la liberación de imputados en caso de inseguridad.
A la vez, Bullrich reclamó esta semana «una mirada más restrictiva» respecto a las excarcelaciones, especialmente en delitos cometidos por motochorros, y adelantó que va a proponer una modificación de los artículos del Código Procesal Penal que tratan la aplicación de esos beneficios.
En tanto, el Senado bonaerense comenzará el próximo jueves a analizar un proyecto de ley presentado por el oficialismo que tiene como objetivo específico combatir a los motochorros. La nueva norma habilitará a los municipios a fijar zonas y horarios en los que estará prohibida la circulación de dos ocupantes en una moto.
Fuentes legislativas precisaron que la iniciativa, que ya fue aprobada en Diputados, ingresará a la cámara alta en la sesión que se llevará a cabo el próximo jueves y que será girada a las comisiones para su estudio y análisis.
Como fondo de estas cuestiones, en febrero se oficializó el nuevo Código Procesal Penal, que apunta a agilizar la investigación de delitos complejos como el narcotráfico, corrupción y trata de personas.
La variedad de caminos que propone el oficialismo le permite casi apropiarse de la cuestión de la inseguridad.
Desde la oposición, los posibles candidatos se concentran por el momento en el tema económico, el punto débil de la gestión Macri.
Incluso Sergio Massa -quien hoy aparece presionado entre la posibilidad de una alianza incómoda con el kirchnerismo y el súbito surgimiento de un Roberto Lavagna que le «roba» el protagonismo en Alternativa Federal- no hace demasiado hincapié en esta cuestión que siempre le fue afín.
A fin de cuentas, el campo está abierto para que el macrismo ejecute su estrategia de «mano dura» de manera hegemónica de cara a las elecciones.
Sin embargo, como demuestran las encuestas, no bastará con eso: la preocupación por la inseguridad puede quedar relegada cuando la economía muestra síntomas de inestabilidad y deterioro. (iProfesional)
