El socialismo quiere llevar al juez Pazos al banquillo
«Hay entidad suficiente y elementos concretos para pedir un jury de enjuiciamiento al juez» de Instrucción Juan José Pazos. Así se expresó ayer un dirigente del Partido Socialista ligado al gobernador Hermes Binner en torno al cruce de declaraciones establecido entre el magistrado y el primer mandatario respecto a la seguridad en la provincia. De esta manera, lo que empezó siendo un trágico hecho con dos hombres jóvenes muertos bajo las balas del padre de uno de ellos se convirtió en una disputa política cuando sólo falta un mes para las elecciones primarias en Santa Fe.
Todo empezó la noche del lunes cuando Lucas Manuel Renna, un ingeniero de 28 años, volvía a su casa de Roldán junto a su esposa, Julieta S., a bordo del Ford Fiesta de la pareja. Cuando circulaban por el kilómetro 2,5 de la autopista a Córdoba el vehículo sufrió la pinchadura de un neumático y el joven debió llamar a su padre para que lo ayude ya que no tenía en condiciones la rueda de auxilio. Cuando Oscar Renna arribó al lugar y colaboraba con su hijo, dos hombres jóvenes aparecieron en escena por una calle lateral al camino. Al verse amenazado, Renna padre extrajo una pistola 11.25 de su camioneta. Después, la oscuridad del camino se trasladó a la escena. Aún no hay testimonios ni declaraciones judiciales, tampoco la totalidad de las pericias, que hayan establecido cómo se desató la tragedia. Lo cierto es que uno de los sospechosos, Ricardo Javier Castaño, de 25 años, y Lucas Renna, fueron muertos por balazos disparados por el padre del muchacho.
Pocas horas después el juez a cargo de la causa, Juan José Pazos, habló y desató la polémica. El magistrado dijo: «Hace 20 años que soy juez y nunca tuve algo tan penoso. Que este hecho nos sirva de lección a todos y que alguien no tergiverse la realidad cuando dice que la inseguridad no existe, que es una sensación». Y fue más allá al saberse que Castaño había cumplido una condena y estaba en libertad condicional: «Si la Legislatura produce leyes que favorecen notablemente al delincuente, es problable que haya hechos como estos y muchos más».
El guante lo tomó rápidamente el secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia, Enrique Font, quien respondió: «Es impropio que el juez hable en estos términos, pero también que use un caso sensible como éste pronunciándose como una víctima o un observador enojado, cuando él mismo integra una de las agencias del sistema penal. Aprovecha la situación de un caso en su fase inicial para mandar un mensaje político». Y el gobernador Hermes Binner se sumó y, en un programa de televisión, no dudó en afirmar que si fuera diputado, «pido el juicio político».
En este ida y vuelta, ayer el juez Pazos habló con LT8 y manifestó que «política es lo que hacemos los ciudadanos todos los días, sobre todo cuando opinamos». Y dijo que lo que hizo fue «plantear que la inseguridad no es una sensación, es una realidad. Quien ve las causas todos los días soy yo, no otra persona, hablo de lo que veo (como juez) todos los días».
Y remarcó que no hizo sus planteos «dirigidos al gobernador ni a nadie en particular, es sólo un comentario sobre la realidad en que vivimos».
En otro momento del diálogo radial, el magistrado manifestó que «algunos políticos tomaron mis declaraciones como les convino. Yo no le voy a preguntar a cada uno si lo que digo conviene, digo que hay inseguridad, que es una realidad, no una sensación». Y concluyó contando cómo fue su llegada al Poder Judicial. «Entré al tribunal en 1991, funcionando el Concejo de la Magistratura y por propuesta del Colegio de Abogados. Había que entregar una carpeta con antecedentes y no hubo oposición a mi propuesta ya que había ejercido como secretario de Derechos Humanos en Capital Federal».
Ligereza. Desde la otra vereda, quien salió a hacer declaraciones fue el diputado socialista y titular del bloque del Frente Progresista Cívico y Social, Raúl Lamberto. El legislador no dudó en decir que las declaraciones de Pazos han sido «ligeras» o «demostrativas de ignorancia de derecho». Y apelando a sus conocimientos como abogado, recordó que «las penas a los condenados son establecidas por el Congreso de la Nación y no por la Legislatura de la provincia, son leyes de fondo que la Constitución ha delegado en el gobierno federal». Además agregó: «Quien impone la pena en un caso concreto es un juez de Sentencia y quien resuelve una salida transitoria o una morigeración del cumplimiento de la pena es el juez de Ejecución Penal, por lo que el poder político no tiene nada que ver con esas medidas. La imposición de una condena como la decisión de quién sale o no es una decisión judicial no política».
También resaltó el diputado que «las declaraciones de (Hermes) Binner quizás no tengan la precisión técnica de un jurista o un abogado, pero no se equivocó al afirmar que hay ligereza en los términos del juez Pazos al acusar a la Legislatura de generar leyes que favorezcan la salida de los presos».
En torno al posible jury de enjuiciamiento al magistrado, el diputado socialista comentó que él es parte de «un bloque de 26 legisladores con los que se deberá discutir el tema ya que es muy preocupante que un juez aborde un tema de gran sensibilidad en la gente sin precisiones técnicas. Esto no es un debate político. Estamos ante un juez de la Constitución que no sólo se extralimitó, sino que se equivocó y generó una imputación errónea a la Legislatura a partir del desconocimiento».
Finalmente, Lamberto prefirió reservarse su opinión personal sobre el posible jury, aunque otros voceros del socialismo santafesino dijeron que «lo manifestado por el juez es materia de denuncia ante el jury» y adelantaron que tras la Semana Santa empezarán a gestionar en la Cámara Baja el posible enjuiciamiento de Pazos al creer que «hay entidad suficiente y elementos para hacer la presentación correspondiente». (La Capital)
