Termoeléctrica de Sauce Viejo: Inician investigación penal por privatización que lidera Caputo
Serían dos centrales por las que se indemnizó a IECSA y luego se dispuso su venta. Objeciones por la tasación y por la modificación de los pliegos de la licitación que encabeza Central Puerto.
Por Gabriel Morini/Ámbito
La Justicia federal inició una investigación penal sobre el proceso de privatización de dos centrales termoeléctricas por las que está denunciado el presidente Mauricio Macri, su gabinete energético y su primo, el extitular de IECSA, Ángelo Calcaterra, encargada de su construcción junto a Isolux. Se trata de las centrales Ensenada de Barragán (Buenos Aires) y Brigadier López (Santa Fe) que ya cuentan con empresas preclasificadas para ganar la compulsa. En ambas participa Central Puerto, propiedad de Nicolás “Niki” Caputo. El mejor amigo del mandatario compite en soledad para la quedarse con la usina de Brigadier López, mientras que en la otra licitación comparte podio solamente con YPF. La causa está temporalmente a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, hasta el regreso de Daniel Rafecas, de licencia. El fiscal Gerardo Pollicita decidió avanzar con la investigación que involucra disposiciones del exministro de Energía Juan José Aranguren y de su sucesor en el cargo (también renunciado) Javier Iguacel, además de varios miembros de Integración Energética Argentina SA (Ieasa), el organismo que sucedió a la disuelta Enarsa.
En su requerimiento de instrucción, Pollicita decidió que debe investigarse la denuncia presentada a fines de noviembre por los diputados K Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana. Sin imputar directamente a Macri, Aranguren e Iguacel, decidió darle impulso por los posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, cohecho, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además de Macri, Aranguren e Iguacel,y Calcaterra están siendo investigados el presidente de Ieasa Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas, Alberto Raúl Brusco (también un ex IECSA); el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el expresidente de Enarsa, Hugo Balboa.
El eje central de la denuncia que ahora investiga la Justicia es que ambas centrales (cuyo resultado operativo financiero fue positivo para el Estado) serían privatizadas partiendo de una tasación que estaría u$s400 millones por debajo del valor real de ambas usinas. Eso sumado a que el Estado rescindió los contratos de construcción que tenían IECSA e Isolux abonando una compensación de $1.600 millones para sacarlos de la obra antes de tiempo. Esa rescisión fue firmada por aprobada por Enarsa en diciembre de 2016 y negociada entre Balboa y Calcaterra por orden de Aranguren. La Unión Transitoria de Empresas había solicitado -con el cambio de Gobierno- una redeterminación de precios por la obra adjudicada durante el kirchnerismo en 2010, de casi $9 mil millones. Enarsa acordó pagarle más de $500 millones y comprarle material para terminar la construcción por otros $1.100 millones. No hubo penalidades por obra inconclusa.
Brusco y Piccinini saltaron de IECSA al gabinete de Aranguren y quedaron en el comité de revisión de las redeterminaciones y en lo concerniente a las termoeléctricas. El proceso licitatorio donde Caputo pasó al frente incluye -además de las centrales- los contratos de venta de energía con Cammesa, el personal y la deuda por el financiamiento obtenido para la finalización de su construcción. Todo ello se puso en marcha con la firma del Decreto N° 882/2017 firmado por Macri el 1 de noviembre de 2017. Iguacel modificó los pliegos de condiciones eliminando la exigencia de asociarse con un “Operador Técnico” si las empresas licitantes no eran generadores en actividad de energía, lo que abrió el juego a inversores de amplio espectro. También suprimió el plazo de 14 meses para culminar obras pendientes. Y modificó los “montos mínimos” a pagar en efectivo según la nueva tasación de las centrales. Eso redundó en que Barragán fue tasada por el Estado en u$s305,9 millones y un monto mínimo de oferta en efectivo de u$s229 millones, mientras que para Brigadier López, la valuación oficial fue de u$s207 millones con un mínimo de oferta en efectivo de u$s155 millones. Lo que no era en efectivo podría acreditarse mediante los bonos de deuda que ofrece Cammesa conocidos como LVFVD (Liquidaciones de Venta con Fecha de Vencimiento a Definir). Caputo es uno de los grandes tenedores de esos bonos y avanza como favorito para ambos emprendimientos.
El dilema con el precio de Tasación es que equivale a tres años de resultados operativos como los obtenidos en 2017 antes de impuestos (u$s121 millones para Barragán y u$s62 para Brigadier López). Por esto, la Justicia deberá decidir primero si concede una medida cautelar para frenar la privatización si la considera conectada a otra causa que avanza por el proceso de construcción de las centrales y determinar si existió una maniobra orientada a la venta de activos estatales estratégicos a “precio vil”, lo que equivale a una defraudación al Estado. (Ámbito)
