Barrio Las Delicias: Vecinos piden la clausura de dos pensiones truchas

Están detrás del Casino y acumulan clausuras que se vienen violando reiteradamente. Los vecinos están hartos de los problemas de convivencia.

«Pese a las denuncias y los reclamos al municipio y la Guardia Urbana Municipal (GUM), no pasó nada. Somos gente de laburo y pedimos la clausura definitiva antes de que suceda algo». Con estas palabras Sergio López, vecino del barrio Las Delicias, solicitó que se cierren dos pensiones sin habilitación que funcionan en ese sector de la zona sudoeste de la ciudad y que originan constantes problemas de convivencia. Esta situación no sólo se da en los barrios, en pleno centro sucede exactamente lo mismo, con el agravante de que al lugar sin habilitación es el propio municipio el que deriva gente para hospedarse.

Las denuncias se remontan al menos cuatro años atrás, cuando los vecinos presentaron dos pedidos de informes al Concejo Municipal para que el Ejecutivo detalle el estado en que se encontraban funcionando las pensiones ubicadas en calle Padre Giaccone 1976 y Moreno 6194, ambas situadas detrás del casino.

Bajo la lupa

De ellos se desprende en 2016 que se informen las irregularidades, y se solicita al Ejecutivo que detalle si existe vinculación entre ambas pensiones y el área de Desarrollo Social, que ya quedó en una situación incómoda cuando La capital dio cuenta de que había derivado a una mujer y sus hijos a una pensión usurpada ubicada en San Martín 1655, a metros de la promocionada turísticamente y estratégica avenida Pellegrini.

Previamente, ya se habían aprobado otros pedidos donde se le requería a la Intendencia pedidos de habilitación de los inmuebles, y demás normas requeridas de acuerdo a la ordenanza.

Este mismo año, la Dirección General de Inspecciones de Industrias y Comercios informó que la pensión de Padre Giaccone al 1900 no poseía habilitación, se dispuso la clausura preventiva y se recordó que se habían hecho denuncias penales por las sucesivas violaciones de las clausuras. Del mismo modo en Moreno 6194, inmueble que fue allanado en el marco de una causa judicial.

Los vecinos, en tanto, están desesperados. «Presentamos pedidos de informes al Concejo, nos contestaron, hemos denunciado una y otra vez. Ya no sabemos qué hacer. Estas pensiones se siguen habitando en infracción, con ruido, música a la noche, problemas de convivencia con los vecinos. Desarrollo Social y la GUM lo saben, se los llama y no vienen», dijo cansado López, quien encabeza el pedido de los vecinos de barrio Las Delicias para que se proceda al cierre definitivo de ese lugar.

El tema ya está instalado, recorrió las crónicas de LaCapital y fue motivo de interés por los concejales. Las denuncias y las faltas se arrastraban al menos desde 2011.

Cifras oficiales

En Rosario hay 107 pensiones habilitadas, según datos oficiales, pero se estima que las ilegales serían unas 200, un número que viene en aumento en los últimos años de la mano de la crisis económica y las pérdidas de empleo.

Alquilar una habitación en una pensión en la actualidad puede representar más de 2.500 pesos.

Claro que por ese precio se accede a un lugar no registrado, con hacinamiento, sin servicios básicos y casi seguro con problemas de habitabilidad.

En las pensiones habilitadas por la Municipalidad y con toda la normativa en regla, alquilar una habitación ronda hoy en los 6.000 pesos mensuales, monto por el que se puede acceder a algunas comodidades extra, como baño privado, por ejemplo.

Según datos de 2018 de la Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad, las tareas de fiscalización han derivado en 55 clausuras en los últimos dos años.

Entre las principales causas se cuentan la falta de inscripción oficial, irregularidades serias como colapso en los servicios, falta de higiene y seguridad y hacinamiento.

San Martín 1665, el «aguantadero» céntrico

Los vecinos de una pensión trucha usurpada que funciona en San Martín 1665 ya no saben a quién recurrir para intentar solucionar los problemas de convivencia que los usurpadores están generando en el barrio. Aseguran que el lugar se ha convertido en un «aguantadero» de delincuentes que arrebatan carteras y celulares por avenida Pellegrini y hace dos meses acumuló una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación, porque los usurpadores arrojaron muebles, cajones, una pala y hasta una sartén a una pileta de un edificio lindero en la que suelen estar numerosos niños.

Es más, la semana pasada debió intervenir allí por enésima vez el Comando Radioeléctrico en el marco de una riña entre los moradores de la pensión.

A pesar de que el lugar está usurpado, no tiene luz, agua y en su interior la basura se acumula peligrosamente, a tal punto que en julio del año pasado los bomberos debieron sofocar un principio de incendio, allí derivó en 2018 la Secretaría de Desarrollo Social del municipio a una mujer y sus hijos a quien les habían usurpado la casa. Los operadores sociales jamás habían chequeado en qué condiciones de habitabilidad estaba esa familia y la titular del área, Laura Capilla, se enteró del lamentable proceder de sus empleados tras una publicación de La Capital. Meses después, los problemas en la pensión trucha usurpada lejos están de solucionarse. Y la inacción estatal sigue a la orden del día. (La Capital)