Sastre: Empresarios podrán fumigar libremente
En medio de la feria judicial y en plena época de aspersiones quedó sin efecto la medida que disponía 400 metros de exclusión de agroquímicos.
El juicio de amparo ambiental impulsado por los padres de una niña en tratamiento oncológico y un grupo de vecinos de Sastre contra el municipio, que pretende se declare la inconstitucionalidad de la norma que regula la aplicación de agroquímicos y busca fijar una zona de exclusión de mil metros para fumigaciones terrestres y 1.500 para aéreas, sumó actores y medidas judiciales pese a la feria judicial.
Por un lado, una veintena de empresarios agropecuarios solicitó ingresar en la causa como terceros interesados a pesar de que el amparo no fue interpuesto contra ellos. En tanto, el municipio contrató a un asesor externo para apelar el pedido de los vecinos afectados por las fumigaciones que en todo 2018 solicitaron la readecuación de la norma local, sin obtener respuestas positivas de las autoridades.
En diciembre último, el juez de primera instancia de distrito en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 11 de San Jorge, Daniel Zoso, dictó una medida cautelar en la que determinó el alejamiento de la aspersión terrestre de todo tipo de agroquímicos a 400 metros de la planta urbana de Sastre, en el departamento San Martín.
La disposición judicial fue aplicada en el marco de un recurso de amparo presentado el 29 de noviembre de 2018 por la defensora oficial, Mariela Lirusso, tras un reclamo de la familia de Zoe Giraudo, la niña de dos años con tratamiento oncológico que desde mediados de noviembre vive en una casa expuesta a fumigaciones. Por recomendación de especialistas que la atienden no debe estar en ambientes contaminantes.
La actuación preventiva dispuso además una zona de exclusión de 1.000 metros para aplicaciones aéreas en el tiempo en que tramite el juicio ambiental contra el municipio, que incluye a otros 40 vecinos como demandantes. El objeto del reclamo, encarado por agentes judiciales del Ministerio Público de la Defensa en representación de todos los menores de la ciudad, promueve una acción de amparo ambiental para declarar la inconstitucionalidad del artículo 9 de la norma que regula el uso de agroquímicos en el distrito y que fija una franja de 100 metros libres a partir del fin de la planta urbana.
La demanda expone que «la exigua distancia dispuesta por ordenanza para realizar las fumigaciones; su realización sin control a una distancia mucho menor a la reglamentada, aun en inmediaciones a centros de recreación, deportivos o de salud en franca prohibición a lo dispuesto en las reglamentaciones de la ley provincial vigente, provocó la movilización de los vecinos de la ciudad, quienes reclaman por los detrimentos al ambiente como bien jurídico, y por el incremento significativo de enfermedades y daños a la salud de la población».
Feria
Finalizado el año, el Poder Judicial entró en feria y todo indicaba que hasta que ésta terminara, no habría novedades en la causa. No obstante, un grupo de productores que tomaron conocimiento del amparo, aun antes de que el juez dicte la cautelar, decidieron presentarse como terceros en la misma para defender su «derecho a trabajar».
Es así que, a través de su patrocinador Iván Cullen, apelaron la decisión de Zoso y hallaron eco en la jueza de turno, Beatriz Forno de Piedrabuena, quien dictaminó «la suspensión de la medida cautelar dictada oficiándose a sus efectos a la Municipalidad de Sastre y Ortiz y a la policía de esa jurisdicción». Así ahora en Sastre vuelve a estar vigente la norma que dispone sólo 100 metros de exclusión entre las fumigaciones y la zona urbana.
La medida de la jueza Forno fue muy bien recibida y aplaudida por el grupo de productores que sostienen que usando «las buenas prácticas» pueden producir sin afectar a los vecinos. No obstante, la evidencia científica nacional e internacional y los estudios como los campamentos sanitarios, entre otros, avalan la postura de los vecinos fumigados quienes sostienen la relación directa entre el método de producción agropecuaria a base de venenos y semillas transgénicas y el incremento de enfermedades como el cáncer y afecciones crónicas de todo tipo en las poblaciones expuestas a agroquímicos.
(La Capital)
