Deberán hacer tareas comunitarias recolectores que arrojaron basura en Pellegrini y Lagos
En camiones de basura y con ropa de trabajo, ayer 21 empleados de las firmas Clean City y Ambiental Planet se presentaron en el Centro de Justicia Penal para comparecer a una audiencia preliminar en la que se define si la causa se eleva o no a juicio oral y público.
Por: Lucía Demarchi/La Capital
En camiones de basura y con ropa de trabajo, ayer 21 empleados de las firmas Clean City y Ambiental Planet se presentaron en el Centro de Justicia Penal para comparecer a una audiencia preliminar en la que se define si la causa se eleva o no a juicio oral y público. Son recolectores de residuos que pertenecen al Sindicato de Camioneros y que están imputados del delito de «impedimento del normal funcionamiento del transporte por tierra» por descargar 24 toneladas de basura en Pellegrini y Ovidio Lagos durante una protesta que tuvo lugar el 9 de octubre de 2017. Por un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, la audiencia fue suspendida. Según detallaron las partes, en miras de no punitivizar la protesta social y de encontrar una resolución pacífica al conflicto, están en puertas de un acuerdo para que los recolectores cumplan tareas comunitarias en un centro de recuperación de adictos, al que ya depositaron la suma de 100 mil pesos.
Según se detalló en la audiencia, uno de los sospechosos también está imputado por el delito de amenazas calificadas. Es que el día del hecho y en medio de la protesta, Fausto M. tomó una botella de vidrio y se la arrojó a un hombre que filmaba lo que ocurría.
Ayer a la mañana, casi todos los asientos destinados al público en la sala 7 del Centro de Justicia Penal estuvieron ocupados por los imputados. Se trata de 21 recolectores de residuos de las empresas Clean City y Ambiental Planet, afiliados al Sindicato de Camioneros, quienes llegaron hasta el edificio de Sarmiento y Rueda en los camiones que utilizan para trabajar, que dejaron estacionados en hilera frente a la entrada.
Todos están imputados por el delito de «impedimento del normal funcionamiento del transporte por tierra». Y uno de ellos, además, por amenazas coactivas.
El proceso judicial en su contra se inició después del 9 de octubre de 2017 cuando, cerca de las 12.45 y en medio de una protesta, fueron con otras 40 personas hasta el cruce de Ovidio Lagos y Pellegrini en 11 camiones y descargaron 24 toneladas de basura. Por ese motivo, el tránsito vehicular estuvo cortado al menos hasta las 17 y los trabajos de limpieza —que llevó adelante la Municipalidad— se extendieron hasta la medianoche.
Los imputados fueron identificados después de un relevamiento de cámaras de videovigilancia y del sistema de rastreo satelital de los camiones.
Según expuso ayer la fiscal Valeria Haurigot ante el juez Juan Andrés Donnola, desde que ocurrió el hecho hubo tratativas entre las partes para aplicar un criterio de oportunidad y llegar a una solución alternativa al conflicto que incluso habían sido aceptadas por la Municipalidad y por la víctima de las amenazas.
En esas negociaciones jugó un papel fundamental la asociación civil sin fines de lucro Foro Regional Rosario, quien se presentó como amicus curiae dentro de la causa.
Sin embargo, fuentes de la investigación detallaron a LaCapital que hubo trabas por parte de algunos de los imputados a cumplir con el potencial acuerdo, lo que llevó a la fiscal Haurigot a realizar, el 14 de noviembre pasado, un requerimiento de elevación a juicio de la causa con penas de cumplimiento condicional para algunos y efectivo para otros.
Ayer, tanto la fiscal como el defensor de todos los recolectores, Gabriel Navas, pidieron a Donnola que suspendiera la audiencia en miras a un nuevo acuerdo que aún no esta cerrado en detalle pero si esbozado. Como primera medida, los imputados realizaron un depósito de 100 mil pesos a la Pastoral de Drogadependencia de Rosario con el objetivo de que se acondicione un espacio para trabajar con personas en conflicto con las drogas.
El objetivo es que, además, los recolectores investigados realicen tareas comunitarias en el mismo lugar, aunque el plazo, la modalidad de trabajo y las reglas de conducta, aún no fueros acordados.
La audiencia fue suspendida y se prevé que el acuerdo entre las partes sea firmado antes de fin de año. (La Capital)
