El Concejo vuelve a debatir una norma para que Uber llegue a la ciudad
«Si no la reglamentamos, la empresa se disfraza de app para precarizar y flexibilizar», señaló la edila María Eugenia Schmuck, que impulsa la iniciativa.
El Concejo Municipal volverá hoy a la carga con la idea de regular el desembarco de la aplicación Uber en Rosario, una idea que está cajoneada desde julio del año pasado a raíz de la fuerte resistencia de los taxistas locales. La idea es que los coches que utilizan la aplicación paguen una tasa que sería destinada al Fondo Compensador del Transporte y a una línea de créditos blandos destinada a que los titulares de taxis, remises y transportes escolares puedan renovar sus unidades.
El reflote de la iniciativa llegará de la mano de la concejala del Frente Progresista María Eugenia Schmuck, quien está convencida de que si no se reglamentan las aplicaciones de coches de alquiler, «la empresa se disfraza de app para precarizar y flexibilizar».
Es una certeza que son cada vez más las personas que utilizan aplicaciones para planificar su movilidad durante el día. Sin embargo, y al igual que otros servicios que utilizan las ventajas de la tecnología para intentar funcionar por fuera de los controles y tributos estatales, el fenómeno genera voces que apuntan la necesidad de regularlas.
Los intentos de reglamentar las aplicaciones para pedir coches de alquiler datan de 2015, cuando el entonces concejal radical Sebastián Chale presentó el primer proyecto de ordenanza en ese sentido. La iniciativa durmió en los cajones del Concejo hasta que fue rescatada este año por su compañera de bloque María Eugenia Schmuck, esta vez con algunas consideraciones sobre la compañía estadounidense Uber, que intentó hacer su irrupción este año y se topó con el rechazo de algunos sectores.
«La ordenanza sobre aplicaciones para taxis no excluye a las extranjeras, sino que las regula para que no puedan hacer lo que quieran. La idea fue ponerles límites, obligarlos a pagar una tasa anual importante y cerrar el cupo a 200 coches», señaló Schmuck consultada por La Capital. Los recursos obtenidos, que estima entre 60 a 70 mil pesos anuales por auto, serían destinados al Fondo Compensador del Transporte y a una línea de créditos blandos para que los titulares de taxis, remises y transportes escolares puedan renovar sus unidades.
Cajoneado
Cuando el proyecto fue presentado en julio pasado, los taxistas pusieron el grito en el cielo, y denunciaron que Uber sólo podría traer «competencia desleal» y «precarización laboral». Desde entonces, el texto que intenta regular las plataformas digitales que se usan para el transporte de pasajeros en autos de alquiler, sean públicos o privados, está parado en la comisión de Servicios Públicos, aún sin tratamiento. Fuentes del Palacio Vasallo deslizaron que incluso algunos integrantes todavía no leyeron el texto.
Por ello, y en consonancia con la aparición del debate sobre las aplicaciones de delivery como Glovo, Schmuck volvió a insistir con la necesidad de reglamentar este tipo de plataformas en el rubro del transporte. «Si no le damos un marco regulatorio, pasa lo que pasa con Glovo y Rappi o con Airbnb (dedicada al alojamiento). Las empresas se instalan disfrazadas de app para precarizar, flexibilizar, no pagar impuestos y no cumplir ningún requisito, porque el Estado no tiene poder de control. Hay que sentarse a regularlas, porque esto es lo que se viene en muchos rubros», justificó la concejala frentista.
«Si se las regula con parámetros elevados, se protege el trabajo, se evita competencia desleal y se mejora integralmente el servicio fomentando la competencia», fundamentó. Y opinó que no permitir el funcionamiento controlado de estas aplicaciones, significa también «limitar la libertad de las personas de elegir el servicio que consideren más conveniente para movilizarse».
La también presidenta de la comisión de Gobierno del Concejo agregó que dentro de los requisitos que plantea la iniciativa, además de la tasa y el cupo, se establece «que los conductores tengan un seguro de responsabilidad civil que resguarde a los pasajeros, que el auto goce de las condiciones de seguridad necesarias, la licencia acorde a la actividad que se realice, que se verifiquen los antecedentes penales y que se acredite el alta en los impuestos correspondientes».
Incluso plantea un ítem que va a levantar polvareda entre las firmas del sector: la eliminación de la obligatoriedad de tener radiollamada.
El argumento es que «la mayoría de los choferes hoy usa aplicaciones», por lo que Schmuck considera que el servicio, que hoy ronda de 400 a 680 pesos semanales, según la empresa, debería ser abonado sólo por el taxista que quiera tenerlo. Algo es seguro, todo indica que la polémica volverá hoy al Concejo. (La Capital)
