El Gobierno y el peronismo acordaron subir bienes personales

La suba será de 0,5% al 0,75% según el patrimonio. Sigue la discusión con Córdoba por la quita de subsidios al transporte.

Rogelio Frigerio y Emilio Monzó se reunieron en la tarde de ayer con ministros de Economía provinciales y diputados del peronismo federal y acordaron subir el impuesto a bienes personales a las propiedades más caras.

Como explicó LPO, la adenda fiscal habilita al Gobierno a incrementar ese tributo y las nuevas alícuotas se tomarán de un proyecto de ley presentado por la diputada radical Alejandra Martínez y el misionero Jorge Franco, cercano al gobernador Hugo Passalacqua.

Seguirán pagando 0.25% las propiedades con valuación fiscal de entre 2 y 5 millones de pesos, pero las que coticen entre esa cifra y 20 millones abonarán 0.5% y si son más caras le aplicarán un 0.75%, sin importar si están radicadas en el país o en el exterior.

La baja paulatina de bienes personales se definió en la ley del blanqueo para incentivar la declaración de patrimonios fuera del país. Y en el consenso fiscal entre Nación y Provincias el Gobierno se comprometió a sostener un 0.25% como tope desde este año. De esta manera Cambiemos rompe otro compromiso de campaña -impulsar baja de impuestos- y de gestión, apretado por la situación fiscal.

Como bienes personales es un impuesto coparticipable, con esta suba los gobernadores mejorarán su recaudación pero aun así sus emisarios no se quedaron conformes y reclamaron sostener al menos una parte de los subsidios al transporte público.

El más preocupado fue Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de Córdoba y mano derecha de Juan Schiaretti. Exigió sostener subsidios para los colectivos de las grandes capitales del país, que en muchos casos son municipales y los intendentes no pueden replicar con recursos propios.

El traslado del costo de estos subsidios también generó una inédita tensión entre el presidente Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, que ahora busca incluso el respaldo de la oposición en la Legislatura bonaerense, para exigirle en conjunto a Nación que compense a la provincia.

Sigue trabada la negociación por el artículo que habilita a reestructurar deuda externa. Cambiemos confía en aprobar el presupuesto el 24 pero en la oposición hablan de estirarlo una semana más.

Frigerio, que ya había escuchado el mismo reclamo de los diputados radicales, insistió en que la mayor transferencia de fondos a las provincias (mediante aumento de coparticipación) alcanza para evitar tarifazos, pero el cordobés Giordano no se conformó y propuso una caja especial creada con la mayor recaudación de bienes personales y dirigida sin intermediarios a los micros del interior.

Protestó porque el presupuesto aún contempla subsidios al transporte del Gran Buenos Aires por tratarse de un servicio de interjurisdiccional, o sea, pasa de una provincia a otra.

Con el mismo concepto seguirán subsidiados colectivos que parten de Retiro al interior del país, aunque sus pasajeros frecuentes no son muchos y el impacto social de cualquier desajuste es ínfimo.

Frigerio llegó acompañado por el secretario de Hacienda Rodrigo Pena, el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro y Alejandro Caldarelli, secretario de Provincias y Municipios.

Otro debate fue por el polémico artículo 53, que le permite al Gobierno reestructurar deuda externa sin restricciones y la oposición no quiere aprobar. La única negociación posible, por ahora, es habilitar la compra de deuda en dólares para convertirla a pesos y mejorar el perfil de vencimientos.

Pero no hay consenso en permitir restructuraciones voluntarias y aumentar a largo plazo los intereses de deuda, que subieron a casi 800 mil pesos y en la oposición ya calculan en un 20% de la recaudación.

La Comisión de Presupuesto se reunirá el jueves para tratar la adenda fiscal, el aumento a bienes personales y un proyecto para ajustar balances por inflación, presentado por los macristas Nicolás Massot y Luciano Laspina.

En Cambiemos siguen con expectativa de tratar el presupuesto el miércoles 24 en una sesión especial, con dictamen aprobado un día antes, pero sus potenciales aliados no creen llegar a tiempo y ya hablan de estirarlo una semana más. En el mejor de los casos. (LaPolíticaOnline)