Comienza el juicio por narcotráfico a miembros de Los Monos

El debate oral por la causa conocida como «Los Patrones» comienza este jueves en los Tribunales Federales de Oroño al 900.

Hernán Lascano/La Capital

Todo empezó el 18 de noviembre de 2014. Esa tarde tres efectivos de Drogas Peligrosas de la Policía Federal de Rosario se pegaron una vuelta por Laprida y Chávez, en el extremo sur de la ciudad, para constatar un dato telefónico que indicaba que en un pasillo seguía activo un quiosco de drogas muy modesto que solía controlar un personaje del narcomenudeo conocido como «el sordo Juan» y que había sido allanado años antes. Los vigilantes que llegaron de civil no entraron al corredor pero notaron a los que reponían mercadería y les pareció reconocer a uno. Tras informarlo a la Justicia federal, los autorizaron a seguirlos.

Los policías ignoraban que en sus manos estaba la punta del hilo de un acontecimiento inédito. Esa investigación terminó desembocando en el juicio en el que, desde el jueves, la llamada banda de Los Monos responderá por primera vez en Rosario por cargos de narcotráfico.

No es que los 39 acusados estén enrolados en la organización surgida hace 20 años en barrio La Granada pero, según la pesquisa, todos ellos forman parte de una red de comercio de drogas. Se sentarán al banquillo los organizadores, abastecedores mayoristas, cocineros de cocaína, proveedores minoristas, embaladores de mercancía, vendedores en búnkeres y encargados de seguridad.

Para la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Fiscalía Federal 3 todas estas personas están unidas por relaciones —acreditadas en escuchas telefónicas, seguimientos y filmaciones— que prueban la pertenencia a un mismo grupo.

El juicio que comienza esta semana se trata de un acontecimiento histórico porque pese a la reiterada evidencia de las actividades de narcomenudeo de la familia Cantero, cabeza de la banda de Los Monos, la Justicia Federal de Rosario nunca llevó a ninguno de sus miembros a juicio. En 1999 uno de los históricos líderes del clan, Máximo Ariel «Viejo» Cantero, fue interceptado en Itatí llevando en un auto 76 kilos de marihuana y condenado en 2001 por la Justicia Federal de Corrientes.

Ya desde entonces el grupo fue señalado por reiterados hechos vinculados a tráfico de drogas. Pero jamás la esfera federal local, hasta ahora, había avanzado con investigaciones.

En familia

Los policías apostados en Laprida y Chávez fueron detrás de un hombre que contaba con el apoyo de otros que oficiaban de soldaditos. Ese seguimiento les permitió ubicar el punto de acopio de drogas en Platón al 1400, en el corazón de barrio Las Flores, donde reside una familia de apellido Reyna, parientes cosanguíneos de los Cantero.

Con esa confirmación vinieron las intercepciones a los primeros teléfonos. Y de allí la sorpresa: toda la trama logística de la empresa criminal, dicen los fiscales, provenía de dos celulares que estaban dentro de la cárcel de Piñero.

Los dueños de esos teléfonos serán juzgados como los jefes de la banda. Son Ariel Máximo «Guille» Cantero y Jorge Emanuel «Ema» Chamorro. En el mismo escalón que ellos están imputadas sus esposas, Vanesa Barrios y Jésica Lloan, respectivamente.

El avance de la investigación estableció que El Sordo Juan, que abastecía al primer búnker que fueron a ver los policías, es Juan Carlos Sánchez, el marido de Vilma Reyna, familiar directa de Patricia Celestina Contreras, la madre de Guille. Una decena de los implicados están conectados por lazos parentales y la tesis de la fiscalía federal es que en esta causa, conocida como «Los Patrones», las mujeres del grupo fueron los engranajes clave de los movimientos del grupo narco, tomando el relevo de los líderes presos.

Para los fiscales Adriana Saccone y Diego Iglesias, Cantero y Chamorro eran los organizadores de la red desde sus celdas en Piñero. Quienes recibían y ejecutaban sus órdenes eran sus mujeres. Vanesa Barrios fue demorada en noviembre de 2014 luego de acomodar su VW Gol Trend en el estacionamiento de la cárcel y dirigirse junto a sus dos hijos pequeños al portón del pabellón 7 para la visita rutinaria a su marido Guille. Allí efectivos de la Policía Federal le avisaron que estaba imputada por pertenecer a esta red.

Al avanzar, la causa conectó a conspicuas figuras ligadas al narcotráfico que también estarán en el juicio. Por ejemplo Diego Cuello, dueño de la llamada «narcochacra» de Alvear, que en este caso aparece asociado a los líderes de Los Monos. En un departamento ocupado por él se hallaron casi 5 kilos de cocaína pura producto de la gestión de esta banda. Las reiteradas escuchas a su celular lo sitúan como un «importante proveedor».

También cayó Horacio Castagno, detenido en un departamento de Corrientes al 1900 de Rosario, que funcionaba como laboratorio de producción y estiramiento de cocaína. En su vivienda había precursores químicos para estirar la pasta base, como alcohol, lidocaína y acetona. Igual suerte corrió Miguel Angel Menéndez, de barrio Las Flores, señalado como vendedor, aunque considerado por distintas fuerzas de seguridad como otro cocinero histórico de la red.

Seguridad reforzada

El arranque de este juicio, que se cumplirá en doble jornada, está inmerso en una atmósfera de inquietud que no necesita de grandes explicaciones. El principal acusado, Guille Cantero, fue responsabilizado por fiscales provinciales de ser ideólogo de al menos un par de atentados a balazos contra viviendas que pertenecieron a un juez que lo condenó en abril pasado a 22 años. La sucesión de atentados similares pendientes de esclarecimiento —14 en total— propaga un miedo expresado hasta por trabajadores nucleados en la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) que solicitaron públicamente medidas de protección.

La primera audiencia está prevista para este jueves a las 8. La dimensión inédita del proceso ya puede verse en la fisonomía de los Tribunales Federales de Oroño al 900. En la entrada principal se instaló un detector de metales con escáner electrónico por el cual deberá pasar toda persona que ingrese, incluso funcionarios y empleados. Por allí entrarán los familiares de los imputados y la prensa. Por calle Alvear, donde una media sombra tapa el enrejado exterior, sólo ingresarán los imputados.

La vigilancia estará a cargo de tres fuerzas de seguridad: Gendarmería, Prefectura y la policía provincial. Las audiencias se celebrarán en una sala de la planta baja con la presencia de 17 imputados que llegan en libertad o con prisión domiciliaria. Junto a ellos estarán sus defensores, el equipo de la fiscalía y los miembros del Tribunal Federal Oral Nº 3 (TOF 3) conformado por los jueces Ricardo Moisés Vázquez, Eugenio Martínez y Osvaldo Facciano.

En el playón más cercano a calle Alvear se instalaron dos carpas de campaña de Gendarmería. Una para la prensa y la otra para allegados a los acusados. Allí ya está estacionado un camión de esa fuerza de seguridad con los equipos tecnológicos necesarios para la conexión por videoconferencias de los imputados que no estarán presentes en el juicio.

A distancia

Por este tema ya se libra una pulseada con final abierto. Hace tres semanas el TOF 3 resolvió que los 22 acusados presos en cárceles no asistan en persona a las audiencias. Las defensas de Cantero y Chamorro se opusieron por indicar que ello conspira contra la inmediatez del vínculo entre acusado y defensor. El TOF rechazó el reclamo y ahora decide la Cámara Nacional de Casación Penal, que podría pronunciarse con el juicio ya avanzado.

Para los jueces el principio de inmediatez estará garantizado pese a la ausencia de los acusados en sala. Los imputados presos seguirán el trámite por videoconferencia con un teléfono IP que los comunicará con sus abogados cada vez que deseen intervenir. Se trata de un dispositivo que soporta la transmisión de voz por internet pero sólo habilita el contacto bilateral y ninguna otra llamada. Ese contacto telefónico se hará en una sala contigua a la de las audiencias.

Aunque ya hubo en Rosario juicios con imputados conectados por videoconferencia la diferencia es que fueron ellos quienes pidieron no estar presentes. Acá los planteos defensivos están motivados en que los imputados piden asistir al juicio. (Hernán Lascano/La Capital)