La hermana de «Pimpi» Caminos irá a juicio por liderar banda narco

Rosa Caminos fue inculpada junto a otras diez personas de integrar una red de venta de drogas al menudeo en los barrios Tablada y Municipal.

Once personas fueron enviadas a juicio oral y público por liderar o integrar una red de narcomenudeo con base en los barrios Tablada y Municipal que funcionó hasta marzo de 2016, cuando se secuestraron allí 18 kilos de cocaína y marihuana en allanamientos de la Policía Federal. La principal detenida ese día fue Rosa Anahí Caminos, hermana de «Pimpi», el ex líder de la barra brava Newell’s asesinado en 2010. Fue por eso que el operativo se bautizó «Rosa blanca». La mujer está acusada como una de las líderes de la organización y como quien se encargaba de distribuir la droga a las distintas bocas de expendio.

El fiscal federal Nº 2, Claudio Rodolfo Kishimoto, presentó días atrás la requisitoria de elevación a juicio contra los once imputados con distintos roles en los delitos de comercialización y tenencia de estupefacientes. Con este trámite, se clausura la etapa instructoria que estuvo a cargo del juez federal Marcelo Bailaque y se da paso a la actuación de un tribunal oral y público. Ante el pedido fiscal el juez resolvió dar paso a la etapa del juicio, que estará a cargo de un tribunal a designar por sorteo. Asimismo dispuso el sobreseimiento de otras tres personas que ya habían recibido el falta de mérito sin que se produjeran novedades en su contra en los últimos dos años.

Tal como consta en el escrito judicial, la causa penal que se encamina a juicio se inició el 2 de junio de 2013 a raíz de actuaciones de la Policía Federal. Estas indicaban que en un domicilio de Presidente Quintana al 78 bis «una familia de apellido César estaría cometiendo ilícitos relacionados con la comercialización de estupefacientes en el barrio La Tablada» y que para ello utilizaba » no sólo su aparato familiar sino también el de soldaditos que se ubicaban en los pasillos» de la cuadra.

La investigación, que incluyó escuchas telefónicas con alusiones explícitas a la venta de drogas, desembocó en los 22 allanamientos realizados el 2 de marzo de 2016 en los barrios Tablada, Municipal, Saladillo y Villa del Tanque. Un procedimiento que motivó el desembarco en Rosario de la ministra de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Además de las detenciones, ese día se consignó el secuestro de 18 kilos de drogas entre cocaína y marihuana, tres autos, armas y sustancias químicas para estirar la cocaína. Según se indicó entonces, los investigadores identificaron que en la puerta de los quioscos del grupo colgaban perchas de ropa para avisar que la droga ya estaba a la venta.

Los roles

Para el fiscal Kishimoto, Rosa Anahí Caminos junto a la acusada Antonela Agüero cumplían el rol de organizadoras de ese grupo y eran quienes «proveían los estupefacientes contactando a distintos proveedores, organizando la logística de los puntos de venta y manejando el dinero de la organización».

En su acusación el fiscal remarcó que de las escuchas surge claro «que entre Rosa Caminos y Antonela Agüero se dividían las maniobras de tráfico». Por eso, al definir la calificación legal por la cual cada uno de los acusados llegará a juicio, las acusó como organizadoras del delito de comercialización y tenencia de estupefacientes. Caminos es la tía de Alexis Camino, quien mantiene una disputa con la familia Funes que originó una treintena de muertes en dos años y medio.

Otras tres personas, Rubén Alberto César (esposo de Rosa), Joana Marisel César y Rodrigo David Benítez (su yerno) llegarán al juicio acusadas de «ejecutar las órdenes que recibían de Rosa Caminos distribuyendo la droga en los distintos puntos de venta». Fueron considerados por el fiscal como partícipes necesarios del delito tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En tanto que a Jair Alejandro César (hijo de Rosa), José Luis «Chueco» Jofre, Gustavo Daniel «Gusti» Herrera y Claudio Daniel «Perro» Flores se les atribuye haberse encargado de la comercialización de la droga en los puntos de venta, seis de ellos ubicados sobre la calle Presidente Quintana entre el 29 bis y 134 bis. Irán a juicio como coautores de tenencia de drogas para la venta.

Por último a Naila Gisela Orellano se le imputó colaborar en la distribución de las sustancias a los puntos de venta en carácter de partícipe necesario del delito de tenencia. Mientras que a Hernán Abraham Agüero se lo acusó de «ejecutar las órdenes que recibía de Agüero cumpliendo funciones de seguridad y resguardo en los puntos de venta». Fue acusado como autor del mismo delito.

«Esta banda tenía una infraestructura para la distribución, lo que se llama narcomenudeo», dijo Bullrich el día del operativo. Según los investigadores, la organización comercializaba 30 kilos de estupefacientes por semana con una ganancia de 3 millones de pesos. En el expediente se reseñan comunicaciones fluidas entre las sindicadas como cabecillas que hablan de la droga sin eufemismos. En esas charlas se advierte un manejo cuidadoso en cuanto al traslado de la mercadería por fuera del área de influencia de los barrios Municipal y Tablada.

Escuchados

Según se desprende de la acusación el marido de Rosa, su hija Joana, su yerno y su nuera eran los encargados de llevar la droga hasta los puntos de venta, mientras que Jair, Chueco, Gusti y Perro se encargaban de vender o hacer delivery.

El escrito del fiscal destaca que esa estructura se fue advirtiendo en las escuchas ordenadas sobre celulares de los implicados. Kishimoto remarcó además que en las pericias de la droga secuestrada se constató la existencia de marihuana y de cocaína rebajada con elementos de corte.

«La pertenencia de los estupefacientes es endilgada a todos por formar parte de una organización», planteó. Precisó además que la droga fue encontrada lista para la venta, «esto es, fraccionada en envoltorios de nylon de similar tamaño» junto a «recortes del mismo material», «una bolsa de nylon con grandes cortes» y «balanzas de precisión con restos de la misma sustancia». Todos ellos son considerados «indicios que permiten acreditar que estaban destinados a su comercialización».

A esto se suma, según la Fiscalía, la «concurrencia continua de diferentes personas» a los puntos de venta y que «de las escuchas telefónicas se pudieron vislumbrar concretamente tanto los pedidos como los reclamos de la droga». (La Capital)