Avanza el proyecto de regulación de agencias de seguridad privada en la provincia
La iniciativa de la legisladora provincial Alicia Gutiérrez obtuvo media sanción en la Cámara Baja. Tiene como fin ejercer un control efectivo sobre el accionar de las empresas y personas prestadoras de este servicio.
Fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de la diputada provincial, Alicia Gutiérrez, que tiene por objeto regular la prestación privada de servicios de vigilancia, investigación, custodia y seguridad por parte de personas físicas y jurídicas, dentro del territorio de Santa Fe. Además, establece que estas actividades deberán ser complementarias a las que realiza el estado provincial y sujetas a las políticas que se fijen en este sentido.
La normativa determina las condiciones y requerimientos que deben cumplir las agencias de seguridad para que puedan ser habilitadas y registradas, como así también el modo en que deben ser fiscalizadas y, eventualmente, sancionadas por la autoridad competente. “Si bien existen normativas y resoluciones ministeriales al respecto, es imperativo poder contar con un marco legal que permita ejercer un control efectivo sobre el accionar de las empresas que prestan este servicio y de su personal”, sostuvo la legisladora Gutiérrez.
De acuerdo a datos oficiales, en las agencias se han detectado distintas irregularidades, como falta de documentación habilitante para los custodios, presencia de objetivos a ser vigilados no declarados o ausencia de registro de las armas que poseen. “Ante esta situación creemos necesaria una regulación específica. Las prestadoras de servicios de seguridad deberán, entre otras cosas, capacitar a sus trabajadores con cursos que serán dictados en instituciones públicas. Además de entrenamiento en defensa personal y seguridad, tendrán materias vinculadas a primeros auxilios, nociones legales y de derechos humanos”.
La Ley establece, entre sus reglamentaciones, “que ninguna agencia de seguridad puede contratar a policías en actividad, por ejemplo, ni a miembros de las fuerzas armadas. Tampoco a integrantes de las fuerzas de seguridad que hayan sido exonerados. Y estipula, asimismo, una cantidad de requisitos y antecedentes que deben tenerse en cuenta a la hora de la contratación del personal”, explicó la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías.
“En el caso de que no se cumpla con estas disposiciones se deberán aplicar las sanciones correspondientes, sobre todo teniendo en cuenta que estas empresas deben intervenir en cuestiones que hacen a la seguridad y la convivencia ciudadana, colaborando en el mantenimiento del orden y la paz social”, afirmó Gutiérrez. De esta manera, se apunta a garantizar la integridad, eficiencia y capacidad del personal que desempeña estas tareas a través de la instrucción, las prácticas y los controles necesarios, como así también a “prevenir que las agencias sean integradas por personas inescrupulosas o exoneradas de las distintas fuerzas de seguridad”, concluyó la legisladora.
