Imputaron a remisero por la balacera contra el Ministerio Público de la Acusación

José Alberto C. había sido detenido luego de una persecución con tiroteo a bordo de un Renault 9 similar al descripto por testigos del atentado.

El auto que manejaba fue perseguido por la policía, intervino en dos tiroteos, tenía vainas servidas en su interior y llevaba a otras personas que huyeron en el camino. Por todo eso un remisero de 23 años fue acusado ayer del atentado a balazos del martes contra la sede de Fiscalía de Montevideo 1964. El ataque se investiga como parte de las trece balaceras a jueces y funcionarios que investigaron y juzgaron a Los Monos, causa que desde ese día se revisa en audiencias de apelación. Un juez le dictó 60 días de prisión preventiva al conductor, tras apartar de este caso puntual al equipo original de fiscales para preservar garantías del detenido.

José Alberto C. es el único de los 19 detenidos esta semana que quedó implicado en los ataques a domicilios y edificios del Poder Judicial iniciados el 29 de mayo. Fue detenido en flagrancia y entre las evidencias citadas en su imputación no hay más pruebas que las de las actas policiales: fue detenido tras huir a tiros en un Renault 9 color claro similar al visto en el atentado contra del martes a la madrugada.

El juez Luis María Caterina admitió la imputación propuesta por fiscalía de cuatro delitos: amenazas calificadas por ser dirigidas contra un estamento público y agravadas por el uso de arma de fuego, atentado a la autoridad, resistencia e intimidación pública, portación ilegítima de arma de guerra y daño calificado.

Inédito

Pero antes el juez debió zanjar un debate inédito y no exento de implicancias institucionales entre la Fiscalía y la Defensa Pública. Es que al arrancar la audiencia la defensora Gabriela Valli pidió apartar al equipo de fiscales integrado por Miguel Moreno, Aníbal Vescovo y Matías Edery. Alegó que el miércoles se entrevistaron extraoficialmente con el detenido y eso violentó garantías del acusado.

Caterina respaldó la legalidad de la detención pero dispuso que los tres fiscales dieran un paso al costado en este caso, aunque seguirán interviniendo en la investigación de las otras balaceras. El juez adoptó esa decisión para «evitar malentendidos» atendiendo que la institución donde trabajan los fiscales fue víctima del atentado y se debe evitar una pérdida de la objetividad (ver aparte).

Esto hizo postergar la imputación, fijada para las 11, hasta designar nuevo fiscal. Así, el jefe de la Fiscalía de Homicidios, Adrián Spelta, asumió pasadas las 13 la acusación a C., un remisero sin antecedentes y padre de un nene de 2 años.

Recorrido

Tres familiares del acusado, apresado en un auto a nombre de su padre, presenciaron la audiencia donde C. se abstuvo de declarar. Spelta lo acusó de haber pasado el martes a las 2.48 frente a la sede de Montevideo 1968 al volante de un Renault 9 claro patente SXR 635, donde iba «al menos una persona más» y del que partieron disparos contra el edificio desde el auto en movimiento. Dijo que un proyectil dañó la mampostería e ingresó a la guardia donde estaba una empleada policial.

Según el fiscal, dos policías vieron la fuga hacia el oeste de un Renault 9 blanco e informaron a la central. Así arrancó una persecución por parte del móvil 7054 del Comando por España hacia el sur y luego por Gaboto hasta Ovidio Lagos, «siempre a gran velocidad» y desoyendo la voz de alto. En medio de maniobras disuasivas, dijo Spelta, el auto tomó Francia hacia el sur hasta Saavedra, dobló en Crespo hacia el sur y se detuvo en la cortada Chancay. «Al acercarse el patrullero efectúa disparos hacia el personal», amplió Spelta.

La huida siguió por Crespo hasta 24 de Septiembre, donde el Renault giró al oeste y volvió a parar a metros de la esquina. Una vez más se efectuaron disparos desde el auto al patrullero. Luego el Renault avanzó por 24 de Septiembre hasta Iriondo. Al llegar a Saavedra dobló al oeste hasta Constitución y retomó hacia el sur hasta Seguí.

Spelta agregó que en una curva bajaron del auto al menos dos personas que huyeron a pie. Allí se sumaron otros móviles hasta cercar el Renault en Seguí al 3600, donde C. fue detenido.

Motivos

Para la Fiscalía, el atentado tuvo como motivación «impedir el libre ejercicio de los fiscales» y que éstos dejaran de investigar las balaceras de los últimos meses. Hasta el momento, todas las evidencias achacadas a C. son las que rodearon su arresto.

La acusación se basa en actas policiales donde consta que se secuestraron cuatro vainas calibre 9 milímetros en el techo del rodado y otra adentro, así como tres celulares y un handy. Se agregan fotos del levantamiento de vainas en el frente del edificio del MPA. Y el acta de allanamiento a la remisería para la que trabaja, donde se secuestraron libros de viajes.

La defensa cuestionó las figuras legales escogidas por los fiscales. «No hay un sujeto pasivo que recibe la intimidación. Es un edificio», objetó Valli, y agregó que quien maneja «difícilmente puede al mismo tiempo portar un arma». Remarcó que C. es remisero y pidió que sea acusado como partícipe secundario, además reclamar su libertad o prisión domiciliaria.

El juez respaldó el encuadre fiscal y dijo que el grado de participación de C. y su dominio del hecho dependerán de evidencias por recolectar en una causa que recién comienza. «Tengo en cuenta la falta de antecedentes, pero también que este hecho es de suma gravedad», advirtió Caterina. Señaló además la «actitud de no colaborar con la investigación» del acusado, a quien le dictó prisión preventiva por 60 días, plazo que considera suficiente para que la Fiscalía profundice la investigación.

Tres

Con estos datos, C. fue el único que quedó implicado en la balacera tras los más de 40 allanamientos de esta semana. Los demás recuperaron la libertad porque no se hallaron elementos que los vinculen con esos hechos.

En tanto, otros dos jóvenes están acusados de ejecutar los dos primeros ataques del 29 de mayo a casas que pertenecieron al juez Ismael Manfrín. En ese marco, está pendiente la fijación de fecha para la imputación de Ariel «Guille» Cantero, condenado como jefe de Los Monos y quien, para la Fiscalía, ordenó al menos los dos primeros hechos. (La Capital)