Incertidumbre por el futuro del Centro Cultural «La Toma»
Un grupo de inversores reclama el pago de una hipoteca de hace 24 años. Los trabajadores presentaron un plan de lucha y movilización.
Fondos de inversión del Servicio Depósito S. A. (Sedesa) iniciaron una causa civil y comercial para desalojar a las 50 organizaciones sociales y políticas que trabajan en el exsupermercado El Tigre, que funciona desde hace 17 años como el Centro Cultural “La Toma” (Tucumán 1349). Los denunciantes reclaman el pago de una hipoteca de hace 24 años que quedó de la quiebra de un grupo de bancos.
El conflicto se da por la participación activa de 50 organizaciones populares en el establecimiento “La Toma”. Los trabajadores lograron dos leyes de expropiación, luego de 17 años de intentos. Sin embargo, los sectores del Poder Judicial se negaron a reconocerlas y mantuvieron en vigencia la orden de desalojo.
Esta situación se mantuvo así hasta que hace un año se abrió una estancia de negociación en el Juzgado Civil y Comercial N° 14 que atendía la quiebra de El Tigre, donde se elaboró una propuesta de resolución: el Gobierno de Santa Fe compraría el crédito hipotecario para terminar con el litigio.
Uno de los integrantes y referente de “La Toma”, Carlos Ghioldi, aseguró: “Esa propuesta, que en principio había sido considerada, los representantes del Servicio Depósito S.A., que son los que heredaron residualmente una hipoteca impaga hace 24 años, rompieron la negociación y abrieron una causa en otro Juzgado contra los trabajadores y la provincia”.
La medida del grupo inversor es una “manifestación de hostilidad inaceptable”, por lo que los trabajadores proponen un plan de lucha: “Consiste en ocupar el establecimiento con más organizaciones populares, que se sumen a las 50 ya existentes, para apropiarse de este lugar”.
A su vez, Ghioldi informó las medidas restantes: “Vamos a presentar un proyecto legislativo nacional, uno provincial y uno municipal que declare de interés parlamentario la resolución de este conflicto a partir de la propuesta de compra del crédito hipotecario, que liquida el desalojo, para que se continúe con la función social que venimos llevando adelante con las organizaciones sociales y los trabajadores”. Además, exigen que Servicios Depósitos S.A. “no ponga más trabas en esta resolución”.
Desde “La Toma” mostraron repudio ante la medida del grupo inversor, ya que la resolución había pasado por la Legislatura y se había aprobado por unanimidad. Sin embargo, desde el Poder Judicial la dictaron como inconstitucional. “Acá hay gente que recibió de arriba un título de hipoteca y quiere sacar la mayor plata posible sin hacer la mínima inversión”, finalizó el director del centro cultural haciendo referencia a quienes quieren desalojar el establecimiento. (Rosario Nuestro)
