Bullrich: «Este intento de amedrentar a fiscales y jueces es muy grave»
La ministra se entrevistó con funcionarios judiciales santafesinos y federales de todos los niveles
En las escalinatas del Centro de Justicia Penal (CJP) que el sábado pasado fuera baleado en el marco de la saga de intimidaciones a funcionarios que investigaron y juzgaron a Los Monos, la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich insistió ayer con la idea de aplicar un régimen más estricto sobre los presos que tras las rejas «siguen manejando sus cosas como si estuvieran afuera». Rodeada por los intendentes de Rosario y Santa fe, Mónica Fein y José Corral; su par de la provincia Maximiliano Pullaro y muchos funcionarios y dirigentes de su arco político, Bullrich y pidió a la Justicia «que vaya a fondo con las bandas que quieren dominar los barrios de la ciudad».
Bullrich llegó a media mañana al CJP de Mitre y Rueda, en una visita a Rosario que se prolongó por unas seis horas. En ese lapso encabezó una serie de reuniones. La más visible fue en el CJP junto a Fein, Pullaro, el ministro de Justicia provincial Ricardo Silberstein, el fiscal general Jorge Baclini, el fiscal regional Patricio Serjal y la fiscal Natalia Benvenutto, que encabeza con David Carizza y Valeria Pedrana la investigación sobre los ataque armados contra inmuebles que pertenecieron a jueces. En otras reuniones también estuvieron el titular del Concejo, Alejandro Roselló, y los ediles Agapito Blanco y Carlos Cardozo.
Bullrich estuvo acompañada por funcionarios de su cartera como el titular de Coordinación General, Gerardo Milman; el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco; el de Gestión Federal de la Seguridad, Enrique Thomas; el de Intervención Territorial, Darío Oroquieta; el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier, y la de Prevención del Delito y la Violencia, Elizabeth Caamaño.
Apoyo
«Estamos para dar un apoyo explícito, concreto y profundo al Ministerio Público de la Acusación, a este edificio y a todos los jueces que sufrieron ataques de parte de bandas narcocriminales», dijo la ministra, y explicó que el primer punto de la reunión tuvo que ver con la identificación de autores materiales e intelectuales de las intimidaciones. «El segundo fue cómo vamos a seguir trabajando para bajar los índices de homicidio entre bandas, que los primeros meses del año tuvo un pico. Estamos redoblando la coordinación tanto a nivel de la Justicia, con el MPA, como con el comando unificado que ya funciona hace tiempo», indicó la ministra.
El arribo de Bullrich y su comitiva no alteró en nada el funcionamiento del CPJ. Las audiencias programadas se realizaron con normalidad, ya que se había planeado que la ministra enfrentara a un enjambre de periodistas sobre la explanada de calle Rueda, el área atacada el sábado último. Cerca de las 10 de la mañana el jefe de la policía de Santa Fe, Marcelo Villanúa, y el secretario de Seguridad Pública Omar Pereyra recorrieron la zona junto como Javier Leiva, de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de Investigaciones (PDI).
Quince minutos más tarde, caminando bajo el sol de invierno como ajeno a todo y acompañado por una custodia personal, pasó por el costado del CPJ el juez Ismael Manfrín, precisamente quien presidiera el tribunal que condenó a 19 miembros de Los Monos, y cuyas antiguas propiedades fueran atacadas el 29 de mayo pasado dando inicio a la última saga de violencia armada, no quiso contacto con la prensa. Al filo de las 10.30, cuando estaba programada la llegada de Bullrich, la primera personalidad política que pisó la plaza del CJP fue el intendente Corral.
«Este intento de amedrentar a fiscales y jueces es muy grave, no podemos naturalizarlo. Necesitamos una Justicia que siga desarticulando estas economías del delito», dijo el intendente capitalino, y agregó que «la inseguridad azota a toda la provincia, no sólo a Rosario y Santa Fe».
Luego de Corral se masificó la llegada de políticos para participar de la reunión: los diputados nacionales Albor «Niky» Cantard, Luciano Laspina, Hugo Marcucci, Gisela Scaglia, Astrid Hummel, Lucas Incicco y Alejandro Grandinetti; los concejales Roy López Molina, Ana Martínez, Agapito Blanco, Horacio Ghirardi y Gabriel Chumpitaz y Pablo Javkin. Y una vez finalizada la reunión el telón se corrió y la ministra Bullrich enfrentó a los periodistas.
Más restricciones
La ministra insistió sobre la idea de ser más estricto con los presos que sigan realizando ilícitos aún tras las rejas. «Las personas que desde una cárcel siguen manejando una banda como si estuvieran afuera, y por ende la cárcel no les genera una barrera para que sigan delinquiendo, tienen que entrar en un programa especial con restricciones distintas a otros presos cuyo objetivo es la resocialización. En este sentido, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, llevará adelante un programa para presos que siguen manejando organizaciones narcocriminales dentro de las cárceles, que va a ser bastante más estricto. Y hablamos con el ministro para implementar uno igual en Santa Fe», dijo Bullrich, e insistió en que «en los últimos procedimientos en la cárcel de Piñero se han secuestrado celulares y por eso hoy hemos discutido también le hecho de que tiene que haber un control y una restricción más fuerte».
Consultada sobre la causa de Los Patrones y la indefinición sobre dónde se llevara a cabo el juicio, Bullrich adelantó que será un secreto hasta las horas previas. «Está completamente diseñado pero no vamos a brindar ningún detalle porque no queremos que quienes van a estar en el juicio sepan cómo va a ser. Es un secreto de Estado», indicó.
Planificación
La agenda de la ministra continuó con reuniones con jueces y fiscales federales, así como con el comando unificado. Como punto final brindó una conferencia de prensa con el gobernador Miguel Lifschitz. «Cada 30 o 45 días hacemos una reunión de repaso de planificación de trabajo común que venimos haciendo con las fuerzas de seguridad federales y el ministerio que conduce Patricia Bullrich desde mediados de 2016 cuando hicimos un convenio que se fue perfeccionando en estos dos años. El trabajo es muy positivo, también nos permite pensar los desafíos que van apareciendo en una realidad compleja que va cambiando», sostuvo el mandatario provincial.
Además de planificar intervenciones en conjunto en barrios de Rosario y Santa Fe, explicó el gobernador, el encuentro incluyó «como no podía ser de otra manera, los atentados a frentes de viviendas que tienen que ver con funcionarios que intervinieron en la causa de Los Monos».
Fue entonces que, mientras trascendía la noticia de la nueva balacera en Buenos Aires al 1700, Lifschitz y Bullrich volvieron a abordar este tema.
Indagaron a adolescente como presunto tirador en una de las balaceras
Un chico de 17 años fue indagado ayer por la balacera del 29 de mayo pasado a una casa de Italia al 2100 que perteneció al juez Ismael Manfrín. Fue la primera de una decena de atentados a domicilios de funcionarios que tuvieron alguna intervención en la causa de Los Monos. El joven, apodado «Tavi», quedó detenido en el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (Irar).
Octavio A. fue detenido el martes junto a otros dos mayores de edad en el marco de la investigación a los ataques que se reiteraron a lo largo de dos meses y medio. Uno de ellos, Brian Joel «Cebo» F., de 22 años, fue imputado el jueves por una balacera que se concretó minutos más tarde al edificio de calle Montevideo al 1000 donde también residió el magistrado.
Los dos fueron apuntados por un testigo de identidad reservada que declaró haber escuchado, un día antes, cuando comentaban que les habían encargado un «trabajo» que consistía en balear la casa de un juez. Los identificó como «Cebo», «Tavi» y «Bichi» y en base a sus dichos se realizaron escuchas. Para la Fiscalía, la orden habría sido emitida por el condenado como jefe de Los Monos Ariel «Guille» Cantero desde la cárcel de Piñero.
Tavi es sobrino de la actual pareja de Máximo Ariel «Viejo» Cantero, preso como miembro del clan. El adolescente fue indagado ayer por la jueza de Menores Dolores Aguirre Guarrochena. Fue acusado de haber disparado junto a otro sujeto no identificado contra la casa de Italia al 2100 donde había vivido Manfrín hasta dos meses antes, cuando le vendió.
«Nueve tiros al frente»
Según fuentes del caso, a Tavi lo incriminaron por una escucha en la cual se captó que alguien le dio la orden de tirar contra la casa de calle Italia. En el diálogo se especifica la dirección y la cantidad de disparos: «Nueve tiros le tenés que meter. Nueve tiros al frente». Los balazos fueron efectuados desde una moto que fue perseguida por un policía que perdió de vista a los atacantes en Moreno y Deán Funes.
Tavi, sin antecedentes penales, fue asistido por un defensor particular y aceptó declarar, aunque no se dio a conocer el contenido de su exposición. Fue imputado de haber disparado con el propósito de intimidar a Manfrín, quien presidió el tribunal que en abril condenó a acusados de integrar la banda. La imputación fue la misma que afrontó Cebo un día antes: portación de arma de guerra y amenazas coactivas agravadas por el anonimato, el uso de arma y por ser direccionadas contra bienes públicos. Quedó detenido en Irar. (La Capital