Justicia en jaque: Luego de intimidaciones, aceptaron que Manfrín se aparte de la causa de Los Monos

Luego de recibir distintas balaceras en dos casas que residió el magistrado decidió excusarse del tribunal.

La Justicia aceptó la excusación del juez Ismael Manfrín del tribunal que presidió en el juicio que condenó a la banda de Los Monos. El magistrado había pedido apartarse tras las balaceras a dos casas donde había residido, lo cual fue relacionado con su labor en esa causa, y en tal sentido alegó que no quería que su imparcialidad se viera afectada. Para resolver la situación se conformó un nuevo tribunal presidido por María Isabel Mas Varela, quien nombró a sus pares Rodolfo Zvala en reemplazo de Marisol Usandizaga —ahora jueza penal en Villa Constitución— y a Silvia Castelli en lugar de Manfrín. Así, este nuevo tribunal aceptó la excusación ya que, a tono con lo que el propio Manfrín había fundamentado, puede «existir riesgo de que las futuras decisiones que pudiera tomar se vean afectadas por una merma en su neutralidad».

Trámites

Manfrín presidió el tribunal que el pasado 27 de abril condenó por asociación ilícita a los principales miembros de Los Monos. Como el fallo no está firme, los incidentes judiciales que puedan surgir respecto de la causa no ingresan en un juzgado de ejecución penal y deben ser resueltos por el mismo tribunal oral.

En ese contexto, el mes pasado el Servicio Penitenciario santafesino pidió a la Justicia Federal que los condenados Ariel «Guille» Cantero y Emanuel Chamorro, procesados en otra causa por narcotráfico, fueran trasladados a penales federales fuera de la provincia. Las defensas requirieron a Manfrín que rechazara el pedido, pero éste se declaró incompetente: no podía resolver sobre un caso de otra jurisdicción.

Finalmente la Justicia Federal ordenó los traslados de Cantero y Chamorro a penales de otras provincias y horas más tarde, la noche del pasado 29 de mayo, siete balazos impactaron contra una casa de Italia al 2100 donde hasta dos meses antes había vivido Manfrín. Minutos después, en Montevideo al 1000, hubo un ataque similar contra un inmueble donde también había residido el juez.

Si bien por el momento no superaron el rango de hipótesis, los atentados fueron relacionados con la labor de Manfrín en el juicio a Los Monos. Especialmente luego de las balaceras de la semana pasada contra casas de familiares del juez Juan Carlos Vienna, quien instruyó la causa contra los Cantero.

Si bien Manfrín dijo desconocer la razón de los atentados, alegó que el hecho de que la prensa los relacionara con su papel en el juicio a Los Monos era «suficiente para que las partes pudieran temer que en la toma de futuras decisiones se vea afectada la objetividad de este magistrado».

Derechos y deberes

La resolución al pedido de Manfrín quedó en manos del tribunal que él había presidido y Mas Varela tuvo que reconstituir con Zvala y Castelli. Los jueces aceptaron la excusación pedida por Manfrín invocando tanto «el deber del juez de inhibirse» ante una circunstancia que pudiera afectar su imparcialidad como el derecho de los acusados a ser juzgados por un tribunal imparcial.

El tribunal evaluó que más allá de que «Manfrín se desentendió de las interpretaciones de los medios» sobre los atentados, «no puede soslayarse» la trascendencia pública que adquirieron, incluso «recogidas por funcionarios de otros poderes». Y si bien recordaron la obligación de un juez de mantenerse «sereno e imparcial ante situaciones de tensión propias de sus funciones», es «innegable» que lo vivenciado por Manfrín tiene «entidad suficiente para conmover el ánimo» del juez al punto de poder llegar a afectar su «objetividad para decidir asuntos relacionados con la causa».

«Insistir en la intervención de Manfrín en este trámite sería colocar a las partes en una situación de absoluta desconfianza», dice la resolución, y agrega: «Este riesgo de parcialidad que origina la facultad de las partes de apartarlo y el deber del propio juez de excusarse, no debe confundirse con una disminución de su honorabilidad sino que es un mecanismo para garantizar objetivamente la neutralidad de quien es llamado a dirimir una controversia».