Otra vez el país dividido

Otra vez el país dividido. Pareciera ser una patología congénita que tiene como partida de nacimiento el enfrentamiento entre independentistas y realistas en 1810.

Atravesando vertiginosamente la línea del tiempo, la última gran discordia entre argentinos – previa a la de «K» versus anti «K» – fue la crisis del campo en el 2008, que dividió severa y peligrosamente al país en las vísperas de la histórica votación senatorial del Proyecto de Ley de Retenciones y Creación del Fondo de Redistribución Social con el fin de ratificar la Resolución 125. Creemos que en ese momento socialmente «La Patria estaba en peligro».

Hoy, a 48 horas de la votación en la Cámara de Diputados de la ley de despenalización del aborto, naturalmente sin la virulencia de los cortes de rutas y manifestaciones previas por «la 125», estamos asistiendo a otra «grieta» social que por su trascendencia – la vida humana en juego – no es ajena a ninguna persona, esté o no involucrada desde el punto de vista religioso, ético-moral o científico en el tema.

Todo depende de los argumentos con que se plantee la cuestión.

Los planteamientos explicativos de las posiciones, curiosamente lograron unir las paralelas: ambas aluden al asesinato como eje de la cuestión.

Quienes están en contra de la Ley arguyen que técnicamente el aborto aniquila una vida, basados en la certeza científica de que la vida comienza desde la formación de un embrión. De ahí en más el debate se complementa con razones ético morales y religiosas. E invitan a practicar la sexualidad segura para no caer en ese tremendo dilema personal (abortar) y a explorar la entrega en adopción de la criatura no deseada en lugar de asesinarla.

Quienes están a favor de la norma aseguran que los que se oponen convalidan asesinatos clandestinos. Vale decir que no desestiman el carácter técnico jurídico del «asesinato»; sólo indican dónde y cómo debe realizarse.

Aquí conviene resaltar que al permitir el proyecto abortar en cualquier momento de la gestación, queda saldada la discusión sobre el origen de la vida. Ya no importa.

La línea argumental de quienes respaldan la Ley es que esa extinción de la vida debiera ser consumada legalmente (hoy el Código Penal lo despenaliza sólo con excepcionalidades) «seguro» (por un profesional matriculado y en un efector de salud) y de manera gratuita (se dice que las mujeres pobres, que son en su mayoría quienes abortan, lo hacen de manera clandestina porque – por estar penalizado- no pueden pagar las onerosas cifras que abonan las mujeres que tienen poder adquisitivo y abortan, también de manera clandestina, pero en lugares seguros y por especialistas).

Con semejante eje como discusión: el asesinato y su penalización (o despenalización) cómo no abrirse semejante brecha, que obviamente a esta altura ya no pasa desapercibida para nadie.

Hoy día el Código penal prescribe que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

Básicamente, el proyecto de Ley a tratarse amplía de manera casi irrestricta los alcances de lo antedicho legalizando, entre otras cosas, el artículo 85 del Código Penal que reprime al que causare un aborto con reclusión o prisión con penas según quien lo practicare y a quien involucrare.

El condimento político en Santa Fe lo puso el Diputado nacional Luis Contigiani, quien aseguró que votará en contra del proyecto. Del resto de los diputados, solo se sabe que hay una posición casi empatada entre quienes votarán a favor y en contra.

Contigiani puso en discusión el origen de su banca, habida cuenta que desde el socialismo, invocando la representatividad de Contigiani del Partido y sus principios sobre el tema, le pidieron rigurosamente que vote a favor; otros iban más allá y subliminalmente le sugerían que debería dejarla.

Antes de que el FPCyS se resquebraje por este tema, el Vicegobernador radical Carlos Fascendini puso blanco sobre negro con un twit conceptual: «Mi respaldo a las manifestaciones de @LuisContigiani, Diputado Nacional por el Frente Progresista Cívico y Social, integrado por 8 partidos».

Horas antes, el actual Presidente de la Cámara de Diputados Antonio Bonfatti se había expresado de la misma manera: «La banca es del frente, y dentro del Frente Progresista somos 8 partidos».

Más tarde, tanto Bonfatti como Lifschitz le sugirieron a Contigiani que revea su posición. Al momento de escribir estas líneas, la determinación del ex- Ministro de la Producción seguía siendo irreductible.

La pregunta que se realizan algunos referentes del FPCyS es: ¿influirá en las elecciones del año que viene la postura del socialismo en este tema?.

Luz mala

El intendente de Santa Fe José Corral intenta que la controversia por el precio a pagar por la energía eléctrica consumida por el alumbrado de esta ciudad capital, se transforme en un «leading case» político en toda la Provincia.

Corral asegura que la cuestión terminará en la justicia. Desde el gobierno provincial advierten que el intendente santafesino busca «visibilizarse» de cara a su proyección gubernamental.

Ambos protagonistas – primereó Corral – están en lo cierto: hoy día en esa discusión se entremezcla lo técnico con lo político-electoral.

El intendente de Santa Fe, representante del radicalismo en Cambiemos en esta Provincia, quiso mostrar un gesto al pedido de ahorro hecho público por el Presidente Mauricio Macri, solicitándole a la EPE la rescisión del convenio por el cual la empresa provincial de la energía le cobra a los usuarios (de toda la Provincia) el alumbrado público, mediante un apartado en la boleta de la luz denominado CAP (Cuota Alumbrado Público), consistente en un porcentaje del consumo de cada cliente-usuario, pidiendo que ese consumo (estipulado por una fórmula elaborada por la UTN) sea abonado por la Municipalidad de Santa Fe. De esta manera, los habitantes de esta capital tendríamos un beneficio – puesto en duda por la EPE- del 10 % – y mas – en el costo final del servicio.

La iniciativa de Corral ocultaba otra intencionalidad política: – advertida inmediatamente por el gobierno provincial- que se expanda al resto de las municipalidades, empezando por las radicales. Hubo atisbos, básicamente de concejales de Cambiemos en varias ciudades (Rafaela, Reconquista, Rosario, un concejal vecinalista en Sunchales); pero el ejemplo no cundió.

Para desanimar definitivamente a quienes quisieran emular a Corral, la EPE le envió a la intendencia de Santa Fe la facturación de los meses de abril y mayo con un monto acumulado de 21 millones de pesos, que el intendente consideró poco menos que una afrenta, denunciándolo por excesivo y extemporáneo, no concordante con los datos por ellos calculados que orillaban un 65 % menos. «Nos están metiendo la mano en el bolsillo», bramó Corral.

Mensaje por mensaje: mientras la Provincia – a través de la EPE – les desaconseja al resto de los intendentes a embarcarse en la compleja decisión de pagar el consumo del alumbrado público; José Corral – quien asegura que no pagará esas facturas que vencen el jueves 21 de este mes e irá a la justicia- pretende mandar el mensaje al resto de los pueblos y ciudades de la Provincia sobre la escasa confiabilidad de la EPE en el cobro a los usuarios del alumbrado público.

El Gobernador Miguel Lifschitz será quien finalmente termine zanjando esta discusión más política que técnica, para que la sangre no llegue al río.

El 2019 pareciera estar más cerca de lo previsto por el colectivo político que del resto de la ciudadanía, angustiada por el futuro económico del país.