Nueve allanamientos en pensiones de la ciudad por presunto lavado de activos

La Justicia provincial sigue el accionar de un hombre y su familia que, regenteando alojamientos precarios, evadió unos 70 millones de pesos.

La investigación de una maniobra de lavado de activos por cerca de 70 millones de pesos orquestada sobre la base de una serie de pensiones clandestinas originó ayer nueve allanamientos, la mayoría en la zona oeste de la ciudad. Los procedimientos, realizados por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia y Gendarmería Nacional, no tenían como objetivo la detención de personas ligadas a la maniobra. Sin embargo, se secuestró documentación de interés para la causa, así como algo más de 500 mil pesos y 11 mil dólares.

Si bien los responsables del operativo evitaron identificar a los sospechosos, alegando que no hay detenidos en una investigación que lleva casi dos años, trascendió que el principal investigado es Antonio G., primo de un policía que años atrás se quitó la vida en un drama familiar.

Según fuentes de la investigación, ayer las pensiones seguían ocupadas por sus habitantes ya que es potestad de la Municipalidad proceder o no a clausurarlas. En su mayoría se trata de gente que no puede acceder a otro tipo de lugar donde vivir y se ve obligada a residir en condiciones «pésimas» y, en algunos casos, hasta «peligrosas por su precariedad edilicia y de servicios».

Temprano

Según los voceros consultados los procedimientos se realizaron ayer, desde temprano, en nueve domicilios. Cinco están en un sector de Echesortu: Zeballos al 3700, Constitución al 1500, Montevideo al 3700 y dos en Cochabamba al 4000. Más al oeste hubo allanamientos en Santa Fe al 4300 y dos en inmediaciones de Eva Perón al 7800: uno en Benegas a esa altura y el otro en pasaje Kay 170. Este último, en una casa de dos plantas donde se halló un Audi negro con patente de Uruguay en el cual el principal sospechoso viajaba frecuentemente al país vecino. Finalmente, el noveno allanamiento se practicó en Carranza al 3700, cerca de Mitre y Presidente Quintana.

Según el comisario de la PDI que comandó el operativo, Víctor Martínez, tres de estos domicilios eran viviendas (en una funcionaba un estudio jurídico) y el resto «pensiones clandestinas que funcionaban sin habilitación ni mínimas condiciones de seguridad e higiene, a pesar de albergar a mucha gente», teniendo entre 30 y 40 habitaciones.

Una de las pensiones, por ejemplo, es una vivienda de dos plantas en la esquina de Zeballos al 3700 con otro ingreso por Castellanos y en cuya planta baja funciona un bar. Otra pensión allanada, que tiene más de 50 habitaciones, es la de Santa Fe al 4300. En general, se trata de casas a las que les agregaron construcciones que lucen precarias y cuyos pisos a veces son tarimas de madera.

En ese contexto, Martínez confirmó que «en una de las viviendas particulares se secuestraron 400 mil pesos en efectivo y en otra 135 mil y 11 mil dólares». Además, el comisario señaló que en los procedimientos también participó la EPE a raíz de que «todas las pensiones estaban conectadas a la red de energía en forma irregular».

Varias pistas

Matías Edery, uno de los fiscales a cargo de la investigación, señaló que la misma comenzó hace casi dos años a partir de una denuncia sobre la existencia y funcionamiento de una serie de pensiones clandestinas que fue tomada por la fiscal Verónica Caíni. El avance del caso fue dejando al descubierto la posible comisión de otros delitos, por ejemplo maniobras de venta de cereal en negro, y en ese sentido se buscó en los allanamientos de ayer documentación y material informático que diera cuenta de esas hipótesis.

Si bien los investigadores mantuvieron en reserva los datos sobre los posibles implicados, trascendió que el principal sospechoso es un hombre de unos 60 años llamado Antonio G. que posee una distribuidora de pollos mayorista «como cortina» de sus negocios ilícitos y estaría vinculado a una empresa de transporte. Esta persona apareció hace varios años mencionada en denuncias por tener una red de pensiones clandestinas en las que hurta energía (ver aparte). Al respecto, Edery no descartó que hubiera más gente involucrada, entre ellas dos hijas de Antonio G. a nombre de las cuales se habrían registrado dos sociedades en Uruguay que se usan para el lavado de dinero.

Plata lavada en el exterior

Es que además de las faltas municipales, como la ausencia de habilitaciones o los problemas de higiene y seguridad en las instalaciones, hay otros delitos que se investigan. Por ejemplo, trascendió que es materia de investigación si el dueño de estas pensiones recibía subsidios y pensiones contributivas a nombre de personas en situación de calle a las que les daba alojamiento a cambio de retenerle el documento para gestionar esos ingresos que, supuestamente, eran girados a empresas radicadas en Uruguay, donde están radicadas dos firmas que administran las pensiones allanadas y que estarían a nombre de las hijas de Antonio G., una de ellas abogada.

«Se supone que hay un lavado de activo de unos 70 millones de pesos. No sabemos si todo ha sido enviado al exterior. Se investigan varios delitos diferentes, incluso maniobras con cereal en negro y por eso lo que se buscaba era documentación en general», sostuvo el fiscal. Y agregó que entre las pensiones hay algunos inmuebles que habrían sido usurpados o adquiridos en forma dudosa.

Edery añadió que la investigación proseguirá con el análisis de la documentación secuestrada, cuya información deberá ser «cruzada con otros datos, que son muchos, ya existentes en el legajo» iniciado hace casi dos años. (La Capital)