El Gobierno nacional recalcula el alza de tarifas
Preocupación en Energía y Hacienda por los efectos fiscales de no aplicar las alzas en servicios de luz, gas y agua hasta fin del mandato de Macri. Este año resta el ajuste por inflación.
Por Carlos Burgueño/Ámbito.com
Terminada la crisis por el ajuste tarifario del primer cuatrimestre del año, el Gobierno ahora debe planificar los próximos dos capítulos del problema: cómo aplicar los aumentos que aún restan para 2018 y programar los de 2019. En general, se trataría de un simple esquema preparado por el Ministerio de Energía de Juan José Aranguren. Sin embargo, a partir de la crisis política generada por la aplicación de los aumentos en las facturas de luz, gas y agua, el diseño de los incrementos restantes pasó a ser para el macrismo una cuestión de Estado y de supervivencia. La asonada interna provocada por Elisa Carrió y el radicalismo generó ahora que lo que parecía ser un simple cálculo fiscal basado en los costos de los subsidios restantes, la inflación y el equilibrio final en las tarifas de los servicios públicos provocó que las alzas tengan que tener, hacia delante, una pata política en su diseño final.
Según los números que Aranguren tiene en su Excel, y que son compartidos y avalados por el resto de los ministerios del gabinete económico (comenzando por el de Hacienda de Nicolás Dujovne), el ajuste general en las tarifas de los servicios se ubica en el primer cuatrimestre del año entre un 70% y un 75% del costo al público de la luz, el gas y el agua. El porcentaje oficial es compartido por los privados (ver nota en página 4) y determinaría que aún restaría, dependiendo del servicio, un ajuste más de entre 25 y 30%, según la prestación y la región de que se trate. De acuerdo con el mapa oficial, la luz estaría a punto de equilibrio en provincias como Mendoza y Córdoba, mientras aún restaría un largo trecho de ajuste en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. En el caso del gas, la Patagonia y el NOA estarían cerca del porcentaje final, mientras que, otra vez, Capital Federal, Buenos Aires y la Mesopotamia aún deberían recorrer un largo camino de subas. A estos aumentos deben sumarse los ajustes por inflación acumulados en cada momento de calcular las alzas, con lo cual, y dependiendo de cómo evolucione el IPC este año y en 2019, habría que sumarles entre 30% y 35% más. Como conclusión, si Mauricio Macri quisiera llegar al final de su mandato presidencial (eventualmente el primero) con las tarifas de servicios públicos en equilibrio, aún deberían subir entre 50% y 60% hasta diciembre de 2019.
Este era el plan general tanto de Aranguren como de Hacienda y del resto de los ministerios del gabinete económico, al menos hasta la asonada de Carrió y la UCR. En términos fiscales, el compromiso con Aranguren era que el próximo ajuste tarifario se aplicaría entre octubre y noviembre de este año, cuando el Gobierno autorice un incremento en las facturas comparable a la evolución inflacionaria acumulada durante este ejercicio (las previsiones privadas hablan de aproximadamente 18%); el incremento final sumaría para este año un promedio de 55%. Siempre siguiendo lo que proyectó Aranguren originalmente, el próximo año se debería completar el ajuste restante, y subir las tarifas entre 20% y 30%. Más la inflación, la que, siguiendo la proyección oficial, debería ser menor que 2018 y, ahora sí, acercarse al 15%. En la cuenta final, en 2019 los aumentos deberían ser de 35%. Detrás de estas alzas hay un cálculo fiscal que estima para este año un ahorro de 40.000 millones de pesos, y otro tanto para 2019. Las negociaciones con los aliados de Carrió y el radicalismo del jueves pasado habrían salvado el primer número. Lo que ahora entra en crisis son los segundos $40.000 millones, más el ajuste inflacionario. Para Dujovne, ambos incrementos son imprescindibles si se quiere mantener la meta de déficit fiscal de 3,2% (sería menor que el 3%) y, especialmente, proyectar un desequilibrio menor que 2,5% para el próximo ejercicio. Más teniendo en cuenta que el año próximo ya no se podrá jugar la carta de una reforma previsional como la de este año. Como contrapartida, el nuevo impuesto a la renta financiera ya haría su aporte fiscal.
El problema ahora es que al abrirse el debate político con los aliados del Gobierno, el gabinete económico empieza a preocuparse. Saben desde los ministerios de Aranguren y Dujovne que el ala política deberá negociar el próximo ajuste, ante la llegada de un 2019 electoral, donde el Gobierno deberá además reconquistar a la clase media para sostener a Mauricio Macri en el poder. Una alternativa es tomar la decisión política de no completar el ajuste de tarifas hasta el 100% del costo, y proyectar el equilibrio final para un eventual segundo mandato del actual jefe de Estado. (Carlos Burgueño/Ámbito.com)
