Imputaron al homicida del sindicalista Abel Beroiz por engaños telefónicos
Ayer lo acusaron junto a otro hombre de perpetrar doce hechos de falsos secuestros desde una cárcel de Córdoba con víctimas de Rosario.
Dos hombres fueron imputados ayer por integrar una banda dedicada a cometer reiterados engaños telefónicos con falsos secuestros de los que eran víctimas personas residentes en Rosario. Al momento de concretar estas acciones ambos acusados, que se hacían pasar por policías, estaban presos en una cárcel de la provincia de Córdoba. Los sospechosos fueron detectados por una carambola: sus maniobras quedaron al descubierto debido a que la línea de uno de ellos fue intervenida por la policía de Santiago del Estero en el marco de la investigación de un homicidio.
En ese contexto se advirtió que los sujetos investigados seleccionaban al azar personas en Rosario para exigirles dinero con la argucia de que tenían a un familiar cautivo. A un año de los hechos los sujetos fueron identificados, sus tretas reconstruidas y así fue que ayer en los Tribunales de Rosario un fiscal los imputó de doce hechos idénticos de los cuales solo en dos tuvieron éxito.
Uno de los aspectos más llamativos del caso tiene que ver con la identidad de uno de los acusados. Se trata de Raúl Oscar Flores, condenado a cadena perpetua como confeso autor material del asesinato de Abel Beroiz, el secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe que fue ultimado a puñaladas en una cochera de la Plaza Montenegro de Rosario en 2007 (ver aparte). «Coqui» Flores estaba al momento de los hechos transitoriamente confinado en la cárcel de Cruz del Eje junto al otro imputado.
El cuento del accidente
Justamente los policías santiagueños seguían a los autores de un homicidio ocurrido en esa provincia por lo que llegaron al compañero de andanzas de Flores en la prisión cordobesa.
El seguimiento de la línea desnudó una serie de maniobras que seguían un mismo libreto que es clásico en este tipo de delitos. Los audios revelan que los falsos secuestradores escogían los números de vecinos rosarinos.
Quien llamaba decía ser un responsable de la Policía de Tránsito de Rosario de apellido Coronel y le anunciaba a su interlocutor que un familiar acababa de tener un accidente en Pellegrini y Circunvalación. Con habilidad lograba sacar provecho de la confusión y el aturdimiento de quien recibía el llamado y lograban así sacarles datos de un pariente que no estaba con ellos y el vehículo que utilizaba. Cuando obtenían esos datos les revelaban que en realidad no había tal accidente sino que tenían a su familiar como víctima de un secuestro extorsivo.
La pesquisa fue llevada por el fiscal de Investigación Nicolás Foppiani que se especializó en esta tipología delictiva. De las escuchas tomadas por la policía santiagueña Foppiani supo que los delitos contra víctimas rosarinas se habían realizado en un intervalo de marzo a abril de 2017. Requirió así más interceptaciones telefónicas que sirvieron para que la Policía de Investigaciones (PDI) estableciera los entornos de los que llamaban, con eso acercarse primero a quienes realizaban los engaños e identificarlos luego.
Pagados y consumados
En su momento Foppiani llevó a juicio a imputados de la comunidad gitana que cometieron una cadena de estafas de este tipo que durante dos años dejó un tendal de víctimas en la ciudad. Una curiosidad de aquel caso en el que se identificaron 136 hechos es que no se captaban los diálogos extorsivos pero los sucesos fueron reconstruidos a partir de las denuncias de las víctimas.
En este caso es al revés: no hubo denuncia de las víctimas pero a partir de las escuchas todas las comunicaciones quedaron registradas. Y en las intervenciones derivadas de esas escuchas uno de los imputados de ayer incluso menciona su propio nombre, lo que corroboró la identidad que el fiscal buscaba establecer.
El otro imputado junto a Flores es Javier Eduardo P. El juez de la audiencia, Juan Andrés Donnola, convalidó la acusación. Señaló que la figura extorsiva estaba presente en los delitos, que no eran simplemente estafas, debido a que existía en la conducta de la víctima una propensión a obedecer basada en el temor infundido.
En dos casos el fiscal dio por acreditada la consumación del pago por el hecho de que las llamadas revelan los detalles de la entrega del dinero. En los otros casos quedaron en tentativa porque la víctima desistió de obedecer o cortó la llamada. El juez Donnola dictó la prisión preventiva por máximo plazo a los imputados. (La Capital)
