Piden 15 años de prisión para el exjefe policial Hugo Tognoli

La misma pena pidieron para el sindicado narco Carlos Ascaíni. Para el ex comisario Néstor Fernández pidieron diez años de cárcel.

Por Hernán Lascano/La Capital

Los fiscales federales pidieron ayer una condena a 15 años de prisión para el ex jefe de policía de Santa Fe Hugo Tognoli por considerar que dio cobertura desde su cargo jerárquico a bandas de narcotraficantes del sur provincial. La figura imputada fue tráfico de estupefacientes agravado por la participación en los hechos de dos o más personas en lo que los acusadores denominaron empresa delictual y por su condición de funcionario policial.

El pedido de pena fue formulado por los fiscales Adriana Saccone y Adolfo Villate al final de una maratónica sesión de alegatos que les llevó cuatro días enteros de audiencias, en un juicio iniciado en junio de 2017 en el que ayer también se solicitaron condenas para otros 25 acusados. Los otros pedidos importantes fueron para los señalados narcotraficantes Carlos Andrés Ascaíni, de Villa Cañás, y Aldo «Totola» Orozco, de Firmat. Para ellos requirieron se les impongan 15 y 14 años de prisión respectivamente por comercialización de droga.

También fue relevante el reproche de los fiscales contra el ex jefe de la Brigada Operativa 8 de Drogas Peligrosas de Venado Tuerto, comisario Néstor Juan Fernández, para quien demandaron 10 años de prisión por tenencia de droga con fines de comercio, también agravada por su calidad de funcionario policial.

Etapa final

Esta es la etapa final de un trámite iniciado en 2012 cuando Tognoli fue destituido por el gobierno de Antonio Bonfatti en medio de un escándalo político. El planteo que estuvo en la acusación inicial retomada en el juicio es que Tognoli no pudo ignorar la cooperación que existía entre los narcotraficantes y la policía en 2009 cuando se utilizó una clave del Registro Nacional de Propiedad Automotor para identificar vehículos que usaban personal de la Policía de Seguridad Aeroporturia (PSA) en una investigación encubierta.

Esos hechos ocurrieron tres años antes cuando Tognoli era jefe de la ex Drogas Peligrosas de la provincia. Recurriendo a escuchas telefónicas y declaraciones de testigos, los fiscales señalaron que el 25 de noviembre de 2009 Ascaíni llamó a la comisaría de Villa Cañás y le pidió a un policía que le informara a quién pertenecía una camioneta Isuzu blanca patente DSI 951 que lo había seguido. El policía Carlos Quintana atendió el llamado de Ascaíni, lo reconoció por su nombre e hizo la gestión con una clave asignada al comisario Fernández, con la que determinó que el vehículo era de la PSA y así se lo comunicó al sindicado traficante.

Saccone adujo que Tognoli convalidó la consulta hecha por Fernández con la clave segu21083 provista por el Registro Nacional de Propiedad Automotor y que con ese acto de protección se frustró la investigación reservada que la PSA realizaba entonces contra Ascaíni.

Para establecer la responsabilidad de Tognoli los fiscales lo enlazan con Fernández, su subordinado en Venado Tuerto. Dijeron que Ascaíni aportó a una persona no identificada datos de un vendedor de droga al menudeo llamado Pablo Manzi avisando que «viajaba con algo encima» en micro de Villa Cañás a Venado. Por ese motivo Fernández en persona, dijeron, acudió a la terminal venadense donde detuvo a Manzi «en un control rutinario en el que le secuestran una mochila verde con cocaína y marihuana».

Para la acusación Ascaíni había intercambiado mensajes con Manzi y lo entregó a Fernández. Saccone señaló que Fernández habló tres veces con Tognoli el día que detuvo a Manzi, antes y después del arresto. Lo que buscaba Ascaíni, según la fiscal, era sacar del medio a supuestos competidores suyos en el comercio de drogas que abastecían a Manzi, y utilizó la protección que tenía en Fernández para tal fin.

Otro de los elementos expuestos en la acusación fue que otro policía de Villa Cañás juzgado, Oscar Ledesma, le mandó un mensaje de texto a la dueña de un cabaret, Nilda Luques, en la que le decía que Ascaíni arreglaba «30.000 directo con Tognoli» para tener vía libre para vender droga.

Los fiscales apuntaron a una fecha clave que para ellos tiró por la borda el sistema de protección a narcos del que sacaba provecho Tognoli. Fue el 3 de mayo de 2012. Ese día Bonfatti firmó el decreto 1369 por el cual el entonces ministro de Seguridad Leandro Corti se hizo cargo de la parte operativa del control de estupefacientes desplazando de esa función a la ex Drogas Peligrosas. En ese momento para los fiscales los narcos importantes dejaron de tener cobertura. Ascaíni fue detenido cinco días después de esa fecha. Al mes siguiente Orozco corrió la misma suerte. Y en su alegato el fiscal Villate remarcó que a dos meses de ese decreto fue apresado Daniel «Tuerto» Mendoza, acusado de manejar una cocina de cocaína en la capital provincial. Lo recordó porque en 2015 Tognoli fue condenado a 6 años de prisión por encubrir las actividades de Mendoza.

Empresa

Durante el extenso alegato los fiscales señalaron que Ascaíni, Tognoli, Fernández y el cabo Quintana conformaron una empresa criminal conjunta para el comercio de estupefacientes. A Quintana, quien atendió la llamada de Ascaíni para averiguarle la patente del vehículo de la PSA, los acusadores le pidieron tres años de prisión como partícipe secundario de comercio de estupefacientes. Para el policía Ledesma pidieron dos años de prisión por haber violado sus deberes de funcionario al no denunciar a su superior.

Los fiscales dijeron que los defensores se esforzaron en fragmentar el valor de las pruebas contra los acusados. Por eso pidieron valorar la evidencia en forma armónica para demostrar lo que se busca acreditar. Ellos entienden que los nuevos modos del narcotráfico que avanzan con la cooptación de estamentos del Estado exigen cambiar el modo de análisis criminal. Y que para entender la protección estatal a este delito, como la de la policía, se debe analizar la prueba aunada y no escindida (ver aparte).

Cuatro causas

En este juicio se analizaron cuatro causas que fueron acumuladas lo que incidió en lo prolongado del trámite ante el Tribunal Federal Oral Nº 2 integrado por Beatriz Caballero, Omar Digerónimo y Otmar Paulucci. Son las llamadas causas Miguens, Orozco, Ascaíni y Tognoli.

La que inicia el trámite con que los fiscales implican a Tognoli es la de Mauro Miguens, acusado de ser un vendedor de Ascaíni y para quien pidieron cinco años de prisión.

Otra causa es la de Orozco, iniciada en 2012 con doce allanamientos simultáneos con 10 detenidos ese día y el secuestro de 6,640 kilos de cocaína y 3 kilos de marihuana, la mayoría en el Fonavi Centenario de Firmat. Ayer varios implicados que recibieron pedidos de penas que promedian entre los seis y nueve años. Entre los imputados en este grupo está Carina Leguizamón, esposa de Ascaíni, para quien pidieron seis años como partícipe necesaria de tenencia de droga para comercializar. Para los fiscales está probado que Ascaíni y Orozco eran socios.

El otro expediente fue el de Ascaíni y el último el que implicó a los policías Tognoli, Fernández, Ledesma y Quintana.

Conjeturas

El juicio tendrá una pausa hasta el próximo 23 de abril, cuando será el turno de alegar del defensor de Tognoli, Néstor Oroño. Al día siguiente será el turno de José Luis Vázquez, el abogado de Fernández.

Ambos adelantaron que cuestionarán la figura de empresa criminal conjunta como una figura abierta para implicar en base a conjeturas no fundadas en prueba. (Hernán Lascano/La Capital)