Fiscales pidieron altas penas para los líderes de Los Monos

Por asociación ilícita reclamaron sanción contra 22 de los 23 acusados. Sólo sugirió que se absuelva al ex jefe de Drogas Cristian Floiger

El juicio contra la banda de Los Monos entró en la recta final y la sala de audiencias volvió a llenarse. Ayer pasadas las 9, el fiscal Gonzalo Fernández Bussy comenzó a exponer los alegatos de clausura de un trámite que se inició en noviembre pasado y que en las próximas semanas concluirá cuando el Tribunal dicte su sentencia. Durante la mañana y hasta pasado el mediodía la fiscalía hilvanó las pruebas que se expusieron a lo largo del debate para probar la existencia de una asociación ilícita dedicada a cometer distintos ilícitos y detalló el rol que cada uno de los acusados cumplía dentro de la misma. También atacó las estrategias de las defensas, que a entender del fiscal apuntaron todo el tiempo a desprestigiar al juez de Instrucción que llevó adelante la investigación y las escuchas telefónicas en las que se basa gran parte de la acusación.

De hecho, uno de los momentos más tensos de la mañana se generó cuando Fernández Bussy reprodujo una de esas escuchas. Las defensas objetaron pese a un acuerdo previo de no interrumpir la exposición del fiscal y el juez Ismael Manfrín convocó a los más de 20 abogados presentes para exigirles orden.

En la sala estuvieron todos los imputados, a excepción de Máximo Ariel Cantero (padre), sindicado como uno de los líderes de la banda, quien se excusó con un certificado médico para no presenciar la audiencia. Al concluir la jornada para los principales miembros de la familia Cantero los pedidos de pena, unificados en algunos casos con condenas anteriores, quedaron así: Ramón Machuca, alias Monchi Cantero, 41 años. Ariel Máximo «Guille» Cantero: 26 años. Máximo Ariel Cantero (padre): 10 años. Lorena Verdún: 7 años y un mes.

Otras demandas de condena fueron de 14 años para Leandro Vilches, de 13 para Emanuel Chamorro. En los casos de los policías los más severos apuntaron al ex policía de Drogas Peligrosas Juan Delmastro, con 13 años unificados, y para el ex suboficial de la Zona 3 de Rosario Juan José Raffo, con 9 años y seis meses.

Asociación ilícita

Fernández Bussy consideró que de las 25 personas que están en el banquillo de los acusados, 22 conformaban una asociación ilícita. No habló de 23, como lo había hecho en los alegatos de apertura ya que, tras el debate, entendió que no había evidencia suficiente para probar que el ex jefe de Inteligencia de ña ex Drogas Peligrosas de Rosario, Cristian Floiger (para quien habían solicitado seis años de prisión) hubiera sido uno de sus miembros. El fiscal solicitó su absolución.

«La asociación ilícita está conformada por 22 de los imputados que están en juicio más los que ya se encuentran condenados (en juicios abreviados)», expuso Fernández Bussy, y ahondó: «Se sienten parte de esta asociación. Colaboran de una forma u otra para que los objetivos de esta organización criminal se cumplan. Esos objetivos eran usufructuar un territorio liberado mediante la imposición del miedo y con una organización sistemática de la violencia, controlando distintas zonas geográficas de Rosario, cobrando a otras personas para brindarles protección. Es decir, manejar lo que se conoce como negocio de la violencia, uno de los aspectos fundacionales, prioritarios y aglutinantes de la banda».

Para el fiscal, la principal víctima de Los Monos fue la sociedad. «La tranquilidad social que debemos proteger se ve alterada cuando aparece una asociación ilícita de personas que tienen como finalidad específica la de cometer delitos indeterminados, perjudicando así nuestra vida en sociedad. La existencia de una asociación ilícita perturba la tranquilidad pública porque implica peligro para la preservación del orden social. Genera una alarma colectiva y temor en la población de ser víctima de un delito. Esta banda organizada ha alterado la tranquilidad que imperaba en Rosario a través del uso indeterminado de la violencia, como hemos demostrado en estas audiencias de debate».

Bussy aclaró que lo que se castiga no es la participación en cada uno de los delitos que el grupo se propone cometer, sino el simple hecho de formar parte de esa asociación «con independencia de la responsabilidad de cada integrante en los delitos que se cometen», ya que, en definitiva, todos sus miembros gozaban de los beneficios que brinda la pertenencia: la impunidad.

«La banda estaba organizada por medio de una estructura celular donde los miembros tenían roles específicos. No todos se conocían entre sí, no todos apretaban el gatillo, no todos limpiaban los rastros, no todos tomaban decisiones sobre cómo manejar la información ni en cómo invertir los recursos económicos», remarcó el fiscal, quien consideró probada la existencia de la banda con las escuchas, los audios, los informes policiales y económicos y los testimonios de los testigos que declararon durante los más de dos meses de debate.

El fiscal hizo hincapié sobre uno de estos elementos. «Hemos escuchado más de 300 audios de las intervenciones telefónicas. Todos sabemos la importancia de los audios. Las defensas también y por eso atacan su legalidad, pero ese ataque no tiene sustento. Y como sabíamos que esa iba a ser nuestra batalla trajimos testigos fundamentales sobre ese tema, aunque ya habían sido analizadas, corroboradas y dictaminadas como legales».

Los roles

En base a las escuchas la fiscalía le atribuyó roles dentro de la organización criminal a cada uno de los acusados de conformar la asociación ilícita. Entre ellos distinguió a quienes conformaban las líneas de mando y las subalternas.

Respecto de Máximo Ariel Cantero (padre); de su hijo biológico, Máximo Ariel Cantero —alias Guille—; y de su hijo de crianza, Ramón Machuca —conocido como Monchi Cantero—, el fiscal entendió que eran los cabecillas de la banda. A Ariel padre lo ubicó en el lugar del jefe fundador, quien estaba al tanto de todas las acciones que la banda realizaba.

A Monchi le atribuyó haber orquestado «los planes criminales que la banda llevaba a cabo», lo mismo que a Guille, a quien en las escuchas se lo ubica dando órdenes respecto de las armas y del manejo del dinero.
   
En el grupo de «esbirros, ejecutores o violentos» Bussy ubicó a Emanuel Chamorro y a Leandro Vilches, a quienes definió como «el brazo armado que respondía a las órdenes de Guille».
   
Dentro de la teoría del fiscal, el grupo de los testaferros estaba integrado por Silvana Gorosito —la esposa de Monchi—, Lorena Verdun —ex mujer del asesinado Claudio «Pájaro» Cantero—, Mariano «Gordo» Salomón, Agustín Ruiz y Francisco Lapiana. «Todos ellos se vieron favorecidos y beneficiados dentro de la asociación ilícita al prestar sus nombres para adquirir propiedades y para invertir con el objetivo de ganar más dinero para la banda», sostuvo.
   
El último grupo que mencionó Bussy fue el de los «proveedores oficiales de impunidad», integrados por policías vinculados a la organización criminal que —por acción u omisión y a cambio de beneficios— trabajaban para Los Monos. En este grupo ubicó a Walter Jure, Angel Avaca, Waldemar Gómez, Sergio Blanche, Eduardo Enriquez, Juan «Tiburón» Delmastro, Gustavo «Gula» Pereyra, Diego Cárdenas, Juan José Raffo, Roberto Otaduy y Omar Lescano.
   
El fiscal dijo que el objetivo de los defensores fue desacreditar al juez instructor Juan Carlos Vienna en dos frentes: al denunciar su parcialidad e intentar vincularlo con el padre de Martín «Fantasma» Paz —cuyo homicidio dio inicio a la investigación contra Los Monos—; e instalar que hubo auna decisión política de ir contra el clan de barrio Las Flores.
   
«Sobre la intencionalidad política no han traído a un solo testigo para demostrarla», remarcó Bussy.
   
«El otro frente fue vincular a Vienna con Paz», dijo el fiscal y enumeró las pruebas presentadas en este sentido: una fotografía de la red Gigapan a la que la Corte Suprema no otorgó validez; dos viajes a los Estados Unidos —en mayo y diciembre de 2013— que para la fiscalía no ha podido probarse que hayan realizado juntos; y la supuesta compra de una moto sin papeles cuyo paradero hoy se desconoce y que, para probarla, la defensa aportó los testimonios de dos personas vinculadas a la banda, una de las cuales purga condena por narcotráfico (Fabián Spadoni).

El fiscal también consideró que, para que su teoría del caso se ajustara, intimidaron e infundieron miedo en testigos que, durante el debate, terminaron por contradecir por completo declaraciones anteriores en las que implicaban a los presuntos miembros de la banda con acciones criminales. (La Capital)