Cristina Fernández, a juicio oral por la denuncia de Nisman

Aunque aún no se fijó la fecha, serán juzgados también Timerman y Zannini

Por Hernán Cappielli/La Nación

Cristina Kirchner sumó su tercera causa que ya llegó a la etapa del juicio oral: ayer fue elevado a juicio el caso en el que será juzgada por encubrir a los responsables del ataque a la AMIA, como lo denunció el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir.

El juez federal Claudio Bonadio envío a juicio la causa que involucra, además, al exsecretario general de la Presidencia Carlos Zannini -actualmente detenido- y al excanciller Héctor Timerman , acusados por encubrimiento agravado.

A este se suman otros dos expedientes en etapa de juicio oral: el caso del dólar futuro y el de la obra pública santacruceña. Cristina Kirchner está procesada con prisión preventiva, pero no está presa porque la protegen sus fueros de senadora.

Además, Cristina Kirchner está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita en la causa Los Sauces y el juez federal Julián Ercolini tiene que definir su situación procesal en el caso Hotesur, donde ya fue indagada.

Bonadio dio por cerrada la investigación y ahora se sorteará el tribunal oral federal al que le tocará intervenir en el caso. Esos tres magistrados juzgarán a la expresidenta y a otros doce acusados, a raíz de la firma del memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán, que según la acusación escondía el propósito de que fueran dados de baja los pedidos de captura internacional contra los exfuncionarios iraníes sospechosos de planificar la voladura de la AMIA en 1994.

Para Bonadio, todos deben ser juzgados por «encubrimiento agravado, abuso de autoridad y estorbo de un acto funcional», aunque advirtió que será el tribunal el que establezca si pudieron cometerse delitos más graves, como traición a la patria. El juez lo había procesado por esa figura, pero la Cámara Federal, al confirmar los procesamientos, cambió la calificación por encubrimiento, que es más benigna.

Además, la expresidenta está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita en la causa Los Sauces y el juez federal Julián Ercolini tiene que definir su situación procesal en Hotesur, donde ya fue indagada.

Para el juez, Cristina Kirchner fue la responsable del plan para garantizar la impunidad de ciudadanos iraníes con pedidos de captura internacional por parte de Interpol.

Por esta causa están presos Zannini, el dirigente social Luis D’Elía, el exlíder de Quebracho Fernando Esteche y Jorge Khalil, de la comunidad islámica. También serán juzgados Timerman -excarcelado por razones de salud-, el exvicecanciller Eduardo Zuain, la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona, el exsegundo de la AFI Juan Martín Mena y el diputado Andrés Larroque.

Si bien el caso está en camino al tribunal oral, falta una instancia formal que confirme los procesamientos y las detenciones. La causa debe ser revisada por la Cámara de Casación. En la sala IV de ese tribunal, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani se reunirán pasado mañana para decidir si dejan firmes o no los procesamientos y la prisión preventiva de la expresidenta y las situaciones de los restantes doce procesados. En tanto, Bonadio seguirá con parte de la investigación vinculada a otros imputados y a órdenes que le dio la Sala II de la Cámara Federal para avanzar con nuevos elementos de prueba.

En la resolución de elevación a juicio, el juez sostuvo que los funcionarios del Estado nacional «abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados».

Para ello participaron «en la elaboración del instrumento cuestionado y procuraron su puesta en marcha, en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede de la AMIA y lograr normalizar las relaciones entre ambos Estados».

Bonadio enumeró las reuniones previas a la firma del memorándum de entendimiento con Irán, el 27 de enero de 2013, en Etiopía, y sostuvo que el documento «fue el medio elegido para llevar adelante el plan delictivo, el cual se presentó mediática y políticamente por el gobierno de Cristina Elisabet Fernández, al momento de su firma y durante el trámite parlamentario previo a su aprobación, como la única herramienta útil, posible y necesaria para avanzar en el curso de la causa AMIA». (Hernán Cappiello/La Nación)