A casi un año de la tragedia de Monticas, aún no hay imputados en la causa

Familiares de víctimas y sobrevivientes dicen que la ausencia de responsables «no ayuda a cerrar las heridas». Temen que quede impune.

Por Gustavo Orellano/La Capital

A casi un año de la tragedia de Monticas, que dejó como saldo 13 muertos y una treintena de heridos, familiares de víctimas y sobrevientes aseguran que aún no hay imputados en la causa judicial que intenta esclarecer y establecer responsabilidades sobre lo sucedido.

La falta de respuestas no sólo genera preocupación y hasta impotencia entre los más cercanos a las víctimas, sino en el resto de la sociedad, que también se mostró consternada ante las graves consecuencias del peor siniestro vial del sur provincial. Y especialmente en Casilda y Zavalla, donde el dolor caló hondo entre los pobladores al ser las localidades que mayor cantidad de vecinos perdieron en el fatídico episodio del viernes 24 de febrero de 2017 cuando, en horas del mediodía, dos coches de las empresas Monticas y Metropolitana colisionaron de frente en el kilómetro 779 de la Ruta 33, en jurisdicción de Pérez.

Aunque las movilizaciones que sobrevinieron posteriormente influyeron para que el gobierno provincial avance en medidas tendientes a mejorar la seguridad del transporte público de pasajeros, no parece haber sucedido lo mismo con el fuerte reclamo en demanda de Justicia por lo ocurrido.

«Vacío interno»

«Que todavía no haya ningún responsable no ayuda a cerrar las heridas». Con esa frase, Alberto Tieppo, quien perdió a su esposa Cintia Albornoz en el funesto siniestro, sintetizó a La Capital el «vacío interno» que siente ante tal situación.

«Beto», como lo conocen en Casilda, donde se dedica al rubro gastronómico, calificó como de «gravísimo que a casi un año no se sepa nada ni haya ningún culpable». Y en esa misma línea dijo sentir que «se nos están riendo en la cara y haciendo abandono de las familias de las víctimas. El Estado tendría que haber salido corriendo a socorrernos y no lo hizo».

Tieppo dijo tener la sensación de que el caso pueda «quedar impune, porque detrás de todo esto hay un grupo económico muy poderoso». Y se quejó de que las autoridades políticas provinciales «ya ni siquiera quieran hablar del tema porque les restó votos».

«Lo que nos sucedió a nosotros —acotó— le podría haber tocado a cualquiera y es muy triste ver que el tiempo pasa y el caso no se esclarece.

Desconfianza

No menos contundente fue Sandra Amez, la mujer del chofer fallecido Aníbal Pontel, —quien conducía el coche de la empresa Metropolitana, firma que también pertenecía a Monticas— al manifestar que produce «mucha impotencia y bronca este estado de la causa sin imputados y el silencio por parte de la Fiscalía que no da oportunidad de enterarnos de nada».

La mujer aseguró que sigue «peleando solo por la fuerza» que le da su hija, de 16 años. Y tras admitir que recién ahora empieza a procesar el duelo por la muerte de su marido, se mostró poco optimista sobre el curso de la investigación. «Tengo fe y creo en Dios, pero a la luz de los acontecimientos lamentablemente no confío en que se haga Justicia —dijo—. Estoy tratando de tranquilizarme por mi hija, que es lo único que tengo y por la cual la sigo peleando al sentirme acompañada». Y en ese contexto manifestó la angustia con la que debe lidiar cotidianamente al haber perdido a su compañero de vida de 30 años.

Desde el grupo casildense Prohibido Olvidar, integrado por familiares de víctimas en siniestros viales, Adriana Liborio admitió que a la ONG le provoca «un gran vacío que los familiares se sientan defraudados al ver que todo queda en la nada pese a haber recibido la promesa de Fiscalía de que la causa judicial avanzaría. Los acompañamos —recordó— la última vez que estuvieron en los Tribunales de Rosario y tuvimos que hacer presión para que fueran recibidos y escuchados, aunque después de ello lamentablemente no surgió ninguna respuesta concreta».

En ese contexto, reflexionó desde el lugar de la experiencia al sostener que «las tragedias no avisan y las familias de las victimas deben enfrentar un mundo desconocido para el que no están preparadas, por lo que la única forma de consuelo es la Justicia, que lamentablemente no llega».

A su juicio, el Estado «es responsable y tiene la obligación de dar una respuesta institucional, porque si no, la vida no vale nada». Y si bien admitió que tras el fatídico choque el servicio de colectivos experimentó mejoras, consideró que es «inadmisible que el Estado reaccione después de la muerte de un montón de gente en vez de haber prevenido para que ello no sucediera». (Gustavo Orellano/La Capital)