Policías que investigaban a Los Monos tenían sus celulares intervenidos
Dos efectivos de la policía tenían sus celulares intervenidos desde mediadods de 2013. Estaban a cargo de la investigación del juez Juan Carlos Vienna. En el juicio se divulgaron los audios pero se ignora quién los interceptó y por qué.
¿Quién escuchaba los teléfonos de los policías que investigaban a Los Monos? La pregunta surgió en las primeras audiencias del juicio a la banda, quedó flotando en la sala y aún no tiene respuesta. Es que en la primera parte del debate oral a 25 acusados de integrar una asociación ilícita se reprodujeron seis audios de intervenciones telefónicas a dos policías de la Brigada Operativa de Judiciales (BOJ) de la policía rosarina. Son diálogos obtenidos desde mediados de 2013, la época en que a las órdenes del juez Juan Carlos Vienna esos mismos policías conducían la investigación estrella en la provincia, con el área que integraban en la cima de su protagonismo. Lo que no se explicó en las audiencias es de dónde salieron esas escuchas a los investigadores: quién las ordenó y con qué motivos. Los fiscales no lo saben.
Los audios en cuestión están contenidos en diez CDs. Esos discos están incluidos como prueba en el primer sumario administrativo que abrió contra Vienna el procurador de la Corte provincial, Jorge Barraguirre, en 2014. Lo hizo luego de que un policía acusado de colaborar con Los Monos lo filmara con una cámara oculta en su despacho y lo denunciara por mal desempeño. El contenido de ese sumario, que terminó con una simple multa al magistrado al no detectarse delito en su conducta, estaba ofrecido como evidencia en el juicio a la banda. Esa fue la puerta para el ingreso al juicio de las escuchas a los hombres del BOJ.
Por esa vía los defensores de los principales acusados solicitaron que se reprodujeran las escuchas en el debate. Cuando a esos policías que tuvieron sus teléfonos pinchados les tocó declarar sobre cómo investigaron a Los Monos los abogados les hicieron escuchar los audios, para que los explicaran. La estrategia defensiva se sostiene sobre una fuerte crítica al juez Vienna y a la brigada que actuaba a sus órdenes, luego disuelta.
Sin embargo, transcurridas 22 jornadas de audiencias, los cuatro fiscales del caso consultados por este diario ignoran quién ordenó esas intervenciones ni con qué fin. Se presume que habrían sido dispuestas en el marco de una causa federal y que desde esa esfera luego se remitieron a la Justicia provincial.
Lo cierto es que alguien escuchaba a los uniformados del BOJ en el momento en que conducían la investigación más importante en la provincia. La llamada causa Monos, con Vienna al mando, que desnudó una organización delictiva con civiles y policías dedicada al negocio de la violencia y el narcotráfico. Once de los implicados ya aceptaron condenas en un juicio abreviado. Otros 25 —trece de ellos empleados de fuerzas de seguridad— afrontan desde noviembre un juicio oral y público que se reanudará en febrero.
Lo poco que se sabe de las escuchas transmitidas en el juicio es que los policías con teléfonos intervenidos eran al menos dos. El por entonces jefe de la División Judicial, Cristian Romero, y el empleado del BOJ Germán Almirón, luego condenado por facilitar la increíble fuga de la Jefatura rosarina de un integrante de Los Monos en enero de 2014. Cuando ya estaba preso por esa causa, a este policía en la Justicia federal le detectaron diálogos con otro preso con quien planeaban matar al juez Vienna y al fiscal Guillermo Camporini, de activa participación en la causa Monos.
Un año caliente
La remisión de escuchas federales a la esfera provincial no es infrecuente (ver aparte). Lo llamativo en este caso es el contexto político e institucional en que se produjeron esas intervenciones que recién ahora salen a la luz. En el segundo semestre de 2013 Rosario era un hervidero. Fue el año del estallido de la tasa de homicidios dolosos, con una cifra que duplicó la marca de tres años antes. Diciembre cerró con 217 asesinatos en la ciudad y 34 en Villa Gobernador Gálvez.
Entre marzo y abril de ese año se había creado el BOJ para el seguimiento de crímenes complejos. Por entonces Vienna les derivó a sus hombres el crimen del prestamista Martín «Fantasma» Paz, ejecutado con sesgo mafioso el 8 de septiembre de 2012 en Entre Ríos y 27 de Febrero. De esa pesquisa surgieron sus vínculos con la familia Cantero, que a juicio de los investigadores habría ordenado el crimen.
Las primeras escuchas a Romero y Almirón divulgadas en el juicio son de noviembre de ese año, cuando la mayoría de los acusados de integrar Los Monos ya estaban presos. Los últimos diálogos conocidos son de febrero de 2014. Por entonces el juez Vienna firmaba el procesamiento de 35 personas en la «megacausa» ahora en juicio.
Las intervenciones son contemporáneas a una fuerte disputa sobre quién era competente en dos operativos ordenados en mayo de 2013 por Vienna en los que se encontraron drogas. El juez los remitió a la Justicia federal. El fiscal federal Juan Murray respondió que eran ilegales porque el magistrado había actuado sin ser competente.
El incidente se resolvió en agosto de 2014 cuando el fiscal de Casación Javier De Luca dictaminó que los procedimientos eran válidos desde el momento en que el juez giró las actuaciones sobre drogas al ámbito federal. Un discusión jurídica que se dio en el marco de otra de fuerte pulseada política entre el gobierno nacional y el provincial sobre la cuestión del narcotráfico.
En esa época circulaban rumores de que un miembro del BOJ podía ser premiado con el cargo de jefe de la Policía de Investigaciones, creada en 2014. En los diálogos captados los policías conversan sobre allanamientos, escuchas a Los Monos, búsqueda armas, informantes, internas policiales y el concepto del que gozaba la brigada en las más altas esferas de gobierno.
¿Quién los escuchaba? ¿Con qué propósito? ¿Hay más material que el remitido a Barraguirre? Eso no quedó claro en el juicio; los encargados de la acusación lo desconocen. Los defensores tampoco lo aclararon cuando se debatió en la sala si se podían o no transmitir esas escuchas, cuya reproducción fue autorizada por el tribunal que integran los jueces Ismael Manfrín, María Isabel Mas Varela y Marisol Usandizaga.
Los primeros audios que hicieron su aparición en el juicio fueron dos escuchas a Romero. Se transmitieron el 27 de noviembre pasado, en la cuarta jornada. El policía declaraba sobre las primeras cuatro intervenciones telefónicas que, a sugerencia suya, concretó Vienna en la megacausa. Entonces Fausto Yrure, defensor de los imputados como jefes, comenzó a interrogarlo y pidió pasar dos escuchas incluidas en el sumario de la Corte.
Los fiscales quisieron saber quién las había ordenado. «Creo que la jueza Alejandra Rodenas», dijo el defensor. Es que la actual diputada nacional investigó una irregular intrusión de integrantes de la brigada en un country de Luis Medina en Pilar, días después de que el empresario investigado por narcotráfico fuera asesinado junto a su novia en el acceso Sur de Rosario. Pero eso ocurrió en enero de 2014 y existen escuchas previas.
En la primera charla se oye dialogar a Romero con el suboficial Ariel Lotito, coordinador del BOJ. Este último le sugiere a su superior que deberían trabajar para que la investigación por el homicidio de Medina pase al despacho de Vienna. «La vamos a cerrar más rápido», le dice Lotito a su jefe el 1º de febrero de 2014.
En el segundo audio, obtenido dos días antes, Romero dice no preocuparse por el cambio del sistema penal: «Total vamos a seguir con Vienna en el sistema viejo». En la tercera charla Lotito le dice a Romero que la ex secretaria de Delitos Complejos Ana Viglione había cuestionado su desempeño en una reunión en la que un superior la hizo «callar». La propia Viglione fue consultada sobre el asunto cuando declaró en el día 16 y negó tal cosa.
Los últimos tres audios, de seis minutos, se reprodujeron en la jornada 21. Ese día declaró Almirón, actualmente preso. En los dos primeros habla con un tal Pavón y en el tercero con su colega José Luis Ramonda. En la charla le sugiere que había sido su superior Luis Quevertoque, y no él mismo, quien le adelantó a Luis Medina datos de un allanamiento que iba a hacerse en la zona de la Terminal de Omnibus que terminó frustrado y a los tiros el 18 de noviembre de 2013. (La Capital)