Alerta de trabajadores de la refinería Oil de San Lorenzo
La Justicia tira una de cal y otra de arena: los trabajadores de la refinería Oil asentada en San Lorenzo están de nuevo en asamblea permanente tras el fallo del magistrado federal Julián Ercolini, quien además de ordenar este martes la detención del empresario Cristóbal López, ex dueño del holding Indalo, dictó medidas que ponen en riesgo la continuidad laboral de 400 familias relacionadas directa e indirectamente con la planta petrolera del Cordón Industrial. Los empleados habían abrigado esperanzas hace una semana tras una serie de decisiones tomadas en el fuero comercial que permitían mantener la operatividad de las 170 empresas del grupo, caído en desgracia tras la asunción de Cambiemos al Ejecutivo nacional. Y daban aire para arribar a una solución de fondo. Pero la novedad los puso de nuevo en alerta ante el riesgo de una quiebra en la cual “todos pierden”. Un día antes, incluso, dirigentes del sindicato que representa a los asalariados se habían reunido con el ministro de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini. El funcionario provincial se comprometió a interceder ante las autoridades nacionales para que tomen nota del problema social que desatan las idas y vueltas en los tribunales.
Los trabajadores de la refinería sanlorencina recuperaron la semana pasada una cuota de la tranquilidad perdida cuando el juez comercial porteño Hugo Vitale, que días antes había rechazado la apertura del concurso de acreedores de Oil Combustibles, aceptó un recurso de apelación planteado por el gremio y el abogado del holding, que el detenido Cristóbal López vendió a un grupo inversor en una operación que aún no tiene autorización judicial. A partir de ahí, la medida debía ser revisada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Esa instancia falló a favor del pedido concursal en una anterior ocasión, pero la Corte Suprema contrarió esa resolución ante un planteo de la Afip y siguieron las presentaciones.
Vitale concedió que la Cámara revea su anterior fallo contrario al pedido de quiebra y más: también dictó un pedido de no innovar para que los acreedores, el mayor de los cuales es la Afip, no puedan embargar las cuentas y los bienes del grupo Indalo y de esa manera garantizar la continuidad de los negocios, los puestos laborales y el pago de salarios. Los empleados de la planta de San Lorenzo –250 de planta permanente y 150 tercerizados– cobraron en tiempo y forma el sueldo de noviembre e incluso el medio aguinaldo, suerte que no corrieron sus compañeros de muchas de las 170 compañías de la ex Indalo. Las buenas nuevas en el fuero comercial los alentaron, pero duró poco. El juez en lo penal Ercolini volvió a ensombrecer el panorama este martes: declaró nulo el traspaso accionario de Indalo (todas las áreas de negocios excepto la de los juegos de azar) a OP Investments. El fondo inversor, incluso, había presentado un plan de pagos consistente para saldar la deuda con la Afip, que totaliza 8.000 millones de pesos en impuestos a la Transferencia de Combustibles refinanciados en forma sospechosa durante la anterior gestión presidencial. El magistrado considera que la venta es otra maniobra fraudulenta de Indalo para evadir sus responsabilidades fiscales y encubrir su permanencia al frente de los negocios. Esta postura, sin embargo, avanza hacia la salida que temen los trabajadores: la quiebra. Es que entonces el holding queda en un limbo respecto a quiénes son sus dueños. Y eso condiciona al fuero civil: ¿a quién le concede, si lo considera correcto, el concurso de acreedores?
Héctor Brizuela, secretario legal del Sindicato Unido Petrolero e Hidrocarburiferos (Supeh), explicó a El Ciudadano que las decisiones de Ercolini van contra los intereses no sólo de los trabajadores sino del propio Estado, porque en una quiebra la Afip cobrará un mínimo porcentaje de lo que reclama. El dirigente agregó que el inversor que el juez no reconoce como nuevo dueño ofreció pagar de inmediato el 35 por ciento de esas acreencias y el resto en nueve cuotas, una oferta para no rechazar. El magistrado, para más, rechazó el pedido gremial de constituirse como querellante en la causa, por ser parte directamente involucrada.
La planta de San Lorenzo funciona hoy con normalidad aunque no a pleno: pasó de los 8 mil metros cúbicos de crudo que procesaba habitualmente a 3.500. El plan presentado por el comprador OP Investments incluye, además de las cancelaciones de deudas, la compra de “un barco” de petróleo de 45 mil metros cúbicos. El dirigente sindical Brizuela explica que esto garantizaría unos 12 días de operación al ritmo actual. Pero Ercolini, con su último fallo, puso al consorcio al borde de la cesación de pagos.
Varias son las sospechas que sobrevuelan las decisiones de la Justicia, tanto por parte del comprador del grupo como de los sindicatos. La pregunta maliciosa es si el quebranto de la ex Indalo beneficia a otro inversor agazapado que goza de la simpatía de los poderes públicos.
Los trabajadores de San Lorenzo y el gremio Supeh, por lo pronto, se declararon en estado de asamblea permanente frente a las malas señales que emiten los tribunales y primeras líneas del Ejecutivo nacional. Un ejemplo de lo segundo son las declaraciones del titular de la Afip, Alberto Abad, y de Ernesto Donato, su mano derecha en el organismo: en su entorno avisaron que no aceptarían ningún plan de pago de la deuda presentado por OP Investments porque están convencidos de que detrás de la operación de compra siguen los mismos accionistas. Es decir, López, el “empresario kirchnerista”. Detrás de esas intrigas, hay 400 familias del Cordón Industrial en vilo. (El Ciudadano)
