Lifschitz oxigena el gabinete mientras espera por la reforma de la Constitución
El gobernador santafesino no quiere pasar a la posteridad como uno más en la memoria histórica. La Ley de Educación enviada al parlamento, y la aún incierta reforma de la Constitución quieren que se transformen en sus dos grandes hitos de su paso por la Casa Gris
El aniversario de medio término en las gestiones de cuatro años (gobernación e intendencias) suele ser propicio para el cambio de aire u oxigenación de los gabinetes – algo así como los relevos en el segundo tiempo en un equipo de fútbol- para enfrentar los dos años finales de mandato.
El Gobernador Lifschitz no es muy propenso a cambiar si no es imprescindible. Prueba de ello es el ofrecimiento al ya ex- Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Eduardo Matozo para continuar en el cargo, convite que gentilmente el futuro titular del PTLC (Parque Tecnológico Litoral Centro) desestimo por pertenecer a un grupo político – Universidad – al que le desplazaban otro ministro: el de Obras Públicas Julio Schneider (irá como gerente de la emisora universitaria LT 10).
Los otros dos cambios ministeriales (Producción y Salud fueron obligados por las circunstancias electorales, ya que sus dos titulares Contigiani y González juraron en cargos legislativos).
Pedro Morini, destacado y seguramente extrañado en el sector lechero por su alto perfil junto al ex- ministro Contigiani, en ocasión de la crisis hídrica de febrero último que afecto gravemente a la zona tambera, será el nuevo ministro de Obras Públicas. A Matozo en Ciencia y Tecnología lo reemplazará una compañera – socialista en este caso – de investigaciones de la UNL: Erica Hynes; mientras que el Ministerio de Salud quedará en las inmejorables manos de una persona querida y respetada en el mundo de la sanidad pública: Andrea Uboldi.
La sorpresa la dio Lifschitz en el polifuncional Ministerio de la Producción, donde desde este lunes la galería de ex- ministros – incluido uno con ropaje militar- tendrá el cuadro de una mujer: Alicia Ciciliani a quien, premonitoriamente el 27 de mayo último luego del Congreso socialista llevado a cabo en el Paraninfo de la UNL (tras el cual escribimos que Antonio Bonfatti no sería candidato a diputado nacional, y presumimos que el elegido sería Luis Contigiani) le preguntamos si sería ministra de la Producción.
Ciciliani es la ministra que mas aprensiones genera, debido al desconocimiento de sus antecedentes mas allá de los ocho años como diputada nacional, que inclusive la tuvo como vicepresidente de la Cámara. «Le sobran conocimientos, espalda política y vínculos para honrar ese cargo», resumió un alto referente del socialismo, quien auguró una gestión de «alto perfil institucional; Alicia tiene obviamente formación socialista, pero posee una amplia mirada de la realidad y conoce muy bien el sector empresarial, industrial y agropecuario», ilustró.
Gira por EUA: prolífica desde lo comercial y financiero. Neutra en lo político.
La hiperkinética agenda impuesta por Miguel Lifschitz desde el miércoles y hasta el viernes en Nueva York y Whasington, donde el Primer Mandatario, funcionarios y la políticamente pluralista comitiva de legisladores se reunieron con empresarios y entidades de crédito con buen suceso, no avanzó – como se podía ingenuamente presumir – en temas políticos; «no tuvimos tiempo ni para tomar un café», ilustró uno de los viajeros.
Otro de los legisladores nos confió mientras armaba la valija para el regreso, que «advertimos que primero el socialismo debería ordenar sus criterios internos» (antes de enviar la reforma constitucional), pese a que el titular de la bancada socialista de Diputados Rubén Galassi afirmó que si el proyecto de reforma de la Constitución es enviado por el Gobernador sería aprobado por el socialismo (tampoco Lifschitz lo enviaría sin la anuencia partidaria).
Quizás el peronismo se confundió con la promesa del presidente de la Cámara de Diputados Antonio Bonfatti a los integrantes del Movimiento Obrero Santafesino el jueves pasado, asegurándoles que la adhesión al Consenso Fiscal firmado por el Gobernador Lifschitz, que el gremialismo rechaza de cuajo, no se aprobará hasta el 2018, lo cual es una obviedad porque el Gobernador no lo incluyó entre las preferencias para ser tratadas en sesiones extraordinarias. Lo mismo les dijo a los ansiosos sindicalistas el Vicegobernador Fascendini.
Bonfatti, quien en un programa de TV en Rosario había declarado que «el Pacto fiscal fue muy coercitivo; ó firman esto o pierden la caja», les prometió a los angustiados gremialistas que los convocaría cuando llegue el mensaje para ser abordado parlamentariamente.
La idea que el Gobernador Lifschitz jamás reconocerá públicamente es aguardar hasta el mes de marzo para saber si el gobierno nacional cumplirá con la cláusula impuesta por Santa Fe en el Pacto, relacionada con el pago de la deuda por coparticipaciones detraídas para el Anses y la AFIP. Hasta tanto la adhesión quedará en «stand by».
De todos modos, en el peronismo creen que en estos 20 días que restan para terminar el año difícilmente Lifschitz pueda reunir los consensos para enviar el proyecto (de reforma de la Constitución) a la legislatura. Habría que aguardar entonces a febrero o marzo del año que viene.
La EPE en el centro de la tormenta
La falla ocurrida este viernes cerca de la medianoche en las instalaciones de la empresa Transener en Santo Tomé, que afectó el abastecimiento en el sistema eléctrico provincial dejando media Provincia sin luz (también a la costa este de Entre Ríos), puso otra vez a la EPE en el epicentro de las críticas, pese a las explicaciones dadas por la empresa sobre su falta de responsabilidad en el accidente.
Es que la difusión del aumento cercano al 40% en el costo de la energía eléctrica en la Provincia de Santa Fe, cala hondo en el ánimo de la población cuyos bolsillos se encuentran prácticamente expoliados por los sucesivos anuncios de aumentos tarifarios.
Resulta inexplicable que las autoridades de la EPE carguen sobre sus espaldas el costo político de los aumentos nacionales, toda vez que de ese 40 % de incremento, el 31 % corresponde a la nación informado por la distribuidora Cammesa.
La EPE solicitó un aumento adicional del 15,8% del Valor Agregado de Distribución – V.A.D – (Córdoba pidió un 40 % de aumento del V.A.D) para cubrir sus costos de prestación, distribución y manutención del servicio que deberá pasar por una audiencia pública prevista para el próximo 22 de diciembre en esta capital.
La Corte nuevamente en el centro de la escena
Tras el fallo que declaró inconstitucional el descanso dominical, la Corte Suprema de Justicia es probable que regrese a la tapa de los Diarios quizás por un fallo similar: declarar inconstitucional los cambios a las leyes orgánicas del Ministerio Público de la Acusación y del Sistema Provincial de la Defensa Ley recientemente aprobada por unanimidad en la Legislatura, buscando de esa manera un «equilibrio de poderes».
El disparador de la iniciativa parlamentaria fue la orden judicial para intervenir el teléfono del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y el escándalo que suscitaron las filtraciones de las conversaciones mantenidas por el ministro con un alto jefe policial.
Diputados y senadores modificaron las leyes para ser quienes ahora controlen y enjuicien a fiscales y defensores en lugar de la Auditoría General de Gestión. Esos cambios hicieron que fiscales y defensores saliesen a poner el grito en el cielo, advirtiendo una posible pérdida de autonomía e independencia.
El tema es que el propio Presidente de la Corte Suprema de Justicia Daniel Erbetta se solidarizó con los fiscales y defensores, más allá que en su momento había cuestionado el pedido de intervención al teléfono de Pullaro, solicitando «mas rigurosidad» en los fundamentos (de la fiscalía) para semejante procedimiento.
Los fiscales y defensores pidieron públicamente al gobernador Miguel Lifschitz que «analice esta norma, dentro de sus facultades constitucionales, para procurar remediar la situación» y que no prosperen las modificaciones a la ley orgánica del MPA que introdujo la Legislatura el jueves pasado. O sea: que las vete.
La Defensora provincial Jaquelina Balangione también hizo notar su «sorpresa» y desagrado por lo votado, admitiendo que le pidió al mismísimo presidente de la Corte Erbetta que «se pronuncie» por «esta injerencia del poder político en el poder judicial». Balangione es la esposa de Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte a partir del 1º de enero.
El senador radical Lisandro Enrico justificó los cambios en el convencimiento de que «se estableció un sistema de control de poderes, y la Legislatura puede remover a un fiscal porque es la Legislatura quien lo designa de alguna manera. En ningún lado la Constitución dice que la Legislatura, a través de su Comisión de Acuerdos, no puede hacer la remoción de un fiscal», aseveró Enrico.
Mientras que el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, argumentó que «la auditoría que tenía el MPA de sí mismo era muy endeble frente a diferentes presiones» y por eso entiende que se debe controlar a los fiscales «desde el Poder Legislativo que tiene una mayor fortaleza al momento de pensar en esas presiones».
Un final de año a toda orquesta, sea en el plano nacional como provincial.
