Piden mejorar las condiciones de salud y alimentación en cárceles rosarinas
El Servicio Público Provincial de Defensa Penal reclamó que se mejoren las condiciones generales de los detenidos en cárceles de Rosario y la región.
Advierten que la atención en materia de salud, el abordaje de las adicciones y hasta los alimentos que se sirven a los reclusos dejan mucho que desear. En ese sentido, presentaron un recurso de habeas corpus colectivo y correctivo que fue aceptado por el juez Juez Penal de 1° Instancia, Gustavo Pérez de Urrechu.
Ese recurso jurídico es en favor de los reclusos alojados en cuatro cárceles de Rosario y la región: el Instituto de detención de Rosario-Unidad Nº 3 (de Zeballos 2943), el Instituto de Recuperación de Mujeres – Unidad Penitenciaria Nº 5 (de Thedy 375 Bis), la Unidad Penitenciaria Nº 6 (de Francia 5200) y la Unidad Penitenciaria Nº 11 de la localidad de Piñero.
El reclamo del Servicio Público Provincial de Defensa Penal se sustentó en inspecciones realizadas en el año 2015 en todos los penales mencionados, y un monitoreo que se realizó en los últimos meses. En esas recorridas se encontraron con una inadecuada asistencia médica y déficit en la provisión de alimentos y mala calidad de los mismos. Denunciaron la inexistencia de una sala penitenciaria en hospitales públicos para la atención de los reclusos, que ninguna de las unidades penitenciarias cuenta con un dispositivo que atiende tratamiento de adicciones y hasta que varias personas privadas de su libertad tildaron al alimento brindado de “incomible”.
A mejorar todo
A partir de la decisión del juez, el Servicio Penitenciario deberá garantizar el derecho a la salud y asistencia médica integral de los presos, incluyendo odontología, psiquiatría, psicología, ginecología. Asimismo pidió que se arbitren los medios a fin que la asistencia, derivación y atención se dé en un tiempo prudencial desde que lo solicita el interno. También, ordenó que sea realizado un examen médico integral a los fines de evaluar la salud general de todos los presos.
El magistrado reclamó también que el Poder Ejecutivo arbitre un protocolo de actuación respecto de las derivaciones y consultas en los efectores públicos, a fin de prestar la adecuada atención médica de los internos. Además requirió que se generen los ámbitos adecuados para la asistencia de los internos, ya sea con la creación de una sala penitenciaria o con la adecuación de los efectores públicos existentes, contando con las condiciones edilicias, equipamiento y personal capacitado.
También recomendó al Poder Ejecutivo que articule un plan de salud integral para las personas sometidas al régimen de ejecución penal, que comprenda las etapas que se transitan en libertad, a fin de garantizar la salud psicofísica de los mismos. Del mismo modo, pidió que se articulen acciones para garantizar el abordaje y la asistencia sanitaria gratuita de quienes presentan consumos problemáticos de sustancias.
Por otro lado, ordenó que el Servicio Penitenciario asegure la alimentación de los internos, proveyendo desayuno, merienda, cuota láctea y fruta. Además, hizo hincapié en que deberá ser revisado el alimento que los presos describieron como «incomible». En tanto, también requirió que se mejore la distribución de la comida, especialmente en los sectores de resguardo. Dispuso además que se controle la calidad del agua que se suministra a las personas privadas de su libertad, sobre todo en la Unidad 11.(Rosario Plus)
