Denuncian a fiscal por extorsión y estafa procesal
Lo hizo un desarrollador inmobiliario contra el titular de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de Rosario, Sebastián Narvaja
Un desarrollador inmobiliario presentó una denuncia penal por extorsión, estafa procesal y violación de secreto contra el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Sebastián Narvaja.
El denunciante es el empresario y arquitecto Damián Calabrese, en su condición de máximo referente de la sociedad anónima a cargo del barrio privado Puerto Roldán.
Según confiaron sus abogados, hace más de tres años Calabrese fue denunciado y luego imputado por Narvaja por el supuesto delito de administración fraudulenta en el manejo de las expensas del barrio privado Puerto Roldán, sufriendo una intervención judicial la sociedad anónima titular de ese establecimiento.
De acuerdo a la defensa, «el 1º de septiembre de 2017, la Cámara Civil de Rosario ordenó poner fin a la intervención de la sociedad y restablecer a Calabrese en su condición de liquidador por considerar que pasados más de tres años desde la denuncia penal, no había recibido ninguna atribución de responsabilidad penal ni pesaba sobre la sociedad ninguna medida cautelar impuesta en sede penal».
En una maniobra cuestionada por la defensa, el mismo día, el 1º de septiembre pasado, Narvaja solicitó al juez penal la inhibición de la sociedad basando su pedido en un supuesto hecho nuevo.
Se trataba de la declaración de una testigo. «Una declaración que el fiscal Narvaja tergiversó en un escrito en donde recorta partes de la declaración y sacó conclusiones que la testigo no manifestó para engañar al juez y lograr su cometido», afirmaron.
Tanto que, según la defensa, «la testigo, al tomar conocimiento del accionar del fiscal se presentó en una escribanía para ratificar sus dichos y dejar constancia de que el fiscal le mintió al juez al pretender poner en palabras de la testigo cosas que no dijo».
Además, el fiscal le hizo «un pedido de inhibición millonario y exorbitante por casi cinco millones de pesos para garantizar los posibles daños del proceso penal, violando la ley procesal que solamente le da esa atribución al querellante, negando esa facultad al fiscal, ya que debe ser objetivo».
«A su vez —continuó la defensa— Narvaja solicitó casi un millón de pesos para costas y multas para un delito que no establece pena de multa, violando los parámetros para solicitar el monto de las costas que no sólo establece la ley de honorarios, sino la propia resolución del fiscal (General, Jorge) Baclini».
En ese marco, para la defensa del desarrollador, «el accionar del fiscal constituiría también una extorsión para intimidar, coaccionar y limitar la voluntad y libertad de Calabrese para forzarlo a llegar a un acuerdo económico con la querella y la Fiscalía».
A criterio de los abogados de Calabrese, el fiscal buscó «quebrar su voluntad, quien luego de batallar tres años y obtener en sede civil el reconocimiento de sus derechos, es forzado de manera ilegítima e ilegal a seguir batallando en Tribunales, con el desgaste psicológico y social que esto provoca».(La Capital)
